Austeridad y protesta en Bolivia

Carnicero abnegado 🔪 acrílico sobre papel © Sheep María.

Opinión • Stasiek Czaplicki Cabezas • 20 de febrero, 2026 • Read in English

De los primeros 100 días del nuevo gobierno boliviano de Rodrigo Paz y de su vicepresidente, Edmand Lara, casi un tercio transcurrió en un clima de conflicto abierto. 

Bloqueos en ascenso que llegaron al punto de paralizar el país, manifestaciones multitudinarias sobre todo por sindicatos mineros y del magisterio público confluyeron en La Paz, sede del Ejecutivo y epicentro del poder. 

La vieja apuesta gubernamental de lanzar medidas impopulares cerca de las fiestas de fin de año no logró desactivar la protesta social y terminó en una derogación parcial del paquete de medidas del Decreto Supremo 5503. 

Los bloqueos volvieron a activarse por múltiples motivos, entre ellos el escándalo de los combustibles de mala calidad importados por el propio gobierno, que terminaron dañando miles de vehículos y encendiendo otra vez el malestar social.

Más allá del colapso electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que quedó cimentado tras las elecciones el año pasado fue un pacto político entre el estado y los sectores agroempresariales del oriente boliviano. 

Desde la investidura de Paz el 8 de noviembre, sectores empresariales que durante la campaña ni siquiera lo incluían en sus foros hoy ocupan carteras estratégicas del gabinete, como el Ministerio de Medio Ambiente y Planificación y el Ministerio de Desarrollo Rural, Economía Plural y Agua. 

El ordenamiento del gabinete de Paz no fue decorativo. Vino acompañado de un modo de gobernar: decretos supremos, resoluciones ministeriales y anuncios lanzados como hechos consumados, como la eliminación de impuestos a las grandes fortunas. Favor con favor se paga.

El rechazo al ‘capitalismo para todos’

El Decreto Supremo 5503 de diciembre de 2025 marcó un hito, con paquetes normativos cocinados entre cuatro paredes, anexos no accesibles al público, y promulgaciones exprés justo antes del receso de fin de año. 

Detrás de lo visible —el fin del subsidio a los combustibles— se escondía una agenda más profunda: la liberalización de exportaciones, la aprobación opaca de contratos con empresas extranjeras y la autorización de créditos sin control legislativo. 

Todo esto vulnera normas y derechos colectivos, pero fue presentado como inevitable. Oponerse al decreto equivalía, poco menos, a empujar al país a la quiebra. Después, el gobierno convocó a las organizaciones sociales críticas a una ronda de “diálogo”, dejando en claro que solo se discutirían ajustes de forma, no de fondo. La narrativa oficial fue tajante: quien no participaba era antipatriota. 

La Central Obrera Boliviana llevó la batuta del rechazo y luego la negociación del DS 5503. Los bloqueos y manifestaciones comenzaron antes de Navidad y, después de un merecido receso, se intensificaron hasta paralizar el país entre el 4 y el 12 de enero. 

Desde el Ejecutivo se intentó minimizar la fuerza de la protesta y estigmatizar a quienes se oponían. Pero entre la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo —para quien no convenía exhibir un país en ebullición social— y la amenaza del magisterio de postergar el inicio de clases escolares como medida de presión, al gobierno de Paz no le quedó mucho margen de maniobra.

Fue en este contexto que el gobierno aceptó negociar. El resultado fue un recorte parcial del decreto, con paliativos insuficientes ante el encarecimiento generalizado que conlleva el ajuste. 

La ya anunciada subida de precios de los combustibles fue apenas amortiguada por un bono mensual muy limitado equivalente a poco más de 15 dólares. A ello se suma un aumento del 20 por ciento del salario mínimo, alineado con la inflación oficial que no refleja el aumento del costo de la vida.

La respuesta oficial incluyó otra ofensiva legislativa, con tres proyectos de ley denominados “antibloqueos”, orientados a criminalizar una de las formas históricas y más efectivas de protesta en Bolivia. Ni siquiera en los gobiernos militares se avanzó con tanto entusiasmo en esa dirección. 

Neoliberalismo, el plato fuerte de Paz

En estos 100 días apenas cumplidos del gobierno de Paz, la retórica demagógica de inclusión social ha sido retirada del menú. Se pospone sin aviso el salario universal para las mujeres. Se archiva el aumento de bonos. Se esfuma la promesa de mantener el subsidio a los combustibles para el transporte público. 

Todo eso quedó atrás, como resto de utilería de un candidato que, durante la campaña, jugó a coquetear, al menos un poco, con la idea de estado protector.

En su lugar, Paz repite un estribillo simple, pero funcional: “la ideología no da de comer”. Es una frase que dice poco, pero permite mucho. Permite desmantelar programas sociales, justificar recortes y presentar el ajuste como si no fuera una decisión política, sino una imposición de la realidad. Como si sus decisiones no expresaran una ideología concreta, sino una supuesta racionalidad técnica, neutral y de “sentido común”.

