Traducir para descolonizar la educación sexual
Una mujer perteneciente a una comunidad popoluca en el sur de Veracruz observa desde el interior de su casa, octubre 2019. Foto © Iván Sánchez.
Reportaje · Ana Alicia Osorio · 19 de febrero, 2025 · Read in English
En Veracruz, México, más de 662 mil personas hablan alguna de las 14 lenguas indígenas del estado. A nivel nacional, hay más de 7 millones 364 mil personas hablantes de lenguas indígenas.
Aunque están reconocidas como lenguas nacionales en la Constitución mexicana, en el estado de Veracruz la información institucional sobre derechos sexuales y reproductivos solo está disponible en español.
En consecuencia, colectivas y organizaciones comunitarias en el estado han construido redes que se encargan de proporcionar intérpretes, acompañamiento, campañas y difusión de las rutas que debe seguir una mujer para ser atendida en los servicios de salud, todo ello en lenguas indígenas.
Estas organizaciones trabajan en regiones de Veracruz con una población indígena numerosa, como el norte del estado, donde habitan comunidades de lengua teenek, tepehua, nahua de la Huasteca y totonaca, y en la zona centro montañosa, una región con una fuerte comunidad de lengua nahua de la Sierra de Zongolica.
La violencia de una brecha lingüística
“[Las instituciones] no van a esos lugares y no dan esos temas porque justo no hablan la lengua”, dijo Lizbeth Santos Olmedo, una joven totonaca que habita en Papantla, al norte de Veracruz.
Desde hace cinco años, Santos Olmedo, hablante de totonaco y español, forma parte de Libres y Voladoras Colectiva Papanteca, una organización del tejido comunitario que acompaña a mujeres de la región en situaciones de violencia y de acceso a derechos sexuales y reproductivos.
Las brechas de información debidas a barreras lingüísticas se manifiestan en varios indicadores sociales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que únicamente 26,6 por ciento de las mujeres hablantes de lenguas indígenas utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, frente a un 66,9 por ciento entre quienes no las hablan.
“Regularmente se les brinda [información] en castellano y ellas van cachando una que otra palabra que les permite entender una parte de la información, pero nada más”, dijo Elizabeth Guevara, abogada nahua que desde hace años trabaja con la asociación Kalli Luz Marina en la zona centro de Veracruz. “Por eso sigue habiendo embarazo adolescente, sigue habiendo matrimonio adolescente”.
La falta de información accesible lleva a que las adolescentes indígenas tengan mucho menos conocimiento sobre la existencia de la pastilla de emergencia (57 por ciento) que las no indígenas (83,8 por ciento), según el Consejo Nacional de Población. En 2023, el 10 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años había tenido un embarazo en al menos una ocasión, pero para adolescentes hablantes de alguna lengua indígena este porcentaje fue de 20,1 por ciento, casi el doble, según datos del INEGI.
“[En los hospitales] no existen personas que se dediquen a la interpretación en la lengua indígena náhuatl”, dijo Guevara en una entrevista con Ojalá. “Básicamente, si alguien llega a esos lugares, por cualquier tema, no hay alguien que los atienda de manera general”.
Hace 19 años, esa falta de atención médica le costó la vida a Ernestina Ascencio, una mujer hablante de náhuatl de 73 años de la Sierra de Zongolica que fue agredida sexualmente por el Ejército Mexicano. Ascencio estuvo más de 10 horas sin atención médica. Cuando finalmente fue ingresada a un hospital, este no contaba con intérpretes que permitieran asistirla a ella y sus familiares.
Durante años la familia intentó lograr justicia, pero no la obtuvo en instancias nacionales. El caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se emitió una sentencia que contempla que ese hospital debe contar con intérprete y la creación de un padrón nacional de intérpretes para instancias de salud y justicia.
Sin embargo, comentó Guevara, no mandata que los demás hospitales de la zona los tengan y, hasta el momento, el estado no se ha reunido con las abogadas de la familia para establecer un plan de acción que conduzca al cumplimiento.
