El contradictorio fin de las movilizaciones en Bolivia

Personas con galoneras hacen fila frente a la estación de servicio San Pedro, en la ciudad de La Paz, Bolivia, en busca de combustible el 2 de julio de 2026. Foto © Josué Córtez.

Opinión • Marxa Chávez León • 3 de julio, 2026 • Read in English

El sábado 20 de junio, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en todo Bolivia. El decreto vino poco después de cerrar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), máximo ente sindical que representa a una parte de lxs trabajadorxs asalariadxs del país.

Durante las dos semanas previas, los bloqueos de caminos se mantuvieron sobre todo en La Paz y Cochabamba. Se daban en un contexto cada vez más difícil dada la escasez de alimentos que llevó a un creciente malestar entre la población contra lxs bloqueadores. Eso fue aprovechado por el gobierno de Paz para alargar su política de desgaste, negociación sectorial y represión.

El estado de excepción llegó tras más de 50 días de bloqueos de carreteras sostenidos por organizaciones campesinas lideradas por la Federación Túpak Katari de La Paz y apoyadas por otras regiones y cocaleros del Chapare. A la fecha, ha tenido un saldo de por lo menos14 personas fallecidas, así como decenas de heridas, detenidas con violencia y judicializadas. El estado de excepción permitió al gobierno el despliegue de policías y militares para despejar las rutas troncales.

Entre posturas abiertamente contrapuestas en diversos sectores campesinos, indígenas y populares respecto a la aprobación del estado de sitio, la “vuelta a la normalidad” que pregonan autoridades de estado ha sido anunciada como una “derrota” de lxs movilizadxs, acompañada de un fuerte discurso securitista y punitivista. 

Los bloqueos en algunos casos fueron levantándose por la retirada de quienes los sostuvieron. En otros sitios se produjeron duras acciones represivas, como ocurrió en la ruta Cochabamba-Oruro.

Una semana después de la declaratoria de excepción, el gobierno de Paz definió un nuevo régimen cambiario de flotación administrada, emitiendo a su vez medidas que mitiguen el efecto que podría traer su decisión. Sin embargo, persiste el temor en la población porque el nuevo régimen cambiario podría hacer crecer el costo de vida debido al alza de precios de insumos de importación.

Las rutas contradictorias

El 8 de abril, desde el departamento de Pando, partió hacia la sede de gobierno una marcha compuesta por sindicatos campesinos y organizaciones indígenas de tierras bajas en repudio de la Ley 1720, impulsada por el senador Branko Marinkovic —sombrío terrateniente de ultraderecha en Santa Cruz— y aprobada y promulgada por el gobierno de Paz.

En términos de articulación entre organizaciones sociales, en este lapso existió una alianza inicial entre la columna de la marcha, la COB y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu. También hicieron presente su apoyo a lxs marchistas algunas dirigencias campesinas menores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

El 6 de mayo, la Federación Túpac Katari inició los primeros bloqueos de rutas en protesta por el incumplimiento de sus demandas por parte del Ejecutivo. Asimismo, la organización anunció su respaldo a la marcha campesina indígena y estableció como única exigencia la renuncia de Paz a la presidencia. Finalmente, el 14 de mayo, tras conseguir un resultado agridulce con la abrogación de la Ley 1720, la marcha se retiró de La Paz. 

Sin embargo, los bloqueos camineros continuaron con fuerza en la sede de gobierno, extendiéndose a otros departamentos.

La CSUTCB y las federaciones campesinas departamentales que están bajo su manto, provienen de un tiempo de agotamiento, signado por amplios y profundos procesos de prebendarismo y clientelización, que definieron la forma política de participación de varios niveles de sus estructuras dirigenciales durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Este proceso de anquilosamiento se mostró en la falta de comunicación de las dirigencias de la Federación campesina con las comunidades de base en La Paz. 

La discontinuidad de los instructivos oficiales, documentos definidos entre dirigencias y bases indispensables para la organización de la movilización, es una señal de la pérdida de las asambleas comunitarias como espacios de consulta y debate, elementos que fueron clave para los levantamientos de 2000 a 2005. 

Luego de dictarse el estado de excepción, fue generalizada la acusación de las organizaciones campesinas, contra el dirigente de la COB, Mario Argollo, por “traicionar” las movilizaciones. En ese momento,  emergieron divisiones entre federaciones sindicales campesinas departamentales con la dirigencia nacional de la CSUTCB, por un lado, y  las comunidades de base de las provincias con la Federación Túpak Katari de La Paz, por el otro. 

Es así que organizaciones comunales más locales, como el Comité de Bloqueo de Omasuyos (La Paz), región históricamente reconocida por su lucha durante la Guerra del Gas (2003), anunciaron un proceso de reorganización interna, a la vez que desconocieron y rechazaron al dirigente Vicente Salazar de la Federación Túpak Katari, de la que es parte. Por su lado, una representación de la provincia de Los Andes, ha asistido a negociaciones con el gobierno de Paz esta semana.

