La memoria chilena sigue en las calles

Un grupo de bailarinas realiza una intervención con los rostros de detenidxs desaparecidxs durante la dictadura mientras se lleva a cabo la Romería hacia el Cementerio General en conmemoración del Golpe de Estado de 1973, en Santiago, Chile, el 6 de septiembre, 2026. Foto © Sofía Yanjarí.

Reportaje • Yasna Mussa • 25 de septiembre, 2026 • Read in English

La administración de José Antonio Kast optó por la displicencia en el aniversario del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, pero las calles de Chile contaron una historia muy distinta. El domingo 6 de septiembre miles de personas llegaron a la tradicional romería anual por las calles de Santiago hasta el Cementerio General, que se realiza en homenaje a las miles de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. 

Tradicionalmente, el aniversario del golpe se dedica a las personas detenidas y desaparecidas que, cinco décadas después, siguen siendo buscadas por sus seres queridos y cuya ausencia sigue siendo una de las heridas abiertas más dolorosas para Chile.

Sosteniendo letreros con las fotografías de los seres queridos a quienes no volvieron a ver y que hasta ahora no han podido despedir, las personas asistentes coreaban consignas, repetían los nombres y apellidos de las personas desaparecidas o ejecutadas y luego afirmaban: “¡Presente! Ahora y siempre!”. 

Un grupo sostenía un letrero con la leyenda: “Régimen de Kast = dictadura e impunidad. La lucha popular continúa”. Otras personas cargaban claveles para dejarlos en un memorial que contiene los nombres de les desaparecides, pero no sus restos.

Sin actos ni comunicados oficiales, este año las conmemoraciones fueron lideradas por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que, con marchas y concentraciones en distintos puntos del país, reivindicaron su defensa de la verdad, la justicia, la no repetición y el fin de la impunidad.

Un lienzo con el rostro de Salvador Allende junto a cientos de personas y agrupaciones asisten a la Romería hacia el Cementerio General en conmemoración del Golpe de Estado de 1973, en Santiago, Chile, el 6 de septiembre, 2026. Foto © Sofía Yanjarí.

En apenas seis meses, el gobierno de la extrema derecha conservadora ha puesto énfasis en llevar adelante una agenda ideológica que, para Gloria Elgueta, una de las voceras de Londres 38, busca desmantelar la infraestructura chilena en materia de derechos humanos. 

Londres 38 es un excentro clandestino de detención, tortura y exterminio utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura y que hoy es un sitio de memoria abierto a la comunidad y operado por víctimas.

“En primer lugar, el vínculo con la dictadura que tienen los sectores que hoy en día están gobernando. En particular el presidente, que no ha omitido su histórica adhesión. Siendo aún joven, respaldó su continuidad apoyando el Sí en el plebiscito del año 88”, dice Elgueta, en alusión a un referéndum realizado ese año en Chile para definir a través de las urnas si Pinochet continuaba o no en el poder. 

La postura del mandatario de que los derechos humanos “limitan la libertad” se traduce en decisiones de política pública. Elgueta hizo hincapié en que, en materia económica, “estamos retrocediendo con una política tributaria que profundiza la desigualdad”.

Las políticas de seguridad de Kast son estrictamente punitivistas y carecen de una comprensión integral, como podría ser reconocer la importancia de un sistema de pensiones más justo que garantice buenas jubilaciones.

Para Elgueta, el gobierno se ha inventado la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, revelando una política que busca limitar la legítima protesta social.

Desaparecer la historia

Cuando Kast aún no cumplía un mes de gobierno, el 31 de marzo pasado, anunció un cambio drástico que también es una señal política inequívoca: destituyó al liderazgo del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (PNB).

Se trata de un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que pretende rastrear el trayecto de les desaparecides, impulsado por el gobierno de Gabriel Boric en 2023. Logró, entre otras cosas, sistematizar una nómina única de víctimas de desaparición forzada y un mapa georreferenciado de trayectorias, consolidando por primera vez toda la información en un sitio estatal.

Un hombre sostiene un cartel con la frase “Memoria y venganza” durante la Romería hacia el Cementerio General en conmemoración del Golpe de Estado de 1973, en Santiago, Chile, el 6 de septiembre, 2026. Foto © Sofía Yanjarí.

Las profesionales despedidas, con amplia trayectoria en derechos humanos, son la abogada Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos; la abogada Marcela Garcés, quien lideraba el equipo de Búsqueda y Trayectorias; y Tamara Lagos, socióloga especializada en procesos de memoria.

Aunque durante su funcionamiento no estuvo exento de críticas, el PNB fue celebrado por las organizaciones de familiares y víctimas directas de la dictadura pues, después de 50 años, era la primera vez que se anunciaba una hoja de ruta que planteaba una estrategia concreta para hallar respuestas ante la ausencia de personas desaparecidas por el estado chileno.

Londres 38 criticó algunas de las decisiones y la estructura con las que se puso en marcha el PNB, mientras celebraba la importancia de su creación.

“Teníamos muchas limitaciones estructurales de financiamiento para abordar una tarea de la magnitud que implica la búsqueda de los detenidos desaparecidos”, dijo Elgueta en entrevista con Ojalá. “El paso del tiempo juega en contra [y] la expectativa de avanzar con este gobierno parece muy restringida porque efectivamente descabezaron la dirección del PNB que tenía experiencia”.

