La política comunal cimbra la impunidad en Guatemala
Autoridades mayas alzan sus bastones de mando, símbolos de autoridad en sus comunidades, el 11 de octubre, 2023, frente al Ministerio Publico en la Ciudad de Guatemala. Foto: Jeff Abbott.
Opinión • Colectiva editorial de Ojalá • 19 de octubre, 2023 • Read in English
Una movilización comunal con alcance nacional ha paralizado la cotidianidad de impunidad y extractivismo en el Guatemala y está cimbrando la estructura política y social en su conjunto.
Desde el 2 de octubre, a lo largo y ancho del país, se ha producido un levantamiento indígena-comunal organizado y sostenido por las estructuras de gobierno comunal, que aunque negadas tanto en términos legales como políticos, han avivado la crítica social contra la impunidad en toda la sociedad guatemalteca. En el momento de mayor despliegue, había más de 200 puntos de bloqueo de carreteras, caminos y avenidas. Hoy siguen habiendo más de 20.
El llamado a bloqueo realizado por los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, la Alcaldía Indígena de Nebaj, las Comunidades Aliadas de Chichicastenango, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán entre varias más a comienzos de octubre ha marcado un límite a la impunidad en el abuso de las instituciones republicanas que el pueblo de Guatemala estaba padeciendo.
Por la democracia, no por un partido
El contexto de los hechos es el siguiente: en la segunda vuelta de las elecciones generales el 20 de agosto, resultó electo el sociólogo Bernardo Arévalo del partido Semilla. Esta opción electoral no representa directa e inmediatamente los intereses de las élites. Tampoco representa a los sectores populares y mucho menos al tejido comunitario-indígena, tal como las autoridades comunitarias expresan una y otra vez. Pero desde que Arévalo sorprendió al avanzar a la segunda vuelta en junio, en el ámbito judicial y del Ministerio Público se han producido un conjunto de maniobras tanto para descalificar al partido que ganó los comicios como para intentar bloquear la transición de mando en enero próximo.
La gota que derramó el vaso de este conjunto de arbitrariedades y hechos de fuerza, que contradicen la legalidad, fue la intervención del organismo electoral por la fuerza pública a finales de septiembre para secuestrar las boletas electorales que dieron el triunfo a Arévalo.
Desde la primera vuelta habían empezado protestas en la capital del país, pero con el robo de las urnas, las autoridades comunales de Totonicapán y Sololá convocaron a un bloqueo de caminos y enviaron a una delegación de autoridades y alcaldes a la capital para instalarse frente a la sede central del Ministerio Público, en el Barrio Gerona de la ciudad de Guatemala.
Su exigencia fue, desde un inicio, la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana. Estos tres personajes están identificados como los operadores principales de las maniobras institucionales para el desconocimiento de los resultados electorales.
El discurso emitido por las autoridades comunales en lucha ha sido la defensa de la decisión electoral del pueblo de Guatemala, esto es, la defensa de la democracia política aún vigente en el país. Pero las exigencias puestas a debate público son más amplías, desde la denuncia de la crisis de la salud, el saqueo del sistema escolar, la corrupción en la entrega de fertilizantes, el robo de las semillas orgánicas, la inseguridad en las carreteras, el alto costo de la vida y la violencia contra las mujeres entre varios puntos más.
La acción de los alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán y de los alcaldes indígenas de Sololá se vio rápidamente reforzada por otras autoridades comunales: las del parlamento Xinca, las estructuras comunales de Huehuetenango, San Marcos, Petén, Izabal, Cobán, de los departamentos de la costa sur y del norte del país y de más de 105 mercados populares así como el de la Terminal de la Zona 4 en la capital, además de múltiples barrios populares de la ciudad de Guatemala.
La fuerza organizativa y política comunitaria, con su histórica estructura de autoridad y gobierno territorial, se volvió visible para el conjunto del país con su serena medida de fuerza: un bloqueo de carreteras pacífico.
Como una mancha de aceite, por toda Guatemala se fueron instalando estratégicos puntos de bloqueo en caminos y carreteras así como en las vías neurálgicas de la ciudad capital.
La textura política de Guatemala está cambiando
La aparición de esta fuerza política comunal basada en la coalición de las autoridades comunales territoriales ha generado un escenario inédito en Guatemala.
No son los partidos políticos, ni los sindicatos o los llamados “movimientos sociales” quienes ocupan la dirección política de la movilización. Son los gobiernos comunales indígenas quienes se ponen de pie y, con sus ritmos pausados, con sus capacidades de alentar conversaciones, con sus mecanismos añejos de control de los voceros visibles del movimiento, están dando una lección política a la población en su conjunto.
No es la primera vez que la fuerza política comunal irrumpe en el espacio público en Guatemala, aunque es relevante en esta ocasión el alcance que ha tenido su acción. Intervenir masivamente “en defensa de la democracia” significa, ante todo, evitar que continúe la degradación de la política liberal cada vez más amañada y violenta.
