A siete años del estallido en Chile
Un millón de manifestantes reunidxs en la Plaza de La Dignidad (Plaza Italia) en Santiago en octubre de 2019. Foto © Nicole Kramm Caifal.
Opinión • Fernanda Cavada y Laura Manzi • 16 de octubre, 2026 • Read in English
Hace unos años, desde el movimiento feminista nos preguntamos qué significaba la revuelta en Chile. ¿Qué se expresaba en la movilización callejera? ¿Qué fue lo que estalló ese día viernes 18 de octubre del 2019?
Respondimos de múltiples maneras esas preguntas y aún lo seguimos haciendo porque es imposible pensar el hoy sin remitirnos a lo que significó para nuestras vidas.
Hace siete años, la gota que rebalsó el vaso fue el alza de 30 pesos en el precio del pasaje del transporte público en Santiago de Chile. Toda esa semana de octubre vimos cómo cientos de estudiantes secundarias se levantaban en movilización contra el alza saltando torniquetes y sentándose en los andenes del tren subterráneo de la capital para demandar lo que era justo.
Ante eso, el gobierno declaraba “esto no prendió”, aludiendo a que la movilización no estaba generando ningún impacto. Fue esa frase, sumada a la represión policial, la que encendió la chispa.
Lo que se expresó en el estallido fueron meses de acciones de lucha y manifestación de diferentes sectores. Estaba activo No+AFP, un movimiento contra el Sistema Privado de Pensiones. Habían ocurrido dos meses de paro docente, conducido por el Colegio de Profesoras y Profesores, uno de los gremios activos más grandes del país.
Y ya se había abierto un ciclo con Niunamenos y luego, el 8 de marzo y la Huelga General Feminista en toda América Latina. Esas luchas ponen en primera línea la vida de mujeres y disidencias (y también infancias) como un problema político. Habilitaron política y socialmente el terreno para la revuelta.
La revuelta se extendió ese primer fin de semana a diferentes capitales del país, transformándose en un proceso de movilización callejera nacional. Este proceso se mantuvo activo —con fluctuaciones en intensidad y a pesar de la intensa represión en las calles y las vidas mutiladas— durante los meses que siguieron. Duró hasta la declaración de las medidas especiales por la pandemia en Chile en marzo del 2020, luego de la Huelga del 8 de marzo que reunió a 2 millones de personas en las calles.
Lo que queda en nuestra memoria de lo que comenzó a acontecer ese 18 de octubre, 2019, son infinitas imágenes convertidas en postales de lucha que evocan la capacidad del pueblo para manifestarse de manera transversal, apelando a un deseo de transformar una violenta realidad neoliberal en crisis.
Empujando adentro y afuera
Durante el proceso de movilizaciones de 2019 se secuencian diferentes expresiones del mismo malestar. En la calle se expresaban gritos de cambio. En particular, había uno que nos llamaba la atención, que decía: “no son 30 pesos, sino 30 años”. Se transformó en un grito de reclamo ante los casi 30 años de administración del neoliberalismo y el quiebre de las promesas de justicia social por una vida mejor levantadas al alero de años de crecimiento económico.
En la Coordinadora Feminista 8M, nombramos este ímpetu de transformación como un proceso o afán destituyente. Haciendo eco de las voces que nos antecedieron en dictadura, dijimos “no más, somos más”, reafirmando la potencia del feminismo de rechazar una realidad que nos oprime, somete, empobrece y precariza.
El impulso de impugnación destituyente que emergió en las calles abrió la oportunidad de cambio: el Plebiscito Nacional, conocido por el pueblo como el “apruebo” por una nueva constitución. En octubre de 2020, con casi el 80 por ciento de los votos, se dio paso a la creación de una institucionalidad encargada de diseñar una nueva constitución para Chile.
Nos hicimos parte de este proceso con la convicción de representar la historia y los contenidos de un programa impulsado por diversas organizaciones sociales del país. Empujamos adentro y afuera.
Adentro, articulando sectores y construyendo posiciones que aseguraran avances reales en las condiciones de vida de las personas; y afuera, agitando en las calles, levantando actividades en los territorios y elaborando iniciativas populares de norma, un mecanismo que daba voz a quienes no tenían escaños.
