Rodrigo Paz contra defensores en Bolivia
Asamblea en la comunidad de Saican. 13 de enero de 2026. Foto © Claudia López con intervención digital de @merlina_anunnaki.
Opinión • Claudia López Pardo • 5 de marzo, 2026 • Read in English
Todas las mañanas a la misma hora, Elvidio Mercado ensilla su caballo para ir a su potrero de cría de ganado vacuno en la comunidad de Pampa Redonda, en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia.
“Acá todos somos campesinos. Aquí el monte es lindo y todo madura”, dijo Mercado. Lxs comunarixs de Pampa Redonda reproducen su vida cultivando maní y choclo, criando su ganado, produciendo miel. Su deseo es conservar sus medios de existencia que se ven amenazados por la entrada de empresas petroleras.
“Yo lo hago por mis nietos, tengo harta familia. Cuando uno está viejo se va a morir, pero tengo que dejarles un recuerdo”, afirma Mercado cuando explica el porqué de su lucha durante nuestra visita al cantón de Chiquiacá, en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía.
En el mismo potrero en 2015, aterrizó un helicóptero. “Levántense, ¿quién les ha dado permiso de estar aquí?’”, dijo Mercado. Desde entonces, él y su familia se mantuvieron atentxs a los movimientos de las empresas petroleras en la zona.
En enero de este año se produjo una violenta represión policial contra el plantón pacífico organizado por el Comité del Cantón de Chiquiacá en la Quebrada Las Vacas y el gobierno abrió un proceso contra 17 personas que se encontraban allí.
Poco después, con escolta policial, Petrobras instaló un campamento petrolero en la comunidad de Saican, donde operará el proyecto de exploración Domo Oso X3.
Las figuras penales son las mismas a un proceso anterior y se suma la asociación delictuosa. Para el 26 de enero, el fiscal rechazó la denuncia. Petrobras presentó su objeción. Este caso sigue en manos de la Fiscalía de Tarija.
Aun en este clima de represión, la comunidad no ha fraguado en su resistencia. Desde 2018, la lucha del cantón Chiquiacá se despliega con fuerza a través del Comité de Defensa, que agrupa a 10 comunidades que han fijado un veto contra el despojo petrolero.
¿Qué se despoja?
El agua de los manantiales, ríos y quebradas de la Reserva de Tariquía es conocida por su calidad y su pureza. En los valles y bosques húmedos de la Reserva coexisten en interdependencia comunidades humanas y no humanas. La Reserva tiene una zona núcleo, o de protección irrestricta, donde habitan por lo menos 13 especies en peligro de extinción. En su subsuelo hay gas natural, un bien escaso en la realidad boliviana actual.
En el imaginario estatal empresarial de los diferentes gobiernos de turno, la Reserva es un lote baldío para extraer gas. La insistencia para entrar y consolidar el despojo se traduce en una pulseta desigual.
En un lado están la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sus aliados internacionales. En el otro, las comunidades que se oponen a la entrada de petroleras a la Reserva. Lo cierto es que hoy, más de la mitad de su superficie está comprometida para actividades hidrocarburíferas.
En 2015, durante el gobierno de Evo Morales, se aprobó una serie de decretos. Entre ellos está el 2366, que permite actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas y flexibiliza los procesos de consulta previa y modifica las normativas ambientales. En años posteriores, se firmaron contratos entre YPFB-Chaco y Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para la exploración y explotación en los bloques San Telmo Norte, San Telmo Sur, Churumas y Astillero.
Varias irregularidades rodean la gestión administrativa de la Reserva. En 2014, la aprobación de un nuevo Plan de Manejo ambiental por parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) marca un punto de inflexión en la disputa. La zona núcleo y las zonas de protección se modificaron, cambiando los límites para habilitar los proyectos de explotación de hidrocarburos.
De ese modo, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) otorgó licencias ambientales a las empresas petroleras sin el consentimiento de las comunidades. “El nuevo plan de manejo fue aprobado a nuestras espaldas, nadie nos consultó”, comenta a Ojalá Paula Gareca de la comunidad de San José.
Luchando por el agua y la vida
La lucha comunitaria se expresa en dos frentes. Desde el 2016 han luchado contra la ocupación petrolera de su territorio a diferentes ritmos y temporalidades. Por un lado está la Subcentral Campesina de Tariquía del Distrito 8 en el centro de la Reserva. Y del otro, el Comité de Defensa del Cantón Chiquiacá, cuyo territorio colinda con los proyectos hidrocarburíferos.
