En Perú, Fujimori no llega al poder, lo amplía

Un grupo de policías resguarda los exteriores de un local de campaña de Keiko Fujimori, donde se ve un cartel con la frase “La fuerza del orden”, en el centro de Lima, el 19 de junio, 2026, mientras simpatizantes de Roberto Sánchez se concentran en un local frente a este para salir a marchar en defensa de su voto. Foto © Connie France.

Opinión • Víctor Miguel Castillo • 2 de julio, 2026 • Read in English

Cuando Keiko Fujimori asuma como presidenta el 28 de julio —fecha que coincide con el aniversario de la independencia peruana— no estaremos ante un nuevo gobierno. Estaremos ante la continuidad de uno que ya gobierna.

Desde el Congreso saliente, con mayoría fujimorista y aliadxs, la denominada por opositores “coalición mafiosa” destituyó presidentes, blindó investigaciones contra sus propios legisladores, doblegó a la Junta Nacional de Justicia (que nombra y destituye jueces y fiscales) y debilitó la persecución de delitos vinculados a economías ilegalizadas (minería, tala y narcotráfico) mientras se presentaba como garante del orden. 

La coalición de Keiko Fujimori no llega al poder en julio. Ya está en el poder hace rato. Lo que va a cambiar, si nada lo impide, es que además del Congreso tendrá la banda presidencial.

Llamarlo continuidad y no simplemente cambio de régimen no es un matiz retórico. Es la diferencia entre advertir sobre lo que se viene y dejarse sorprender otra vez, como si el país no tuviera memoria de cómo opera el fujimorismo cuando concentra poder.

Un voto cerrado 

Con la totalidad de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a 23 días de haberse realizado la segunda vuelta, Keiko Fujimori contó con el 50,135 por ciento de los votos válidos con su partido de derecha, Fuerza Popular. Mientras tanto, su rival de izquierda, Roberto Sánchez, obtuvo el 49,865 por ciento para Juntos por el Perú. Se trata de una diferencia cercana a 50.000 votos sobre casi 20 millones de votos emitidos. 

La hija del fenecido dictador Alberto Fujimori, condenado por las masacres de Barrios Altos, La Cantuta y una ostentosa corrupción, cuenta los días para tomar el cargo que él ocupó entre 1990 y 2000.

Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y heredero político de Pedro Castillo, viene denunciando “un fraude en desarrollo” que lo motivará incluso a recurrir a instancias internacionales. Dice que no reconocerá a un “gobierno ilegítimo” y convoca a una “coalición de resistencia patriótica y popular” con diferentes movilizaciones a lo largo del territorio nacional.

Pero Sánchez no presentó pruebas concretas de fraude. Su argumento era que si se hubiese excluido el voto de lxs peruanxs en el exterior —donde Fujimori obtuvo más del 63 por ciento de los sufragios— él hubiera sido el vencedor.

En las elecciones legislativas que acontecieron en la primera vuelta, Fuerza Popular obtuvo 22 de 60 senadores y 41 de 130 diputadxs en el nuevo Congreso. Juntos por el Perú quedó como segunda fuerza con apenas 14 senadores y 32 diputadxs.

La distancia es elocuente: la mitad del país que rechazó al fujimorismo en la segunda vuelta no tiene, en ninguna de las dos cámaras, una fuerza proporcional a su tamaño real. Tendrá una bancada minoritaria frente a una coalición que ya sabe, porque lo hizo antes, cómo cambiar reglas, blindar a sus propios cuerpos de seguridad y sostenerse en el poder más allá de cualquier resultado adverso. Los resultados permitirán al fujimorismo gobernar con el mínimo de contrapesos institucionales y el máximo de impunidad posible.

Hoy la pregunta clave es qué significa —para un país con la memoria que tiene el Perú— que el fujimorismo vuelva a concentrar todo el poder. 

Un grupo de policías permanece cerca del punto de concentración de simpatizantes de Roberto Sánchez en Paseo Colón, Cercado de Lima, Perú, el 19 de junio, 2026. Mientras tanto, dos mujeres venden sus productos en un pequeño puesto debajo de carteles colocados en una casona antigua en los que se lee la frase “La fuerza de Lima” acompañados por una fotografía de Keiko Fujimori con simpatizantes. Foto © Connie France.

