La militarización y las mujeres en México
"Desmilitariza tu idea de seguridad, defensa, estabilidad y bienestar". Ilustración digital de @KarenconK.
Opinión • Ana Calderón y Constanza Carrasco • 14 de noviembre, 2025 • Read in English
México atraviesa desde hace varias décadas un profundo y acelerado proceso de militarización, entendido como la transferencia de funciones y presupuesto desde las instituciones civiles hacia las militares.
En Intersecta —organización feminista de la sociedad civil con sede en la CDMX— hemos dedicado gran parte de nuestro trabajo a evaluar el impacto de la militarización en los derechos de las personas, en particular de las mujeres. Ha sido un reto debido a la falta de transparencia y de rendición de cuentas de las fuerzas armadas.
Lo que comenzó como un despliegue de soldados en las calles en respuesta a los problemas de seguridad pública —el ámbito más visible de este fenómeno— se ha ampliado a una estrategia estructural. Ahora abarca la administración de aduanas, la construcción de megaproyectos como el Tren Maya, la vigilancia de las fronteras, la distribución de libros de texto e, incluso, la gestión de empresas estatales.
La expansión del poder de las instituciones militares no ha ocurrido a través de una única vía ni por un solo grupo de actores. Se trata de un proceso que ha trascendido los sexenios del Ejecutivo federal y que ha sido impulsado por la Presidencia, el Congreso, las secretarías de Estado, al igual que por gobiernos estatales y municipales.
La militarización no es solo una estrategia a la que recurren con frecuencia las autoridades civiles. Distintas encuestas revelan que las fuerzas armadas son de las instituciones sociales con mayor confianza por parte de la ciudadanía.
Las autoridades usan dicha confianza para justificar su recurso a las fuerzas armadas, aspecto que quedó evidenciado con la aprobación, en septiembre de 2024, de la reforma constitucional que hace de la Guardia Nacional una institución enteramente militar, con fuero militar, bajo la competencia de la Secretaría de la Defensa (a la par del Ejército y la Fuerza Aérea). La misma reforma también permitió la participación permanente de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
El uso de la fuerza, opaco
Desde hace cinco años hemos solicitado los informes anuales sobre el uso de la fuerza que exige la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza de 2019.
Esa ley requiere que todas las autoridades de seguridad, incluidas las fuerzas armadas (tanto el Ejército como la Fuerza Aérea, la Marina y ahora la Guardia Nacional), publiquen datos desagregados por sexo sobre el impacto del uso de la fuerza, así como el número de detenciones y de personas fallecidas.
Sin embargo, las fuerzas armadas han argumentado que no están obligadas a producir estos informes ya que no se consideran a sí mismas instituciones de seguridad pública. Eso significa que no podemos tener información para evaluar de forma efectiva los resultados de su participación en tareas de seguridad.
A pesar de eso, existen algunos datos que nos han dado luz sobre los efectos negativos del aumento de la presencia militar en distintos ámbitos públicos.
En 2020, en Intersecta publicamos un informe que mostraba cómo los enfrentamientos militares que buscaban contrarrestar los niveles de inseguridad a nivel municipal nunca se asociaron con una disminución de los homicidios. Por el contrario, generalmente llevaron a un aumento de estos, tanto de hombres como de mujeres, lo mismo en el hogar que en la calle.
El año pasado, un informe publicado por México Evalúa encontró resultados similares en las secretarías de Seguridad Pública estatales encabezadas por exoficiales militares.
La militarización de la política migratoria es otro ámbito en el que hemos encontrado afectaciones a los derechos de las mujeres, particularmente a raíz de la participación de la Guardia Nacional en labores de contención del flujo migratorio.
La participación de militares en el Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno, también ha tenido implicaciones importantes para la vida de las mujeres. En este proyecto de infraestructura, el Ejército ha contratado a personas trabajadoras civiles, muchas de las cuales provienen de comunidades indígenas locales.
Según testimonios recogidos por periodistas, las personas trabajadoras civiles contratadas por el Ejército realizan sus labores en condiciones informales: sin contratos, seguridad social ni protecciones laborales, y están sujetas a largas jornadas de trabajo. Asimismo, en el caso de las mujeres, han surgido numerosas denuncias de malos tratos y violencia sexual.
Más aún: las mujeres en los territorios han señalado que sus vidas se ven afectadas por estas obras debido a la imposibilidad o dificultad de llevar a cabo sus actividades diarias con normalidad y al aumento de las formas de violencia en su contra.
"El patriarcado y el militarismo se sostienen mutuamente. No se puede condenar uno sin condenar el otro". Ilustración digital de @KarenconK.
