Una esperanza frágil en medio de la crisis boliviana

Una mujer integrante de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto Sur grita “¡Por culpa del Gobierno estamos en las calles!” durante una protesta en el centro de La Paz, Bolivia, el 25 de mayo, 2026. Foto © Josué Córtez.

Opinión • Raquel Gutiérrez Aguilar • 4 de junio, 2026 • Read in English

Lo que ocurre en Bolivia tras un mes de movilizaciones y bloqueos es contradictorio y difícil, si bien puede estar abriendo un camino de esperanza. A lo largo de mayo se ha exhibido enérgicamente la capacidad de control territorial de las organizaciones sociales. También van apareciendo, de modo poco claro y en ocasiones francamente turbio, algunos hilos de autonomía política que se reorganizan desde abajo.

El cerco campesino aymara y popular a la ciudad de La Paz es contundente. La escasez de alimentos asfixia a una parte significativa de la población y comienzan a exhibirse conflictos y fracturas incluso en sectores populares, entre quienes bloquean y quienes rechazan la continuación de las medidas de fuerza. Tal como indica la pensadora aymara Quya Reyna, esta movilización no ha alcanzado a producir una articulación política estratégica entre los distintos sectores, tal como ocurrió en Bolivia en los momentos más potentes de levantamiento a comienzos del siglo XX. 

Más bien, el ambiente general, sobre todo en La Paz y Cochabamba, es de intensa frustración y gran carencia, dado el encarecimiento y tendencial falta de alimentos y por los pocos combustibles que se distribuyen.

¿Sólo renuncia de Rodrigo Paz?

El lunes 1 de junio, para desesperación del presidente Rodrigo Paz y su entorno, se registraban más de 100 bloqueos a lo largo y ancho de los caminos de la región occidental y central de Bolivia que incluye a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, así como Cochabamba y Chuquisaca. 

Lxs movilizadxs, además de sus múltiples demandas sectoriales, han reiterado la exigencia de renuncia de Paz como condición para la desmovilización. Ignoraron los llamados del gobierno para dialogar y, más bien, a lo largo de la semana organizaron reuniones ampliadas en sus puntos de bloqueo y en diversas sedes de las organizaciones sociales.

Sin embargo, en ciertos lugares, como en Tipuani o Caranavi, regiones de cooperativas mineras auríferas en los Yungas de La Paz también han comenzado a producirse conflictos en ciertos puntos de bloqueo. Mientras lxs campesinxs deciden mantener la medida, las autoridades municipales, lxs habitantes de las localidades y algunxs cooperativistas minerxs pugnan por retirar los obstáculos de los caminos y habilitar el paso. 

De todas formas, en condiciones de creciente carencia, se impulsa dificultosamente un alentador proceso de revitalización política desde abajo tras los largos años de sujeción, clientelismo y cooptación que caracterizaron la relación entre el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales.

La recuperación de la deliberación desde abajo permite la producción de decisiones políticas con cabeza propia y organiza tendencialmente acuerdos entre distintxs, equilibrando diferencias. Lxs más jóvenes vuelven a entrenarse en el arte de la articulación política y el pensamiento estratégico, aprendiendo a calcular el interés particular ligándolo con las necesidades y deseos colectivos más amplios. 

Este núcleo de capacidad política se está regenerando en Bolivia en medio, también, de la creciente amenaza de militarización y de la profundización de la crisis económica.

El domingo 31 de mayo, tras muchas dificultades, se instaló una reunión ampliada de la Central Obrera Boliviana (COB), que aglutina a una parte relevante de lxs movilizadxs y la decisión fue, nuevamente, que Paz debe dar “un paso al costado” para que este momento crítico de cerco a La Paz y bloqueo de caminos pueda hallar algún camino de solución.

La pregunta por el futuro, si la renuncia finalmente se produce, está marcada por la incertidumbre. Existen distintos intereses en juego que pugnan por arreglos sectoriales con el gobierno y con acuerdos partidarios difusos. Tal es el caso del cooperativismo minero que consiguió desde mediados de mayo concesiones todavía más permisivas para sus depredadoras actividades.

Tampoco está claro para nadie qué ocurrirá si finalmente el vicepresidente Edmand Lara pasa a ocupar el cargo de presidente. ¿Con quiénes y en qué términos podría aliarse? ¿No sería acaso un gobierno todavía más inexperto e incapaz?

Una mujer ondea una wiphala frente a una columna de policías antidisturbios en inmediaciones de la Vicepresidencia del Estado en La Paz, Bolivia, mientras grita consignas junto a manifestantes autoconvocadxs que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz el 25 de mayo, 2026. Foto © Josué Córtez.

Gasolina al fuego

A lo largo de la semana, el gobierno y las élites bolivianas representadas en la Asamblea Legislativa decidieron, por su parte, prepararse para la represión. 

El 27 de mayo, día de la Madre en Bolivia, miles de mujeres campesinas, trabajadoras y de los barrios populares en La Paz llevaron a cabo una inmensa marcha. Mientras tanto, el gobierno promulgaba la derogación de la ley 1341 que ponía candados a las prerrogativas del ejecutivo para declarar “estado de excepción”. Dicha ley establecía que en casos de lesiones graves o muerte por represión policial o militar, lxs miembros de las fuerzas armadas no podrían sustraer sus responsabilidades bajo argumentos de “obediencia debida a órdenes superiores”.

