Lo que las calles le imponen al gobierno boliviano

Kuntur, dibujo original para Ojalá. Técnica mixta usando esténcil, dibujo a lápiz y tinta soplada © @su.tura.

Opinión • Huáscar Salazar Lohman • 29 de mayo, 2026 • Read in English

Bolivia vive un momento de zozobra, tensión y agotamiento. Hay más de 50 puntos de bloqueo activos en todo el país y desabastecimiento en varias ciudades. Al menos seis personas han muerto en el marco de las movilizaciones —algunas por la represión del gobierno, otras como consecuencia de los bloqueos—, decenas han resultado heridas y cerca de 90 están detenidas.

El conflicto comenzó el 8 de abril, cuando una marcha indígena y campesina salió desde Porvenir, en las tierras bajas de Pando, rumbo a La Paz, contra la Ley 1720, que amenazaba con la privatización de tierras. La ley fue promulgada ese mismo día por el presidente Rodrigo Paz.

El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana convocó al paro general y las demandas se ampliaron. Se sumó el rechazo al paquete económico y la escasez de combustibles. 

El 13 de mayo el gobierno cedió y abrogó la 1720, pero el conflicto ya se había desbordado. Lxs marchistas de tierras bajas se desmovilizaron, pero los bloqueos no se levantaron y se intensificaron. En esos días también se posicionó la demanda de renuncia del presidente.

El 18 de mayo se vivieron violentos enfrentamientos en la ciudad de La Paz y se emitieron órdenes de aprehensión contra dirigentes de las organizaciones movilizadas. El 24, un operativo con cerca de 3.000 efectivos en Calamarca dejó al menos un manifestante muerto por disparo. Hasta ahora el diálogo sigue sin concretarse. 

La pregunta que organiza estas semanas de movilizaciones y bloqueos es si Paz, que tiene sólo seis meses en el cargo, se va o se queda. 

La consigna tiene razones de peso para haberse instalado. Pero el conflicto social ha terminado por quedar enmarcado en esta disyuntiva y eso está haciendo que el conflicto se alargue. 

Sin embargo, es importante mirar que lo que estas movilizaciones han puesto sobre la mesa va más allá de la renuncia de Paz. 

Hoy, las movilizaciones se enlazan y sintonizan intermitentemente y no terminan de converger en alguna voz unificada. Pero, colectivamente, se está poniendo un límite desde abajo a lo que el Estado boliviano puede o no puede hacer.

Los sectores populares bolivianos llevan al menos tres años absorbiendo el peso de una crisis que se profundiza. La inflación está por los cielos, hay escasez de dólares y el desabastecimiento crónico de combustibles han derivado en un deterioro sostenido de las condiciones materiales de vida. 

La crisis de hoy responde al agotamiento del patrón primario-exportador que sostuvo la bonanza gasífera entre 2005 y 2014. Conviene tenerlo presente porque es el trasfondo sobre el que se monta la coyuntura actual. La prolongación de esta revuelta ha sido en buena medida ocasionada por la manera como el gobierno de Paz ha decidido enfrentar la situación. 

Las causas de una indignación legítima

Durante su campaña electoral, Paz prometió cuidar a los sectores populares, por ejemplo, manteniendo el subsidio al transporte público. En la práctica hizo lo contrario y aplicó correcciones económicas de corte neoliberal cuyo peso terminó sobre los hombros más precarizados. Ni siquiera así atenuó los problemas inmediatos. 

El caso más ilustrativo es el de los combustibles. El gobierno incrementó su precio, pero las filas en los surtidores se mantuvieron. Y no sólo eso, ahora tenemos una importación de gasolina de peor calidad que ha dañado miles de vehículos.

Recién asumido, en diciembre de 2025, Paz lanzó medidas económicas para beneficiar abiertamente al sector bancario, al agronegocio y a la minería privada y cooperativista. 

El Decreto Supremo 5503, junto con el alza de combustibles, pretendía aprobar más de 100 artículos que abrían la puerta a la concesión de recursos estratégicos al capital extranjero, liberalizaban las exportaciones agroindustriales y otorgaban beneficios fiscales extraordinarios al gran capital.

Después vino la Ley 1720 que buscó convertir las pequeñas propiedades agrarias, constitucionalmente inembargables, en propiedades medianas operables como activos financieros. Esta fue la medida que detonó el ciclo actual de movilizaciones. Mientras tanto, el haber básico permanece congelado y los salarios reales siguen cayendo.

A todo esto, se suma el desprecio, algo que para nada es menor. Paz ganó en segunda vuelta con un voto popular importante: muchos sectores votaron por él como rechazo al Movimiento Al Socialismo (MAS) en descomposición y a un panorama electoral dominado por candidatos de derecha y extrema derecha como Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. La figura de su vicepresidente, Edman Lara, ayudó decisivamente a captar ese voto. 

Una vez en el poder, el gobierno de Paz se desentendió de cualquier mandato y empezó a gobernar abiertamente con quienes lo habían enfrentado en las urnas. 

Lo hizo, además, como si los sectores que lo votaron no existieran, o como si su lugar fuera obedecer y agradecer. 