“Si una mujer indígena o una adolescente acompañada de su familia acude a solicitar los servicios no existe esta comunicación que hay entre paciente y médico que garantice una adecuada atención”, dijo Guevara.
Un mapa de resistencia traducida
En Kalli Luz Marina, integrada en su mayoría por mujeres nahuas, han organizado una estrategia de capacitación dirigida a mujeres hablantes de náhuatl de la zona, quienes se convierten en promotoras comunitarias y brindan acompañamiento cuando otras lo necesitan.
En esa misma zona, Marea Verde Altas Montañas se encargó de elaborar documentos con los pasos que deben seguir las mujeres para acceder al aborto legal y para ser atendidas en casos de violencia de género y que están contemplados en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046. La colectiva, con ayuda de aliadas voluntarias, la tradujo al náhuatl.
“Cuando nosotras distribuíamos la ruta de acceso, nos dimos cuenta de mucha presencia de población [indígena] y que no teníamos la información en su idioma, en náhuatl”, contó Luz María Reyes Huerta. “Y entonces nos dimos a la tarea de buscar compañeras que de manera sorora nos apoyaran en la traducción”.
En la región norte del estado de Veracruz, la colectiva Marea Verde Totonacapan realizó una campaña para difundir los derechos sexuales y reproductivos en tres de las lenguas que más población habla en la zona: totonaca de la costa, tepehua y náhuatl de la Huasteca.
Metzeri Ávila San Martín, integrante de la colectiva, señaló que la región es muy extensa y hay personas de las zonas serranas que demoran hasta seis horas para llegar a Poza Rica, la ciudad más grande de la región.
“Tenemos nuestras lenguas que son completamente diferentes”, dijo Ávila San Martín. “Existe esta realidad donde tendrían que tener el acceso como las mujeres que viven en la capital”.
Esto impulsó que Marea Verde Totonacapan, con ayuda de la Universidad Veracruzana Intercultural, hiciera la traducción de la cartilla de derechos sexuales del Gobierno Federal, que contiene 14 derechos, misma que colocaron en redes y, con apoyo de las propias comunidades, pusieron a disposición en escuelas o pequeños negocios como tiendas o tortillerías.
Puentes interculturales
Para estas redes comunitarias, el trabajo no consiste únicamente en traducir palabra por palabra sino en explicar, contextualizar y construir sentido para que sea entendible en lenguas originarias.
“Si solo hablas en español, no ves esa forma de sentir y de pensar y posiblemente aunque se sepa las palabras no te va a entender realmente”, dijo Santos Olmedo de Libres y Voladoras.
Otro de los retos, dice Ávila San Martín, es saber incorporar el conocimiento de las comunidades al trabajo que se está realizando para reducir esas brechas.
“Hay que tratar de integrar el saber científico academicista con el conocimiento ancestral, que también ha sido usado siempre y que no se le debe restar legitimidad”, dijo. “Mujeres y personas con capacidad de gestar siguen haciendo uso de las hierbas, los propios rituales; en las comunidades, la que necesita abortar va con la comadre que sabe qué té o qué hierba se tiene que tomar”.
Flor Gómez, una mujer joven totonaca que se enteró del trabajo de interpretación que las colectivas realizan a través de las redes sociales, considera que las campañas de difusión y acompañamiento que realiza la sociedad civil ayudan a reducir las barreras que existen entre las diferentes culturas.
“Profesionales de la institución de salud, de educación y de todo, deben ponerse en nuestros zapatos y poder entendernos”, dijo en entrevista con Ojalá. “Y yo creo que eso solamente se va a lograr en el momento en el que conozcan cómo pensamos, cómo hablamos y, sobre todo, la manera en que nos comunicamos”.
Ante estas diferencias, la falta de canales institucionales, como señaló Guevara, no es un problema aislado, sino una de las muchas formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres indígenas. Estos canales comunitarios alternativos son esenciales para centrar sus derechos en conversaciones que permitan a todes participar, hacer preguntas y tomar decisiones sobre sus propios cuerpos.
