Resistencia indígena tumba ley de privatización de tierras en Bolivia
Marcha por la defensa de los bosques de la Amazonía y la protección jurídica del territorio campesino e indígena, 30 de abril, 2026, en la salida del Choro a Yolosita. Foto © Fuga Radial.
Opinión • Magali Vianca Copa Pabón • 15 de mayo, 2026 • Read in English
Tras una marcha de 27 días hasta La Paz, Bolivia, organizaciones indígenas y campesinas del oriente del país realizaron una exitosa vigilia de 10 días para exigir la derogación de la Ley 1720.
La Ley 1720 amenazaba la pequeña propiedad rural al abrir una vía expedita para su conversión en mediana propiedad, habilitando formas de despojo encubiertas bajo el discurso del “crédito rural” y favoreciendo los intereses del agronegocio. Las demandas de lxs manifestantes, provenientes de los departamentos de Pando y Beni, también incluían seguridad jurídica en materia de tierras, la suspensión de la ley antibloqueos y el derecho a la consulta previa.
La marcha partió desde Pando el 8 de abril tras la promulgación de la ley, con aproximadamente 300 participantes en una caminata sacrificada de alrededor de 1.000 kilómetros. Se hizo bajo condiciones climáticas cambiantes e inclementes, marcadas por la lluvia y el frío, especialmente durante la llegada a la sede de gobierno en La Paz.
A su arribo, el 4 de mayo, la cantidad de manifestantes había crecido sustancialmente y se instalaron en vigilia a las puertas de la Vicepresidencia del Estado, exigiendo ser escuchadxs en el tratamiento del proyecto de ley de abrogación que el Gobierno envió rápidamente al Legislativo ante la escalada de movilizaciones.
A pesar de que en la sesión de la Cámara de Diputados no se permitió el ingreso de la comitiva de marchistas para hacer escuchar su posición, y de que en la Cámara de Senadores se modificó el proyecto dejando un candado legal que dispone el tratamiento de una nueva ley sobre el mismo asunto, ambas cámaras la terminaron aprobando y se sancionó la abrogación de la polémica Ley 1720 el 12 de mayo, promulgada el 13 de mayo por el presidente Rodrigo Paz.
El primer mandatario presentó este resultado como fruto del diálogo y anunció que se trabajará en una nueva ley. Pero su discurso contradice lo ocurrido durante las movilizaciones, donde se denunció la falta de diálogo real y se expresó un rechazo contundente a cualquier norma que no sea consultada y ponga en riesgo la seguridad jurídica de la tierra y el territorio indígena campesino.
“¡No podemos volver a nuestras casas con las manos vacías!”, señaló en la vigilia Vivian Palomeque Irina, Secretaria Ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos regional Vaca Diez de Beni.
Ella es una de las figuras más visibles de la movilización histórica de los pueblos indígenas de las tierras bajas. Sus palabras resumen una decisión colectiva de persistir en la lucha hasta lograr sus demandas. Aunque se diese la abrogación, esta no fue una dádiva del gobierno, sino el resultado de poner el cuerpo en el camino.
El inicio de la marcha y el sostén que implicó la vigilia fueron los pilares de las movilizaciones y medidas de presión que se masificaron con otras organizaciones campesinas e indígenas, sobre todo de carácter regional y departamental. Además, contó con el apoyo de otros sectores sociales del país, particularmente del magisterio urbano y rural, gremiales, trabajadores mineros, estudiantes, transportistas y de organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto.
Los procesos de autoconvocatoria de todos estos sectores reafirmaron un paro indefinido —todavía en curso— con bloqueos, estableciendo una agenda común que incluye la defensa de los recursos naturales, salarios justos, el abastecimiento de combustible y la exigencia de la renuncia de Paz.
Así, la marcha nacida desde los pueblos indígenas campesinos de tierras bajas contra la Ley 1720 se convirtió en el detonante de una movilización de características históricas, precisamente porque la demanda de abrogación de la norma logró articular malestares acumulados y transformar una demanda concreta en una agenda social de carácter nacional que cuestiona el saqueo de los recursos naturales, así como el carácter colonial y neoliberal del gobierno de Paz.
Resistiendo una ruptura histórica
La pequeña propiedad agraria en Bolivia fue históricamente protegida como inembargable. Es una protección jurídica mínima reconocida cuya génesis emerge en el constitucionalismo social de 1938 y se consolida en la Reforma Agraria de 1953.
En ese engranaje aparece la Ley 1720, vinculada a una historia previa de saneamiento simple como modalidad dominante de la pequeña propiedad. Priorizó la propiedad individual frente a realidades en las que la posesión indígena se sostiene en la propiedad comunal y comunitaria basada en la redistribución, la rotación y la disposición espacial discontinua del territorio.