La otra gran declaración que reaparece, con ligeros matices, en los discursos de Paz es aún más reveladora: “Bolivia es capitalista porque la población trabaja con capital”. La afirmación, además de incorrecta, encierra una romantización peligrosa de la informalidad. 

No todo dinero es capital, ni todo autoempleo es capitalismo. Tener mercadería o herramientas no convierte automáticamente a alguien en capitalista. El capital, en sentido de economía política, es aquel que permite reproducirse y expandirse apropiándose del trabajo ajeno o del excedente que este genera.

En Bolivia, la mayoría no controla capital en ese sentido. Lo que posee son recursos mínimos de subsistencia que obligan a realizar jornadas extensas, a contar con ingresos frágiles y a una total ausencia de protecciones sociales. Estas condiciones no crean un espacio de acumulación sino un régimen de explotación.

Llamar “capitalismo” a esa precariedad no es una descripción neutral. Es una operación ideológica que despolitiza la exclusión estructural al presentarla como iniciativa individual y convierte la supervivencia informal en supuesto “emprendimiento”.

El otro pilar del giro ideológico es el nacionalismo simbólico, un dispositivo retórico diseñado para enardecer la idea del “sacrificio patriótico”. No se trata de un soberanismo que defienda recursos o derechos, sino de una épica vacía que pide aguantar “por la patria”. Un llamado a la resignación, adornado con frases heroicas que se activan justo cuando llega el ajuste.

Discurso dual

En el corazón de la arquitectura discursiva gubernamental, hay otros dos lemas que resumen el espíritu del momento y nos ayudan a entender lo que se avecina. 

Por un lado, el “Capitalismo para todos”, un eco directo de la vieja tesis liberal del peruano Hernando de Soto, coarquitecto de la política neoliberal Fujimorista de los noventa. Para ellos, lxs pobres son simplemente “capitalistas sin capital”. 

Por otro lado, vemos la reproducción de la consigna clásica fascista europea “Dios, Patria y Familia”, que en Bolivia fue adoptada sin disimulo por los regímenes militares. Llama al orden conservador, a la represión política y la moral católica como doctrina de estado.

Hoy, ese discurso dual se implementa en una fase comunicacional de la “estabilidad recuperada”. Según el gobierno de Paz, la economía está ‘’bajo control’’ y es momento de entrar en etapa de “reactivación”. 

El problema es que la realidad insiste en no acompañar el relato. El Banco Mundial reconoce que la recesión persiste este año y se profundizará el próximo. La inflación sigue acelerada y todavía no se ejecutaron ni el segundo gasolinazo ni la devaluación formal del tipo de cambio que conllevaría más inflación. Lo peor, al parecer, aún no llegó.

Y, como summum de la paradoja, Paz, quien durante la campaña prometía soberanía financiera, hoy negocia un préstamo de emergencia de $3.300 millones con el Fondo Monetario Internacional, tras haberse endeudado con la Corporación Andina de Fomento y el BID por $8.000 millones. Se trata de una medida de emergencia frente a economías con desequilibrios estructurales severos, no una ‘’reactivación’’.

La narrativa oficial se sostiene con una fórmula conocida: crear confianza ocultando lo esencial, aunque la evidencia contradiga incluso al sentido común. 

Un ejemplo fue el reciente escándalo del suministro de combustible de mala calidad que dañó miles de vehículos en todo el país. Primero fue negado. Luego minimizado. Y hoy, el gobierno le echa la culpa al MAS y afirma que se trató de una “gasolina desestabilizada” dentro del propio aparato estatal. 

Mientras tanto, se liberalizan las exportaciones de soya, y se anuncian cuatro grandes proyectos de ley para ‘’transformar el país’’ este semestre, sin que se sepa aún de qué se tratan. Además, el agronegocio ha retomado una propuesta normativa impulsada por el MAS para habilitar el acceso empresarial a tierras bajo régimen de pequeña propiedad. 

Así, más del 10 por ciento de la superficie agraria del país podría quedar en manos de empresas o bancos, algo inaudito desde la reforma agraria de 1953. Se abriría entonces la puerta a la legalización del despojo agrario de pequeñxs productorxs en Bolivia en un contexto de una crisis económica severa y de un deterioro acelerado de las condiciones de vida rurales.

Hoy en Bolivia no hay ruptura. Hay continuidad. Una continuidad profunda con el modelo neoliberal que el MAS nunca desmontó y que hoy encuentra una versión más franca, más disciplinada y menos incómoda con sus propias consecuencias y con su ahora programa de austeridad gubernamental.

La pregunta ya no es hacia dónde va Bolivia. La dirección está clara. La pregunta es quién va a pagar la factura y qué ajustes podrán resistirse.