Lxs dirigentes de la Subcentral de Tariquía tienen claro que aunque los proyectos no están en su distrito, las operaciones petroleras del Bloque San Telmo Norte afectarán los manantiales y las fuentes de agua que alimentan a toda la Reserva.
Y si bien hubo treguas, desde su inicio la avanzada petrolera trajo consigo la fragmentación comunitaria, dividiéndoles en dos campos, quienes están a favor y quienes se oponen a la entrada de empresas.
Se partieron algunas familias: hay padres que no hablan con sus hijxs y hermanxs que están peleadxs. En algunos lugares ya no se celebran los aniversarios ni las fiestas comunales. Vidal Jiménez de Pampa Redonda identifica con tristeza la división comunitaria como una herida abierta. “La empresa nos ha dividido a las comunidades, no podemos estar tranquilos”, dijo en entrevista en enero de este año.
Aun así, la lucha comunitaria ha sido imparable. Las comunidades denunciaron los atropellos, realizaron acciones, se movilizaron y organizaron dos referéndums vetando la entrada de YPFB-Petrobras al Cantón Chiquiacá.
Pero el avance empresarial ha seguido y hoy en día se explota gas en el corazón de la Reserva. Los hechos son paradójicos. Desde el 2023, el bloque Churumas —hábitat de especies sensibles como el jaguar, el oso andino y una diversidad de aves— se ha convertido en un área de aprovechamiento de extracción de gas.
En julio de 2025, el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró la productividad del campo de extracción de gas Campo Churumas. Celebró la explotación diaria de 20 millones de pies cúbicos de gas, transportados directamente a la planta de procesamiento de San Alberto, ubicada en el Gran Chaco tarijeño.
La criminalización de defensores
La primera ofensiva legal contra 29 defensores del territorio se produjo en 2024, durante el gobierno de Arce. El consorcio YPFB-Petrobras inició un proceso legal ante la fiscalía de Entre Ríos de Tarija acusándoles de obstaculización de la función pública y de atentados a la libertad de trabajo.
En abril del año pasado, 12 personas fueron imputadas. Para junio del mismo año, en la audiencia de medidas cautelares el juzgado de Entre Ríos indicó que estas se pueden defender en libertad irrestricta.
“El primer proceso entró a fase de juicio a pesar de que no se encontraron argumentos sólidos”, dijo Miguel Miranda, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia en una entrevista para Ojalá. Para el 5 de enero del presente año, 12 procesadxs, ocho varones y cuatro mujeres, seguían con imputación formal. Hoy se espera la audiencia de dictamen de sentencia, y la fecha del juicio.
Ninguno de los dos gobiernos ha escuchado las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 7 de marzo de 2025, la corte reconoció a lxs comunarixs de la Reserva como defensores ambientales e instó a que el estado boliviano no les criminalice. En 2019, Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú, comprometiéndose a proteger a quienes defienden los territorios.
Pero el gobierno de Paz y las petroleras mantienen una arremetida judicial que opera a través del miedo. Se busca amedrentar y estigmatizar a quienes defienden la Reserva. Hasta ahora las personas judicializadas suman 33. Aun así, la fuerza no se acaba. “No tengo miedo, no he matado a nadie”, dijo Mercado.
Hay esperanza
El 16 de enero de 2026, el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos admitió la solicitud de medidas cautelares ambientales presentada por la Defensoría del Pueblo. Dispuso la suspensión temporal de las operaciones exploratorias del proyecto Domo Oso X3, ubicado en la zona de amortiguación de la Reserva.
La Defensoría realizó un informe detallado de la legalidad de la licencia ambiental, la validez de la consulta pública y la judicialización de los defensores comunitarios. El juzgado agroambiental de Entre Ríos determinó una audiencia de inspección judicial en el lugar del conflicto para el 16 de marzo y la audiencia pública el 24 de este mes. Las comunidades esperan con mucha expectativa las resoluciones.
Desde que el ciclo del gas llegó a su fin, la Reserva de Tariquía se ha convertido en uno de los territorios más codiciados por el estado. A pesar de que Paz haya prometido en su gestión como alcalde tarijeño de 2019 proteger la Reserva, las comunidades saben que las promesas de los politiqueros coinciden con las campañas electorales.
La lucha comunitaria da cuenta de los enormes esfuerzos por sostener formas políticas de base con prácticas orgánicas para la defensa de los territorios. Alumbran un horizonte y un modo de vida interdependiente donde la política cotidiana en defensa de la vida está en el centro.