El reconocimiento del territorio indígena en Bolivia tiene su origen en la marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990. Esa movilización obligó al entonces gobierno de Jaime Paz Zamora —padre del actual presidente— a reconocer territorios indígenas bajo la modalidad de propiedad colectiva. Esto es lo que amenazaba la Ley 1720, ya que sectores del agronegocio pedían eliminar la propiedad colectiva de la tierra como parte de la segunda fase propuesta en la ley ahora derogada.
En la actualidad, el saneamiento y la titulación agraria en la modalidad individual o colectiva siguen siendo parte de la agenda de luchas jurídicas y movilizaciones del sector campesino en Bolivia. Es un proceso marcado por conflictos de límites, linderos y disputas familiares y comunales, en medio de daños históricos, superposiciones y reconfiguraciones del territorio ancestral.
En este proceso de afectación a los territorios ancestrales indígenas, promovido históricamente por el estado colonial, la Ley 1720 se instaló como una norma clave. Develó un panorama complejo de despojo, descomposición y afectación que se imprime con dureza sobre los territorios indígenas y campesinos, generando aún más grietas sobre la estructura social y territorial del sector.
Otra capa de la Ley 1720 se vincula con las crisis internas y la fragmentación de las organizaciones indígenas y campesinas en Bolivia.
En el proceso de la marcha, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia hicieron acuerdos por debajo de la mesa con el gobierno a espaldas de las organizaciones movilizadas que persistieron en la vigilia por la abrogación de la Ley 1720.
Eso refleja la situación de cooptación y clientelismo de las dirigencias nacionales del sector campesino indígena en Bolivia, que persiste desde el gobierno del Movimiento al Socialismo.
Hoy, la esperanza parece sostenerse en organizaciones intermedias, departamentales y regionales, como la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, una de las instancias más críticas de la Ley 1720 y de las primeras en exigir la renuncia del presidente Paz.
A ello se suma el papel de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, la única instancia nacional que acompaña la marcha y organizó el Encuentro por la Tierra y Territorio junto a diferentes sectores en apoyo a la movilización.
De las urnas a las calles
La marcha también expresó una ruptura con Paz, quien fue electo en agosto del año pasado. “El pueblo le ha puesto y el pueblo le va sacar, estamos muy enojados con este Gobierno”, dijo una de las marchistas. Su enojo refleja el quiebre entre el voto popular que llevó al gobierno de Paz al poder y las medidas que hoy afectan directamente a esos mismos sectores.
Tras la victoria electoral, el presidente Paz asumió el lema “Dios, familia y patria”, con una narrativa alejada de las mayorías nacional-populares que lo llevaron al gobierno. Entre ellas, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas como primera medida. También se produjo el desplazamiento político del vicepresidente Edmand Lara, quien en los hechos había sido el principal puente con ese voto popular.
El descontento con el gobierno empieza a poner en duda si las urnas son realmente una salida democrática capaz de garantizar el respeto de los derechos y demandas sociales. La marcha por el territorio expresó una pérdida de confianza en las instituciones, los partidos y sus líderes.
Miles volvieron a las calles para defender sus derechos en medio de la crisis, frente a un gobierno que toma decisiones unilaterales y responde con medidas contrarias a quienes lo llevaron al poder.
La defensa de los recursos naturales, derechos a la tierra y territorio, entre otros, volvieron a instalarse en una agenda social articulada de carácter nacional y de connotaciones históricas.
En el trayecto final, la movilización fue sumando respaldo de otros sectores del país mediante marchas regionales, encuentros y manifiestos. Consolidaron el pacto de no traición del 5 de mayo, como respuesta a las cooptaciones del gobierno sobre dirigencias sindicales e indígenas ajenas a los sectores movilizados.
Entre las demandas más amplias y multisectoriales se encuentran la aprobación de la Ley de Bosques, la paralización del proyecto de ley que promueve los mercados de carbono y ley antibloqueo, el rechazo a la descentralización de la educación y la salud, la defensa de los recursos naturales, el abastecimiento de combustible, la consulta previa y la protección de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, entre otras reivindicaciones.
Estas demandas, junto con los procedimientos relacionados específicamente con la titulación agraria e indemnizaciones en territorios indígenas, siguen sin ser abordadas por el gobierno y se articulan con otras demandas sectoriales que mantienen movilizados y en estado de emergencia a diversos sectores sociales en el país.
La lucha contra una norma concreta fue desbordando su causa inicial para recuperar una memoria de los ciclos de movilización que marcaron a Bolivia a inicios del siglo XXI, como la Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba y la Guerra del Gas de 2003. Son las luchas que abrieron el horizonte del proceso constituyente en Bolivia.
La marcha contra la Ley 1720 no solo expresó el rechazo a una norma que representa el retroceso y el incumplimiento de los derechos territoriales históricamente conquistados. La defensa de la pequeña propiedad rural y los territorios indígenas campesinos como agenda común frente a un Estado que, en plena crisis institucional, es una muestra de la ruptura de las promesas del Estado Plurinacional y la defensa inclaudicable de los sujetos colectivos que hicieron posible el proceso constituyente hace varios años.