Con sus acciones las movilizaciones comunales han abierto una fisura en el ensamblaje de impunidad del régimen político extractivista vigente en Guatemala. Por ese boquete ha fluido el descontento de otros sectores sociales del país: los habitantes pobres y trabajadores de las ciudades, residentes de barriadas alejadas del centro.
Miles de ladinos (mestizos) humildes así como comunarios desplazados del campo a los centros urbanos por los desalojos y la violencia reconocieron la llamada de las autoridades comunales. Se han sumado al paro en contra de las autoridades republicanas que más daño han hecho a la población en su conjunto en las últimas décadas.
Durante la primera semana de bloqueos se han movilizado miles de personas en los distintos puntos, reactivando capacidades comunitarias de sostenimiento de un amplio movimiento democrático que está cambiando la textura política de Guatemala.
Las autoridades comunitarias, a través del sistema de gobiernos comunales indígenas asentados en los territorios, dirigen directamente y en primera persona del plural la irrupción política a nivel nacional de la mayoría de la población. Marcan un basta a la impunidad disfrazada de arbitraria legalidad.
La pedagogía política comunal
Entre las lecciones más relevantes de estas dos semanas de paro están la centralidad del trabajo comunal organizado para sostener cotidianamente la movilización y el compromiso práctico con la producción continua de decisión colectiva con base en un flujo de información constante.
A partir del trabajo coordinado por las autoridades comunales se ha resuelto en los distintos puntos de bloqueo el acopio y la preparación de alimentos, y se ha organizado su distribución incluyendo a muchísimos voluntarios. También ha sido muy fértil la manera en que las autoridades de los distintos pueblos han mantenido el flujo de información coordinada, haciendo conocer sistemáticamente lo que se discute y se acuerda.
En medio de ese conjunto de conversaciones articuladas se produce decisión y se organizan los pasos a seguir.
Todo esto produce certeza y seguridad en lo que se está haciendo de manera conjunta. No es entonces una autoridad que decide verticalmente, sino una que acuerpa y ausculta, que informa, consulta y articula el camino. Esos rasgos de la dirección política comunal indígena están en el fondo de la amplia convocatoria y de la solidez política que ha logrado a lo largo de más de dos semanas de movilización y bloqueo.
El escenario que se abre en Guatemala
Es difícil hacer una prospectiva de lo que ocurrirá en los siguientes días. En la tercera semana de movilizaciones y bloqueos de caminos la estructura política liberal republicana está crujiendo. El Presidente de la República admite que es impotente ante la impunidad y acciones despóticas del ministerio público y afirma que, por ley, no puede pedir la renuncia a la Fiscal General. La repudiada Fiscal Porras pidió —y obtuvo— la renuncia del Ministro de Gobernación por no levantar los bloqueos. Por su parte, la Corte de Constitucionalidad pidió a la policía actuar para desalojar a los miles de movilizados, con ayuda de militares de ser necesario. El mando militar respondió que sólo pueden actuar si la policía se los solicita. Al mismo tiempo, patrullas militares comienzan a circular por algunas comunidades que integran los 48 Cantones de Totonicapán, donde fueron detenidos por comunarios de Paqui, Nimapá y Poxlajuj.
Quizá el indicio más claro de que la situación está llegando a un peligroso límite sea la aparición de civiles armados —paramilitares— que se lanzan a romper violentamente los bloqueos alegando sus derecho a seguir haciendo negocios. A la hora de cerrar esta nota, se reporta un fallecido en Malacatán, San Marcos. Se sabe que gente armada —que se presume son guardias de seguridad de las fincas— deambula por la Costa Sur.
En todo caso, es cada vez más claro que para la fuerza política comunal y para la población movilizada, defender la democracia significa establecer un límite a la militarización de los territorios y al despojo y la criminalización de los comunarios.
Hay muchos elementos que se han hecho visibles a lo largo de estos 18 días de bloqueos para el propio tejido comunitario-indígena en los territorios y para los habitantes empobrecidos de las urbes de Guatemala. En particular, la plasticidad de la política comunal y su enérgica capacidad organizativa.
La política comunal en Guatemala ha mostrado su capacidad para adaptarse a las circunstancias y desplegar su potencia expansiva. En eso consiste su plasticidad: conoce y sostiene prácticas de articulación capaces de albergar las diferencias y equilibrarlas.
En tanto se ciñe con firmeza al acuerdo colectivamente producido, en este caso, exigir la renuncia de los tres funcionarios repudiados a través de un bloqueo masivo y pacífico, la política comunal y sus voceros son capaces de producir explicaciones sencillas y sensatas que hacen sentido a la mayoría de la población.
La gran capacidad organizativa de la trama comunal indígena, que se refrenda año con año tanto en las fiestas, en el trabajo colectivo para tareas de interés común, y en la elección periódica de autoridades, es lo que ha sido capaz de afrontar y distribuir los trabajos y cargas de sostenimiento diario de la movilización nacional en curso.
