Disentir contra la desesperanza en Chile
Ilustración digital por @Pazconadie para Ojalá.
Opinión • Alondra Carrillo Vidal • 20 de noviembre, 2025 • Read in English
En Chile, la urgencia de confrontar el avance de la ultraderecha se impuso a los movimientos sociales mucho antes del actual escenario electoral.
Escribo esto la noche del 16 de noviembre, día en que la primera vuelta electoral dio a las fuerzas de derecha juntas más de la mitad de las preferencias. Sabemos que la segunda vuelta presidencial en diciembre enfrentará a la candidata oficialista Jeannette Jara y al candidato de ultraderecha José Antonio Kast.
Nuestra urgencia supone hoy impedir que la desolación ante ese resultado se traduzca en desmovilización. La tarea inmediata es desplegar una campaña autónoma por Jara contra la amenaza que representa Kast en un proceso que, al mismo tiempo que cumpla ese objetivo, nos permita organizar desde ya la lucha para los tiempos por venir.
Para entender ese trabajo y el escenario electoral que se ha configurado en Chile, es fundamental remitirnos a los años últimos convulsionados de lucha masiva que pusieron de manifiesto la crisis.
Escribo en respuesta a los sectores de la izquierda que llaman a desertar y echar tierra sobre esas experiencias de lucha recientes, y que renuncian a ellas para combatir la avanzada fascista. Aquí afirmamos la tarea política de disentir.
Pese a que asumo la responsabilidad personal por las reflexiones que comparto, estas han sido desarrolladas, en lo fundamental, junto a mis compañeras de la Coordinadora Feminista 8M. Desde esta organización, que se propuso levantar un feminismo de lucha contra la precarización de la vida, hemos atravesado este ciclo extremadamente intenso e inestable.
La Coordinadora nació al alero de la huelga general feminista, que impulsamos como parte de una ola feminista global en la que la huelga política de masas se volvió el proceso en torno al cual organizamos nuestra fuerza emergente. Sin soltarnos, navegamos un alzamiento popular, pandemia, encierro, lucha institucional extraordinaria, derrotas, regresiones autoritarias. Hoy, buscamos enfrentar organizadas los desafíos del porvenir.
Centella popular
La revuelta social del 2019 en Chile ha sido la experiencia colectiva de lucha más significativa que hemos tenido en décadas. El conflicto social que la precedió venía en alza y acumulándose con la lucha por la educación, las pensiones, la vivienda, y contra la devastación socioambiental. También fue nutrido por las enormes movilizaciones contra la violencia patriarcal que habían configurado un ciclo creciente de protesta.
Al mismo tiempo, la violencia sigue permanente y cotidiana en los barrios populares, en los horrores del Sistema Nacional de Menores, la crisis continua del sistema de salud, la precarización de las condiciones laborales y los bajos salarios que, sin gatillar amplias movilizaciones de masas, le daban cuerpo, sin embargo, a una normalidad insoportable.
El gobierno de Sebastián Piñera resolvió enfrentar este conflicto abierto clausurando la discusión sobre reformas y apostando a administrar de forma represiva los efectos de la falta de respuesta: más precariedad, más protestas, más represión. La revuelta que se desató en octubre del 2019 inició como el resultado incalculado de su apuesta represiva.
Solo el encierro por la pandemia, acontecido diez días después del 8M de 2020, la marcha más grande en la historia de Chile, pudo interrumpir el movimiento que empujaba al gobierno y al sistema político a una crisis sin precedentes. Se cumplió con ello el sueño de todo gobernante autoritario amenazado: ver las calles y plazas vacías de pronto.
El proceso constituyente que tuvo lugar entre 2021 y 2022 fue el terreno en el que continuó la lucha habilitada por la irrupción popular. En él, se volcaron prácticamente todos los contenidos desarrollados por el movimiento social en las décadas previas. Pese a ello, la propuesta del órgano constituyente fue rechazada en un voto popular y con eso la iniciativa política retornó a los sectores que la revuelta había conseguido impugnar y desestabilizar.
Táctica vs. estrategia
Los progresismos y las izquierdas fueron veloces en apuntar al supuesto “identitarismo” de la propuesta constitucional para explicar la causa del rechazo en las urnas. Con eso, se referían a la fuerte presencia en el texto de contenidos feministas, de pueblos originarios y medioambientales.
Muchas de estas explicaciones, más que dar cuenta de un genuino intento por comprender lo que estuvo en juego en la derrota, parecen ser un ajuste de cuentas fratricida de los sectores populares y progresistas.
El resultado del voto, antes de expresar una valoración de la propuesta constitucional y de sus diversos aspectos, tuvo mucho más que ver con la crisis aún abierta y las contradicciones de su resolución. Ocultar esto del análisis ha habilitado a que los costos de la derrota electoral del proceso constituyente se hayan descargado por entero sobre los movimientos sociales y sus debilitadas fuerzas.
El principal problema de la explicación del resultado electoral a partir del supuesto identitarismo es que desatiende completamente la necesidad de comprender el rechazo como expresión de la revuelta que le dio lugar al proceso constitucional mismo.
Si queremos tener luces que nos orienten, debemos detenernos en mirar cómo se resolvió materialmente la crisis económica y social que hizo nacer y acompañó el proceso constitucional, y qué relación tuvo esa respuesta con la Convención y su proyecto.