Esta decisión fue como arrojar gasolina al fuego. Lo que buscaba ser un mecanismo para neutralizar la continuación de las movilizaciones, ahora amenazadas por una ola de represión más extendida, pasó a agregar un nuevo motivo para exigir la renuncia de Paz. 

Exhibición de fuerza aymara

Las fuerzas más contundentes de los bloqueos y el cerco a La Paz —que no son las únicas— han sido, sin duda, los y las campesinxs de las 20 provincias de La Paz y los Ponchos Rojos.

El uso y la denominación Poncho Rojo, en las provincias de los alrededores del lago Titicaca ha sido históricamente la manera de simbolizar la presencia del tejido comunitario aymara en estado de apronte, en condición de levantamiento. 

Si bien durante algunos años los Ponchos Rojos establecieron una alianza con el MAS ajustándose a sus prácticas políticas, durante las elecciones nacionales de 2025 su voto masivo por Rodrigo Paz y Edmand Lara fue decisivo para el triunfo del actual gobierno.

Ahora, con la exigencia no negociable de renuncia de Paz sobre la mesa se comienzan a vislumbrar algunos contenidos profundos de estas difíciles semanas de lucha. 

David Mamani, dirigente del Comité Ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz-Tupak Katari explica en entrevista con la periodista Laura Quispe del canal de YouTube teleSISA, que buscan “reconstruir otro modelo económico” más allá del extractivismo.

Mamani aclara que la fase progresista del Estado plurinacional no alcanzó a implementar un modelo económico que fuera más allá del extractivismo. Insiste en que eso es lo que se proponen hacer ahora, sin entrar en detalles.

Por eso, añade, se proponen “reconducir el Estado plurinacional” que las derechas quieren borrar. Mamani afirma con contundencia que “no vamos a permitir una reconstrucción republicana” que desaparezca derechos y favorezca a lxs terratenientes y transnacionales de siempre.

Por su parte, Williams Colque, dirigente del salar de Coipasa en el departamento de Oruro, apunta en entrevista en el mismo medio, que durante los años previos “los pueblos indígenas aparecieron como sujetos políticos con capacidad de constitucionalizar derechos colectivos”. 

Eso es lo que está en peligro, advierte Colque, y por tal razón ha sido necesaria esta gran medida de fuerza contra el gobierno de Paz. En sintonía con Mamani, Colque afirma que la “disputa es por el modelo económico del Estado plurinacional”, aclarando que los pueblos indígenas deben ser parte de las decisiones generales sobre el Estado y sus políticas económicas. 

Urge que entre lxs campesinxs movilizadxs se abra la discusión acerca de cómo “reconstruir un plan de desarrollo que ya no sea extractivista”, en palabras de Colque, ni genere únicamente “zonas de sacrificio”.

Un grupo de mujeres corea la consigna “¡El pueblo unido jamás será vencido!” durante una protesta en inmediaciones de la plaza Murillo en La Paz, Bolivia, el 25 de mayo, 2026. Foto © Josué Córtez.

Maniobras legislativas

El lunes 1 de junio las élites políticas parecen haberse dado cuenta que no habrá ninguna solución sin la renuncia de Paz. Sin embargo, no quieren reconocer la fuerza de las calles y los caminos y no están dispuestos a que se siga el orden constitucional de cambio de mando en el Poder Ejecutivo que, ante la defenestración de Paz, colocaría al actual vicepresidente Lara como nuevo presidente de Bolivia.

El diputado Carlos Alarcón, del partido Unidad Nacional, ha propuesto convocar a un referéndum revocatorio para que “sean las urnas y no las calles” las que decidan el destino político del país. 

Esta maniobra es inconstitucional pues, por ley, sólo se puede activar el mecanismo de llamado a referéndum revocatorio durante la segunda parte del mandato de un presidente. Paz lleva sólo un poco más de seis meses en el cargo de los cinco años que dura el mandato ejecutivo en Bolivia.

La propuesta de Alarcón ha abierto otro frente de debate, ahora parlamentario. Algunxs, como Tuto Quiroga, el candidato de ultraderecha que perdió ante Paz en las últimas elecciones generales, abogan por la declaratoria de estado de excepción y reclaman la militarización del país para “pacificar” la insolencia de los de abajo. 

Otros, como Juan del Granado, exalcalde de La Paz y figura política de centro, insisten en el diálogo con mediación de la Iglesia católica. Por su parte, el diputado Alarcón y otras voces diversas —que incluyen a Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero que contendió por la presidencia en las elecciones— insisten en alterar las normas para echar a andar un referéndum revocatorio anticipado. 

En Bolivia sigue abierta la inmensa disputa por el destino del país. 

La cuestión de apuntar hacia el cambio del modelo económico, de abandonar el extractivismo y reorganizar la vida productiva empujando, una vez más, las capacidades políticas de abajo sin intermediación partidaria es, sin duda, un aliento en América Latina.

Raquel Gutiérrez Aguilar

Ha sido parte de variadas experiencias de lucha en este continente, impulsando la reflexión y alentando la producción de tramas antipatriarcales por lo común. En Ojalá, es editora de opinión. 

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