Nos concentramos en impulsar una propuesta atravesada por una perspectiva feminista. Logramos asegurar que demandas históricas quedaran al centro de la nueva propuesta: el reconocimiento al trabajo doméstico, el derecho al cuidado, el derecho a la vivienda digna, la consagración de la democracia paritaria, el derecho a vivir vidas libres de violencia de género, el derecho a la seguridad —entendida en un sentido amplio—, derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
Estudiantes increpan a Carabineros de Chile, quienes reprimieron violentamente durante las manifestaciones por el incremento del valor del transporte público, al interior del metro de Santiago en octubre de 2019. Foto © Nicole Kramm Caifal.
Lo que se abrió y lo que se administró
El proceso constitucional se desarrolló en un contexto de pandemia mundial que impedía la movilización, agudizaba la carga de los trabajos de cuidados y aceleraba el empobrecimiento, alcanzando niveles de desempleo, especialmente femenino, históricos para aquellos tiempos.
Con ese panorama de fondo, el 4 de septiembre, 2022, en el contexto de la primera elección con inscripción automática y voto obligatorio en Chile, casi el 62 por ciento de la población rechazó la nueva propuesta constitucional.
Aprovechando ese resultado, desde la derecha y el progresismo institucional impulsaron un discurso crítico, conservador y restaurador acerca de lo que este proceso representó para el país. Para nosotras ha sido un desafío construir una lectura que nos entregue claves sobre qué ganamos.
Desde la Coordinadora Feminista 8M afirmamos y actuamos en torno a la importancia de sostener un proceso de participación democrático que excediera los límites impuestos por los márgenes institucionales.
Pero quienes tienen el poder fáctico en Chile orquestaron una campaña comunicacional de la mano con las trasnacionales privadas que administran las pensiones (las AFP). Su campaña logró desplazar la demanda por seguridad social hacia la defensa de la propiedad individual sobre los fondos de pensiones de cada trabajador y trabajadora.
Esto fue posible en virtud de una campaña de terror comunicacional, que anunciaba falsamente que el ahorro de las pensiones sería expropiado en caso de aprobarse la nueva Constitución. Lo mismo ocurrió con otros derechos especialmente sensibles, como la vivienda. Vimos cómo los medios, la publicidad del transporte público y todo espacio cotidiano fueron copados por las mentiras que instaló la derecha.
Hay certezas de que la derrota no fue determinada exclusivamente por sus contenidos. Esta se sustenta en los resultados de las encuestas posteriores al Plebiscito Nacional del 4 de septiembre, que dejaron en claro que las personas estaban de acuerdo con los contenidos mayoritarios del texto constitucional.
En diciembre de 2021, en pleno trabajo de la Convención, Gabriel Boric ganó la segunda vuelta frente a José Antonio Kast con la votación más alta de la historia hasta entonces.
El gobierno ató su suerte al proceso constituyente y, tras el rechazo, cambió de rumbo. Incorporó a figuras de los partidos más conservadores de la transición tras la dictadura y el horizonte de transformación dio paso a la gestión.
Un segundo proceso constitucional se pactó entre partidos, con expertos designados y sin la participación que había marcado al primero. En ese escenario, la ultraderecha republicana fue la fuerza más votada para el Consejo Constitucional y redactó su propia propuesta. En diciembre de 2023, lxs chilenxs volvimos a decirle que no a una nueva constitución.
Boric, consciente o no, mediante el discurso de securitización sostenido desde la derrota de la nueva constitución del 4 de septiembre, 2022, abrió camino a la avanzada de discursos y leyes antimigrantes, criminalizadores de la protesta y promotores de la impunidad ante hechos de violencia de estado. Todas políticas que el gobierno de Kast profundiza. A la fecha, él y su sector han evitado un ejercicio de autocrítica y desconocen el rol que desempeñaron en el cierre de un periodo de transformación social.
Estudiantes secundarias tapan uno de sus ojos como gesto de solidaridad con las víctimas de trauma ocular durante el estallido social chileno en Santiago en octubre de 2019. Foto © Nicole Kramm Caifal.