Elgueta apunta a que el PNB sigue acéfalo. En contraste, Kast designó a Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos, uno de los abogados que defendió a Pinochet tanto en causas por malversación de fondos como en crímenes de lesa humanidad. Para las organizaciones de derechos humanos, el nombramiento es una ofensa a la memoria de las víctimas y una manera de validar la dictadura.

También en el campo judicial se encuentra el uso estratégico de indultos pasivos, que serían una omisión deliberada por parte del estado, a través de la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habría instruido a quienes ejercen como abogades de su Programa de Derechos Humanos a cesar su intervención y oposición en las audiencias judiciales donde se discuten rebajas de condena, beneficios carcelarios o cumplimientos alternativos de penas para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

“Lo último que hemos sabido es que, sistemáticamente, en el caso del cumplimiento de las penas desde el Plan de Búsqueda no se ha alegado respecto de las apelaciones que presentan los condenados para acceder a beneficios como el cumplimiento de sus condenas en libertad”, dice Elgueta.

Los Diablos Rojos de Víctor Jara realizan una intervención en el Cementerio General durante la Romería en conmemoración del Golpe de Estado de 1973, en Santiago, Chile, el 6 de septiembre, 2026. Foto © Sofía Yanjarí.

Uno de los casos emblemáticos es el de César Manríquez, exjefe de la Brigada de Inteligencia de la Dina y del centro de tortura Villa Grimaldi (hoy centro de memoria). Manríquez fue condenado a 57 sentencias dictadas por la Corte Suprema en 2023, en calidad de autor de crímenes que involucran a 89 víctimas de la dictadura: 86 desapariciones forzadas, dos casos de tortura y un asesinato. 

La Corte de Apelaciones de San Miguel, un tribunal superior de justicia colegiado que se encarga principalmente de revisar si las sentencias y decisiones de los juzgados inferiores se apegan a la ley, acogió en abril de este año un recurso de amparo por enajenación mental en el cual solicitaba cumplir su condena en su domicilio. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no apeló, aun cuando existía un informe psiquiátrico que señalaba un posible simulacro de su estado mental. Sin embargo, Manríquez será entregado a su familia para su custodia y tratamiento.

Kast ha dicho en reiteradas ocasiones que valora indultar a personas como Miguel Krassnoff, exmilitar con más de mil años de condena por secuestros, torturas, homicidios y desaparición forzada de opositores políticos durante el período en que Pinochet estuvo en el poder.

Reivindicar la memoria

“Lo que para mí resulta grave es que durante 36 años de gobiernos civiles no se haya hecho el plan de búsqueda”, dijo Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura. “No hay nada que se haya hecho durante los gobiernos civiles más progresistas que no nos haya costado también bastantes peleas”.

Aguilera tiene una trayectoria como militante y defensora de los derechos humanos. Fue expulsada del país por la dictadura en 1984, después su nombre apareció en una lista de personas vetadas para volver. Recién pudo hacerlo en 1991, con el retorno de la democracia, y desde entonces ha dedicado su vida a visibilizar, denunciar y trabajar por erradicar la tortura como práctica sistemática del estado.

Vivió en carne propia la persecución, detención, tortura y exilio de la dictadura y luego vio cómo cada avance en materia de derechos humanos impulsado desde la sociedad civil ha costado organización, resistencia y coraje. 

Velas y fotografías de detenidxs-desaparecidxs durante la velatón en el Estadio Nacional, en Santiago, Chile, el 11 de septiembre, 2026. Foto © Sofía Yanjarí.

Este 11 de septiembre, en que se cumplieron 53 años del golpe cívico-militar, Aguilera no estaba sorprendida por la decisión del presidente Kast de no realizar ningún acto conmemorativo. Es el primer gobierno que pasa por alto esta efeméride desde el retorno de la democracia. “Desde su campaña él demostró ser un negacionista”, dijo Aguilera.

Desde la Comisión Ética contra la Tortura coinciden en la sensación de impunidad, precisando que son 11.925 querellas criminales cerradas por el Ministerio Público sin ser investigadas y que se refieren a denuncias de tortura durante la revuelta social que comenzó en octubre de 2019. 

“Tenían que ver con violaciones sexuales a jóvenes, con maltrato y la aplicación de tormentos en los centros de detención, en los camiones policiales, en las comisarías, en la calle”, dijo Aguilera. “Es una gran deuda del estado de Chile. No hay una cifra porque no quieren tener estadísticas exactas, pero al menos 500 personas sufrieron mutilación de sus ojos y miles de personas fueron heridas con perdigones”.

Para esta superviviente de 69 años, el gobierno de Kast no solo intenta borrar la historia reciente de Chile, sino que presenta una amenaza para les que vendrán.

“Son políticas neoliberales extractivistas que no tienen respeto por la vida, por los pueblos originarios ni por la naturaleza”, dijo Aguilera. “Es grave porque territorios enteros se convierten en zonas de sacrificio. Se hipoteca el futuro de las nuevas generaciones”.