Retomemos: la revuelta del 2019 fue una huelga política de masas en un contexto de crisis que enfrentó a la clase trabajadora contra un gobierno que pretendía sofocar dicha crisis por la vía represiva, oponiendo a los sectores populares contra el conjunto del personal político.
El proceso constitucional, en el que continuó desarrollándose la lucha abierta por la revuelta, se dio en medio de la pandemia, es decir, en un contexto que impedía la lucha callejera al tiempo que aceleraba el empobrecimiento de la población. Las urgencias materiales fueron más apremiantes que nunca.
Ante la negativa del gobierno de Piñera a efectuar transferencias directas de recursos a la población, las izquierdas y movimientos sociales impulsamos una ley de doble filo.
La llamada ley de retiros del 10% permitía a les trabajadores sacar dinero de sus cuentas de ahorro provisionales forzosas, que están en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es decir, en manos del empresariado verticalmente integrado (los mismos capitales dueños de las AFP son dueños también del agua, la salud, la educación, la prensa, el suelo urbano, etc.).
La ley, que garantizaba que fuéramos les trabajadores quienes pagáramos la crisis con nuestro salario futuro, apareció como una conquista de los sectores progresistas.
Es esta misma victoria contradictoria la que sería clave para la derrota del proceso constitucional. Como diputado y en campaña, Gabriel Boric y su sector había impulsado la política de retiros previsionales para paliar la crisis. Una vez llegado al mando se negó a autorizar nuevos retiros de tales fondos previsionales.
En medio de una operación comunicacional orquestada por el poder fáctico de las AFP, el debate sobre el sistema de pensiones y, en general, sobre derechos sociales y el carácter del Estado fue reemplazado por el debate sobre la propiedad inmediata de los fondos previsionales de les trabajadores.
Este desplazamiento del debate parecía sostenerse en una contradicción visible para la clase trabajadora: que mientras desde la Convención se proponía un horizonte de derechos sociales universales, desde el Congreso se limitaba el acceso inmediato a los recursos que habían permitido sostener la vida en medio de la crisis y que, además, habían otorgado a mucha gente una experiencia de liquidez y capacidad adquisitiva inusitada.
Para el momento del plebiscito constitucional, la crisis que gatilló la revuelta y que se arrastró durante todo el proceso constituyente tuvo su momento más grave. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la caída de las remuneraciones fue continua desde 2010 y tuvo su mayor baja hacia septiembre de 2022. El plebiscito final que tuvo lugar ese mes llevó a las urnas a más de 5 millones de electores que votaban por primera vez y que habían padecido la crisis profundamente.
Una vez que se negó definitivamente a continuar la política de retiros, la opción por el Apruebo sucumbió frente al Rechazo electoral para no volver a levantarse más.
Contra la violencia neoliberal
Tras la derrota constitucional, con los movimientos sociales desarticulados y en retirada, el gobierno de Boric profundizó la deriva política que hacía suyas las políticas materiales y simbólicas impuestas por los sectores reaccionarios.
Intentó, desesperadamente, mantenerse a flote a punta de administrar lo existente, resguardando la continuidad de lo que inmediatamente antes declaraba impugnar.
La política de gobernabilidad que desplegó el gobierno de Boric ha permitido que ya mucho antes de que la ultraderecha se instale en el gobierno, sean sus políticas las que gobiernan el país.
Está la ley de gatillo fácil, Naín-Retamal, que permite la impunidad policial por los crímenes de la revuelta; la militarización de la Araucanía/Wallmapu, con un estado de excepción vigente durante todo el gobierno; la ley de usurpaciones, que hoy hace posible los desalojos de decenas de campamentos; la ley de permisos sectoriales que rebaja la protección del medioambiente; y la reforma xenófoba y discriminatoria a la ley migratoria que, entre otras cosas, impide a trabajadores y trabajadoras migrantes en situación irregular celebrar un contrato de trabajo.
Como sector del movimiento feminista que pone en el centro las vidas de mujeres, niñeces y disidencias populares, nos hemos llamado ante todo a confrontar ese consenso neoliberal, porque es en ese consenso donde el fascismo fue ganando cada vez más terreno.
La tarea de confrontar el avance de la ultraderecha se enmarca en una más grande: la del rearme de la iniciativa de los sectores populares y el movimiento social en un contexto de arremetida fascista, debilidad orgánica y urgencia de una discusión programática profunda.
Para defender un programa propio que recoja y articule las décadas de lucha y movilización, es clave retornar a la revuelta: a lo que abrió, a los límites que mostró nuestra propia política para enfrentarla y a lo que el proceso constituyente dejó plasmado como testimonio de lo posible.
El desolador momento actual tiene su síntesis global en el genocidio en Palestina y la imagen de su tendencia regional en la masacre recién acontecida en Río de Janeiro. Este momento requerirá de nosotras desprender todos los aprendizajes necesarios de nuestra experiencia, sin echar tierra sobre la revuelta ni dar por agotadas o inútiles las luchas que nos trajeron hasta aquí, porque solo de ellas podemos extraer las lecciones para continuar.
A contrapelo de la parte de la izquierda que abandona lo único que tiene para enfrentar la recomposición autoritaria y el avance de la ultraderecha, reconocemos en la huelga de masas y en las múltiples luchas de los sectores populares los esbozos de la larga recomposición de una clase trabajadora nueva, capaz de fraguar, en sus esfuerzos y aun en sus derrotas, los contornos de un proyecto de futuro.