Los horizontes de estas formas de crítica y reorganización serán parte de las discusiones internas a corto y mediano plazo, en la medida en que en Bolivia se vive una feroz continuidad de políticas extractivistas de despojo.

Una mujer transita con bolsas de insumos por el mercado Rodríguez, en la ciudad de La Paz, Bolivia, 12 días después de que el gobierno declarara el estado de excepción. Foto © Josué Córtez.

Renovadas formas del despojo

Desde su inicio hace medio año, el gobierno de Paz emitió un discurso en el que trató de diferenciarse absolutamente de los anteriores gobiernos del MAS. Paz prometía superar “el pasado de desgracia” y denunciaba que recibía un país “con la economía quebrada” y en “la peor crisis” económica y social.

Sin embargo, las medidas que ha tomado son de una profundización de las políticas que dejó el MAS respecto a, especialmente, hidrocarburos y minería, habiendo firmado acuerdos con representaciones de cooperativas mineras que ponen en mayor riesgo diversas áreas protegidas y territorios campesinos e indígenas. Por otro lado, no se puede dejar de mencionar el acuerdo del gobierno boliviano con el gobierno de Donald Trump sobre minerales críticos como el litio, níquel, bismuto, tantalio, entre otros.

El gobierno de Paz también ha dado continuidad a proyectos hidrocarburíferos ampliamente resistidos por comunidades campesinas de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, blandiendo el argumento digitado ya por los gobiernos de Morales y Arce de que dicho proyecto extractivo se halla “fuera de la Reserva”, y dando luz verde a un juicio iniciado por la brasileña PETROBRAS y la empresa estatal boliviana YPFB, contra campesinxs que se oponen a la entrada de estas empresas. 

Durante su recorrido y en su ingreso a la ciudad de La Paz en la marcha indígena-campesina contra la Ley 1720 en abril, compañerxs de la Federación campesina de Vaca Díez (Beni) y de las organizaciones indígenas de Trinidad (Beni), en el centro-norte de Bolivia, nos decían: “nos quieren volver a lo de antes, al patronismo.” 

Pero rechazaron ese horizonte, comentando que “nosotros somos productores de asaí para el sustento de nuestras familias. Tenemos otra vocación, es para preservar nuestros bosques, nuestra fauna. Va a haber mucha deforestación, en función a eso es que nosotros queremos que se anule esta Ley 1720”. 

Estas luchas han sido comunitarias y han revitalizado prácticas políticas orgánicas. Sin embargo, no han logrado trascender en una articulación política más amplia con comunidades de las zonas altas y valles, que también son parte de la estructura sindical de la CSUTCB. Como ejemplo de esto, ninguna dirigencia campesina nacional se ha referido a la lucha tariquiyeña. 

Una mujer camina con un bidón de 10 litros de combustible tras adquirirlo bajo un sistema de distribución racionada mediante fichas y numeración, en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 2 de julio de 2026. Foto © Josué Córtez.

Posibilidades

Desde las historias cotidianas, La Paz seguía casi sin transporte público motorizado al ingresar a la cuarta semana de bloqueos camineros. Cientos de vecinxs de barrios populares, con o sin organización, marcharon varias horas a pie hacia el sur de la ciudad, buscando alimentos a precios accesibles, cruzando el punto de bloqueo que impedía el paso de hortalizas y verduras a los mercados.

¿Permite la crisis, tan profunda como extensa, de las estructuras de las más grandes organizaciones sociales de Bolivia leer a cabalidad lo que está pasando en lo cotidiano de los barrios?

No es un asunto menor el que el MAS haya dejado de estar en el gobierno, y por tanto, en el poder del aparato de estado. Eso ha llevado a la implosión de las estructuras sindicales paraestatales durante todo su gobierno. 

Estamos en un momento en el que el racismo y lo colonial supuran desde cualquier hueco de lo social. Hemos mirado el despliegue de grupos de choque en los enfrentamientos y hemos oído el discurso triunfalista de Paz, amparado en un violento despliegue de los brazos represivos del estado. 

Aquí cabe cuestionar y debatir el papel de organizaciones sociales y partidarias urbanas, la profundísima crisis de la COB y de todas las organizaciones de trabajadorxs, campesinxs e indígenas que quedaron desmanteladas por su paso por el estado. 

También, mirar el lugar de las otras formas en que hemos venido luchando desde múltiples espacios por mostrar y poner un alto a las violencias extractivistas y patriarcales cotidianas que nos atraviesan.

El renovado despliegue del despojo no ha dejado de crecer. Y la indignación tampoco.