Elecciones e inseguridad generan tensión en Guatemala
Conferencia de prensa de autoridades indígenas frente a la Corte Suprema de Justicia en la Ciudad de Guatemala, el 12 de febrero del 2026. Foto © Norma Sancir.
Reportaje • Norma Sancir • 6 de marzo, 2026 • Read in English
Guatemala atraviesa un momento tenso en el que se entrelazan la disputa por el control del sistema de justicia y la agudización de la crisis de inseguridad. Mientras se llevan a cabo elecciones de las autoridades judiciales, la criminalización de autoridades indígenas, periodistas, defensores de la tierra y estudiantes continúa.
Varios sucesos ocurridos durante los dos primeros meses del año lo evidencian. La violencia, la institucionalidad debilitada y los procesos de elección de autoridades judiciales forman parte de un mismo y complicado escenario político que afecta profundamente a los pueblos indígenas y las mujeres por la criminalización e inseguridad.
El 18 de enero, personas recluidas en tres cárceles de la Ciudad de Guatemala —el Preventivo de la zona 18, Fraijanes II y de máxima seguridad Renovación 1— se amotinaron. Exigieron el regreso de sus líderes a las cárceles donde tenían privilegios que no eran legales, a quienes el gobierno trasladó a otros centros de detención el año pasado.
Al día siguiente, se registraron violentos ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC) que tuvieron como consecuencia el fallecimiento de once agentes y generaron un clima de psicosis en la capital.
La respuesta del Ejecutivo fue decretar un estado de sitio durante 30 días. El primer día inició con suspensión de clases, transporte y algunos servicios, además de restricciones a la libre locomoción, reunión y manifestación. Se prohibieron también las visitas en los centros penales.
Según datos de la PNC, durante el estado de sitio, que finalizó el 16 de febrero, fueron realizados 2 mil 800 operativos de seguridad, allanamientos, decomiso de armas, en conjunto con el Ejército de Guatemala, y 2.700 detenciones.
En el segundo día del estado de sitio se reanudaron las clases y servicios públicos, sin embargo la población se mantenía en alerta por el despliegue de la PNC en la Ciudad de Guatemala, donde se concentra la mayor cantidad de pandillas y extorsiones.
En las áreas rurales el despliegue policial fue menor. Sin embargo, las comunidades se mantenían en alerta ya que otros gobiernos han usado esta medida para reprimir comunidades y capturar a defensores de derechos humanos.
El estado de sitio venció el 16 de febrero. Actualmente, Guatemala se encuentra en su segundo estado de prevención por un máximo de 15 días. Las autoridades declararon que esta medida continuará con operativos para combatir las pandillas y, aunque no suspende las garantías constitucionales, limita, reuniones y manifestaciones, además de exigir la identificación de personas y vehículos.
La inseguridad, en escalada
Guatemala cuenta con un sistema de justicia que favorece la impunidad. La justicia es selectiva y jueces, fiscales y magistrades han beneficiado a polítiques acusades de corrupción, dejándoles en libertad y cerrando casos.
Los motines en las cárceles y los ataques a fuerzas policiales no son hechos aislados. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo, que lleva dos años de gestión, recibió su mandato con una tasa muy alta de extorsiones, que afectan especialmente a comerciantes y mujeres.
La inseguridad es un problema estructural en Guatemala, de igual manera que la salud y la educación, según indica Marta Godínez de la Alianza Política Sector de Mujeres.
Tras los hechos violentos de enero, “las mujeres se mantienen en alerta de defensa”, dijo Godínez en entrevista con Ojalá. Añade que es necesario comprender cómo opera el sistema de justicia, pues afecta también otros derechos en Guatemala.
Para analistas como Denis Martínez de Impunity Watch, la crisis de seguridad no puede separarse de la fragilidad institucional del aparato de justicia. Martínez sostiene que el sistema de justicia ha sido aprovechado por redes criminales y actores políticos, que ahora buscan influir en las próximas elecciones.
El periodo electoral para elegir a les magistrades del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, así como a la persona que fungirá como fiscal general del Ministerio Público (MP), comenzó en febrero y continuará durante los próximos meses.