Mujeres y disidencias resistiendo la militarización
En Intersecta hemos identificado a distintos actores, tanto estatales como de la sociedad civil, involucrados en analizar y resistir la militarización. Uno de los grupos más importantes es el de mujeres organizadas y preocupadas por la expansión de este fenómeno.
Entre mayo y octubre de 2025, en conjunto con Limpal Colombia, llevamos a cabo un proyecto en pro de la participación política y el liderazgo de mujeres latinoamericanas y caribeñas.
Uno de los objetivos del proyecto fue explorar los efectos directos de la presencia militar y entender cómo impacta a las mujeres en los territorios, así como identificar las estrategias de resistencia y los distintos tipos de movilizaciones que surgen de los colectivos y organizaciones de mujeres en respuesta a dicha situación.
Durante cinco semanas llevamos a cabo grupos focales y entrevistas con mujeres y personas no binaries, activistas y lideresas de diversas entidades de México, incluidas Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Chiapas, Morelos y Guerrero.
Quienes nos compartieron sus trayectorias, análisis, reflexiones y formas de resistencia forman parte de distintos contextos y luchas, que van desde la exigencia de la legalización de la interrupción del embarazo hasta la búsqueda de personas desaparecidas, así como de colectivas académicas que colaboran en la comprensión de los distintos fenómenos relacionados con la violencia y la inseguridad.
Un primer hallazgo de estos espacios de diálogo fue que las participantes suelen reconocer la militarización como una estrategia estructural que reconfigura las relaciones de poder, el control territorial y el ejercicio de la política en México.
Señalaron que existen diversas formas en que estas transformaciones se materializan y se extienden a lo largo del país, destacando la importancia de las diferencias culturales, así como de la historia relacionada con la organización política de cada territorio.
Señalaron que el discurso estatal suele basarse en la siguiente lógica: la inseguridad es un problema de tales dimensiones, que para resolverla se necesita de una respuesta igual o incluso más contundente, como lo es el uso de las fuerzas armadas.
Cualquier otra opción se percibe insuficiente.
La implementación de esta estrategia y la búsqueda de normalizar la presencia de las fuerzas armadas en las calles han generado una sensación de profunda inseguridad, derivada de los acontecimientos de abuso de la fuerza y violación de derechos humanos.
Este sentimiento se intensifica en las personas defensoras del territorio y activistas en general. Para ellas, lo que se presentaba como una solución terminó siendo un elemento que exacerba la inseguridad.
Obstáculos y esperanzas
Las mujeres con las que conversamos también señalaron diversos obstáculos y aumentos de riesgos en sus activismos y vidas cotidianas a raíz de los procesos de militarización.
Apuntaron que la militarización se ha traducido directamente en una represión visible y marcada en contra de las movilizaciones y el activismo social. Por ejemplo, refirieron que el activismo ha sido objeto de vigilancia constante, incluyendo el uso de drones cerca de centros comunitarios, lo cual ha creado un clima de desconfianza y un mensaje de contención hacia las organizaciones.
Mencionaron el desarrollo de estrategias colectivas y autónomas que priorizan el cuidado y la agencia para sostener sus luchas, así como la adopción de herramientas y el diseño de planes de seguridad en distintos ámbitos como el digital.
En este sentido, el desarrollo de habilidades de investigación ha sido relevante, ya que les ha permitido identificar cuáles son los principales riesgos y socializar diversos mecanismos de protección.
Por otro lado, la generación de redes de mujeres y los espacios físicos y digitales de formación como la Escuela de Liderazgo Político y la Escuela de Mujeres Gobernando en Guerrero son las estrategias que han demostrado ser las más efectivas para el sostenimiento de sus activismos y que les han dotado de capacidades administrativas y de gobernanza aplicables a distintos contextos.
Las personas y organizaciones con las que dialogamos a lo largo de estos meses se enfocan en la construcción de procesos de transformación social profunda, que toman en cuenta las necesidades de cada territorio y fomentan un intercambio y coordinación entre distintos sectores de la población.
Su aspiración política a largo plazo es la construcción de caminos y alternativas en los que los problemas ocasionados por las violencias y la inseguridad se vean lejanos; futuros en los que su trabajo deje de ser necesario. Futuros posibles y alcanzables donde las personas puedan vivir dignamente en cualquier territorio.
A pesar de los desafíos y el agotamiento, su esperanza reside en el sostenimiento de redes colectivas y el compromiso de seguir descifrando cómo se ven territorios más habitables, libres de violencia y militarización.