Desde que empezó su mandato el 8 de noviembre, Paz ha gobernado más atento a las instructivas que Washington y los organismos internacionales delinearon para navegar la situación económica, que a las urgencias del país que lo había votado. 

El ninguneo sistemático a los sectores populares se suma al ajuste y lo agrava simbólicamente, porque no es lo mismo pagar un costo que pagarlo mientras te dicen que no existes.

Imponer un límite desde abajo

Hoy, la querella más profunda en Bolivia es por los términos en que el gobierno boliviano —el actual o el que venga— va a enfrentar la crisis económica y por el lugar desde el que la sociedad organizada quiere ubicarse frente al poder. 

Este momento convulso es producido por un tejido popular muy desgastado tras 20 años de progresismo que instrumentalizó y buscó desbaratar a las organizaciones sociales, dejando una herencia difícil. Una herencia que incluye dirigencias clientelizadas, agendas absorbidas por el cálculo electoral y horizontes políticos definidos por el partido en lugar de por las propias organizaciones. 

Las elecciones generales de 2025 y las subnacionales de marzo de 2026 dejaron claro que una buena parte de las organizaciones ha quedado atrapada entre el cálculo electoral y las posibles alianzas que puedan establecer con partidos de izquierda y derecha. En consecuencia, no han logrado imponer agendas propias a la política institucional. 

Lo que esta coyuntura está produciendo, en cambio, es una creciente capacidad de impugnación que reaparece transformada; menos articulada que en otros ciclos de lucha, más reactiva que propositiva, y sin agenda común todavía. 

Pero pese a todo, existe. Y está produciendo efectos materiales que trastocan profundamente la política nacional. 

Son las propias organizaciones las que están mirándose a sí mismas y recuperando fuerza propia en la medida en que el MAS, o lo que queda de él, organiza cada vez menos la política popular.

Los intentos de instrumentalizar la revuelta 

La composición de esta revuelta —que no tiene un mando único, que es diversa y polifónica, y que proviene de una trama organizativa debilitada— obliga a no quedarse en miradas románticas, reduccionistas o polarizantes. 

Si algo hemos aprendido de 20 años de progresismo es que señalar debilidades y nombrar amenazas no es hacerle el juego a la derecha, sino poner atención y energía en aquellas fuerzas que queremos cuidar y potenciar.

No se puede negar que Evo Morales y la nueva organización partidaria que ha construido, EvoPueblo, intentan capitalizar el malestar que actualmente atraviesa Bolivia. 

Por su parte, múltiples organizaciones movilizadas y buena parte de las voces críticas han sido claras al señalar que lo que las mueve no es —ni mucho menos— un deseo de apuntalar al líder cocalero. 

El interés de Morales y sus seguidores no es que se impongan límites al gobierno en función de las reivindicaciones de la sociedad boliviana, sino que se abra, por las buenas o por las malas, un camino de vuelta a la silla presidencial. Esto sucedería si el gobierno de Paz finalmente cae. 

Hay otras maniobras por instrumentalizar los esfuerzos colectivos que vale la pena señalar, pues han sucedido a nombre de lo popular, con guardatojo y lenguaje revolucionario: las de los cooperativistas mineros. 

Este sector es una burguesía consolidada en las últimas dos décadas, vinculada a redes de capital extranjero y a operaciones depredadoras en áreas protegidas que desarrollan prácticas cada vez más violentas. Ha aprovechado el clima de movilización para arrancarle al gobierno concesiones impositivas, el perdón de deudas con la seguridad social, como señala el Decreto 5618, y la apertura a la explotación de minerales en áreas protegidas. 

Que tanto Morales como los cooperativistas auríferos intenten capturar el momento confirma que el resultado de la revuelta no es indiferente. Los términos del orden que se está imponiendo desde las calles abren o cierran condiciones también para sus propias estrategias de poder.

La pregunta por el horizonte

El principal logro de la protesta en curso en Bolivia son los límites que ya han sido establecidos, caiga Paz o no caiga. 

Si no cae el gobierno de Paz, el límite condicionará todo lo que aún pueda intentar el ejecutivo. Aunque también es previsible que un gobierno acorralado se atrinchere todavía más, ensaye dividir a las organizaciones, busque desgastar la movilización a fuerza de tiempo y endurezca la represión donde calcule que puede hacerlo sin pagar un costo político demasiado alto. 

Si cae, el gobierno que venga tendrá que gobernar desde ese piso, con la advertencia clara de hasta dónde puede llegar y de quiénes están dispuestos a salir a impedirlo; pero entraremos también en una nueva espiral electoral desgastante.

En ambos escenarios lo importante es lo que las personas movilizadas puedan sostener y construir alrededor del límite que ya está sobre la mesa.

La pregunta urgente y abierta no es sólo cómo enfrentar la crisis económica sin seguir beneficiando a la banca, al agronegocio y a la minería. Es cómo hacerlo poniendo en el centro el cuidado de la vida humana y no humana, que es lo que el extractivismo del capital subordina, desdeña y destruye sistemáticamente.