Son elecciones que se llevan a cabo no a través del voto directo de la población, sino mediante un complicado proceso de elección y acuerdos políticos.
Martínez señala que “el principal problema estructural de las elecciones de autoridades del poder judicial es que dependen de los órganos políticos, que tienen intereses particulares.”
Proceso electoral en disputa
Este proceso electoral tiene un fuerte contenido de confrontación política, dado que en él se define quién interpretará la Constitución, quién dirigirá la persecución penal y quién arbitrará futuras elecciones.
La actual fiscal general, María Consuelo Porras tiene una larga historia de arbitrariedad y manejo discrecional de la función pública. A fines de 2023, su destitución fue exigida por una potentemovilizaciónindígenacomunal. En este ciclo electoral, Porras se postuló como candidata a magistrada de la Corte Constitucional. Cuando no alcanzó los votos necesarios, volvió a postularse como fiscal general.
“Las elecciones se han convertido en instrumentos de persecución política. Por eso le llamamos ‘dictadura jurídica’”, afirmó una autoridad indígena que permanece en el exilio que pidió no ser identificada por seguridad.
Durante las votaciones de segundo grado para elegir a las autoridades de la Corte de Constitucionalidad el 12 de febrero, se registraron allanamientos del MP en centros de votación, lo que elevó aún más la tensión.
Aníbal García, abogado de la agrupación gremial Unidos por la Democracia, asegura que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene un papel importante en las elecciones secundarias, a través de las cuales impulsa cambios en las estructuras de poder y monopolio. “Lo que se espera es reconducir el modelo democrático, la gobernabilidad y el estado de derecho” recalcó García.
En su informe sobre derechos humanos en Guatemala de diciembre del 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el MP se ha apartado de su mandato constitucional y opera como instrumento de persecución selectiva, lo que agrava la desconfianza pública.
“Si no hay cambios en la Corte de Constitucionalidad, se garantiza la vida al modelo racista y elitista del sistema de justicia que ha privilegiado la impunidad, que criminaliza a todo el que incomode este sistema”, dijo García.
Sandra Morán, exdiputada y miembro del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente señala que el proceso de elecciones puede tener retrasos.
Existe “una disputa entre dos proyectos políticos: unos desean continuar con la impunidad con el saqueo, el control, despojo, enriquecimiento ilícito y el otro es un proyecto de mayor democracia y ampliación de espacios de participación”, dijo Morán en entrevista con Ojalá.
Elecciones con participación diversa
Sonia Raguay es abogada Maya Poqoman e integrante de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala. Ella ejerció su voto en el colegio de abogados para elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en su primera vuelta el 4 de febrero. Indicó que es poca la participación de las mujeres en un sistema de justicia capturado por ciertos intereses.
Raguay, quien también es diputada, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar el resguardo de los resultados de la elección del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad en el Colegio de Abogados ante posibles falsificaciones.
“Queremos que los cargos los ejerzan personas apegadas a derecho de lo contrario no habrá acceso a la justicia, se seguirán criminalizando nuestros procesos para deslegitimar la lucha de los pueblos indígenas”, dijo Marvin Nájera, autoridad indígena Maya Ch’orti, en entrevista con Ojalá.
Concuerda con lo que expresa Milvian Aspuac, autoridad indígena Maya Kaqchiquel e integrante del Movimiento Nacional de Tejedoras. Aspuac afirma que se ha usado el sistema de justicia para la protección de la propiedad intelectual colectiva de los tejidos y que tiene dos procesos legales con sentencia favorable por parte de la Corte de Constitucionalidad, pero hay poco avance en su cumplimiento.
“También llevamos casos penales, donde los juzgados terminan desestimando los casos porque el Ministerio Público interpreta de otra manera las leyes, y no tenemos acceso a justicia los pueblos indígenas”, dijo Aspuac.
Hoy la coyuntura revela un hilo conductor claro, dentro de la cual la violencia carcelaria, los estados de excepción y las elecciones judiciales no son episodios desconectados.
Forman parte de una lucha por el control del sistema de justicia y, en consecuencia, por el rumbo democrático del país. Lo que se defina en estas elecciones incidirá directamente en la capacidad del estado para enfrentar la violencia, garantizar derechos y reconstruir la confianza institucional.