Fantasmas y blancos fáciles

Al cierre de la primera vuelta electoral, escribíamos sobre la persistencia del fujimorismo, sobre esa porción del electorado que vota a la ahora presidente electa elección tras elección. También tratamos el antifujimorismo —la memoria de los crímenes de lesa humanidad, de las esterilizaciones forzadas, de la corrupción sistémica— como la identidad política más sólida de Perú. 

Esa memoria, sostenida durante tres elecciones, fue lo único que evitó que el fujimorismo volviera a gobernar en elecciones anteriores. Esta vez no alcanzó. Por primera vez en cuatro intentos (ante Ollanta Humala en el 2011, Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 y Pedro Castillo en el 2021), Keiko Fujimori prevaleció.

No debería dejar de decirse, sin embargo, como vienen señalando muchos analistas, que se trata de una victoria pírrica. La mitad del país sigue considerando al fujimorismo como el principal responsable de la decadencia institucional, política y social de las últimas décadas. No por algo consiguió entrar a la segunda vuelta electoral apenas con un 17 por ciento de votos válidos.

Dentro del territorio peruano, sin contar la diáspora, Sánchez ganó la elección. Fue el voto de más de un millón de peruanxs habilitadxs en el exterior el que invirtió el resultado nacional. Que la presidencia del Perú la haya terminado de definir, en última instancia, quien no vivirá las consecuencias inmediatas de ese gobierno no es un dato menor. 

El propio Congreso saliente, que culmina su período el 27 de julio, está usando sus semanas finales para aprobar normas que el fujimorismo lleva años intentando instalar. El 23 de junio, en plena tensión por el resultado de la segunda vuelta, el Congreso aprobó en segunda votación una ley que establece que policías y militares sólo podrán ser procesados en el fuero militar-policial cuando se trate de delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, prohibiendo que la justicia ordinaria investigue los mismos hechos. 

Es el mismo esquema de impunidad castrense que rigió en los años noventa bajo Fujimori padre. La norma se aprobó con 52 votos a favor, en contra de la recomendación expresa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El mismo día el Congreso aprobó otra modificación, menos ruidosa pero igual de grave: una redefinición del delito de lesa humanidad que exigirá probar que un crimen forma parte de un “ataque generalizado o sistemático” contra la población civil, o de lo contrario deberá juzgarse como delito común con los plazos de prescripción que eso implica. 

No es difícil imaginar a quién protege esa redefinición, ni de qué casos pendientes podría volver a hablarse en los próximos años. El Tribunal Constitucional ya había establecido que delitos como el asesinato no pueden derivarse al fuero militar por la magnitud del daño que ocasionan. 

Esto es precisamente lo que el fujimorismo, que ya gobierna desde el Congreso e instituciones desde 2016, decidió asegurar antes de que termine el dócil gobierno actual de José María Balcázar, aprovechando una oposición todavía dispersa y una atención pública concentrada en el escrutinio presidencial.

Un grupo de simpatizantes de Roberto Sánchez llega a los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones en el distrito de Jesús María, Lima, Perú, el 9 de junio, 2026, para defender su voto y pedirle al organismo electoral transparencia en el proceso a raíz de las declaraciones del jefe de la encuestadora Ipsos Perú, quien indicó que sus cálculos iniciales parecían revertirse a favor de Keiko Fujimori. Foto © Connie France.

La memoria como resistencia

Si Sánchez sigue convocando, sobre todo en las zonas andinas del país, a la movilización, el 28 de julio no será una transmisión de mando tranquila sino la continuación de un ciclo de respuestas desobedientes ante un régimen impopular. El anuncio de recurrir a instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue una de sus primeras reacciones.

Es probable que esas movilizaciones no logren revertir el destino que las cifras oficiales ya muestran como definitivo. Pero la calle, ese mismo espacio donde el Perú ha vetado en otros momentos lo que las urnas no lograron frenar, seguirá siendo el escenario donde se sostenga la memoria que el nuevo Congreso difícilmente representará. 

No será para pedir reconciliación con quienes vuelven a gobernar. Sino para que el legado de crímenes de lesa humanidad de Fujimori no se borre, no se administre como anécdota y no se vuelva, otra vez, una herida que se cicatriza en falso mientras la coalición que la produjo se instala formalmente de nuevo en Palacio.

La verdadera pregunta es si el país va a permitir, otra vez, que se le pida olvidar a cambio de estabilidad política. 

El fantasma del fujimorismo era más difícil de conjurar porque venía de adentro, de una herida abierta. La tarea no es esperar a que el tiempo la cicatrice. Es no dejar que nadie vuelva a presentar al fujimorismo como algo distinto de lo que fue.