La agenda de la ultraderecha
La agenda política que ha impuesto la ultraderecha en Chile no comenzó este año con la instalación del gobierno de Kast, ni tampoco con la victoria de su sector en las elecciones. Más bien, esta ha sido fruto de un proceso de posicionamiento y capitalización del malestar político engendrado por la continuidad de la herencia neoliberal de Augusto Pinochet administrada por los partidos que han gobernado en democracia.
La ultraderecha se apropió del malestar dándole nombre: miedo, inseguridad, desorden y enemigos. Nominativos que le dan derecho de estructurar sus propuestas sin necesidad de traducciones.
La combinación de miedo, inseguridad y enemigos se traduce en un marco político de mayor control y represión constituido por relevar el poder de la policía, cárceles, persecución y criminalización de la migración.
La conjugación de relatos sobre desorden y enemigos ha sido terreno fértil para las reformas económicas que favorecen a lxs más ricxs, recortes en derechos sociales y menosprecio hacia lxs trabajadorxs públicos, señalandoles como “grasa” o “apitutados”.
Durante estos meses la vida en Chile se ha complejizado. La acción de quitar el mecanismo de estabilización del precio del petróleo ha significado un aumento en el costo de la vida. El impacto económico recién comienza y ya se alcanzan índices históricos de cesantía, que presentan las mayores alzas en cinco años, afectando de manera particular a las mujeres y a la población joven.
El Banco Mundial estima un crecimiento menor al uno por ciento este año y la desaceleración económica se agudiza como nunca antes en Chile. Es el gobierno de ultraderecha el nos expone a ella. Acaban de promulgar una reforma económica que reduce los impuestos a los sectores más adinerados del país.
Manifestantes en Alameda, calle principal de Santiago, en una marcha feminista contra la violencia sexista y la violencia politica ejercida contra las mujeres durante las protestas en octubre de 2019. Foto © Nicole Kramm Caifal.
Desarme institucional, reorganización desde abajo
Como parte del desarme institucional, la administración de Kast ha propuesto un presupuesto para el 2027 que, con un discurso vacío con supuestos “recortes parciales”, desmantela el estado y hace que el ajuste económico recaiga sobre las familias trabajadoras.
Quienes están en el poder nos quitan recursos que nos permiten sentir que la vida no es solo trabajar para llegar a fin de mes. Reducen el presupuesto para viviendas dignas, mientras se proyecta un alza en el financiamiento para la construcción de edificaciones religiosas en un estado laico.
Reducen el acceso de infancias a actividades culturales y a mejores bibliotecas (reducciones de un 50,8 por ciento y 57,9 por ciento respectivamente), pero aumentan el presupuesto de Defensa (10,2 por ciento), Gendarmería (18,2 por ciento) y migraciones con foco en la ejecución de expulsiones.
Siendo aún candidato, Kast dijo que el presupuesto refleja las prioridades del gobierno. A nosotras su proyecto nos dice que la única prioridad es limitar las libertades de las personas.
No solo se recorta en materia de salud sexual y reproductiva, sino que también se renombró el Programa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género como Programa Mujer, Sexualidad, Maternidad y Corresponsabilidad. Pasa de reconocer los derechos sexuales y la identidad de las mujeres como plural a focalizar en la mujer como sujeto homogéneo, quitar la noción de derechos y amarrar la sexualidad con la maternidad.
En curso están los procesos de restauración conservadora y patriarcal impulsados por las alianzas de la ultraderecha global de los que el gobierno de Chile se hace parte. Pretenden devolvernos a nuestras casas para ser máquinas de parir ante una crisis de natalidad provocada por los mismos que pretenden gobernar con sus políticas de recorte y ajuste económico. Construyen un marco legal antimujer impulsando leyes como la de antidenuncias y la de escucha sus latidos, que criminaliza las redes de acompañamiento de abortos.
Las necesidades enunciadas por millones en la revuelta de octubre de 2019 y debatidas durante el proceso constitucional siguen vigentes. Hoy cuando nuestros derechos están en riesgo, es necesario sostener la organización, expandir la politización y educar la transformación.
