¿Por qué el fujimorismo sigue acechando a Perú?
Un ciudadano peruano asiste al colegio Innova Schools en el distrito de Chorrillos, Lima, Perú, el 12 de abril, 2026, para sufragar. Foto © Connie France.
Opinión • Víctor Miguel Castillo • 1 de mayo, 2026 • Read in English
Un fantasma recorre Perú. No es el mismo que aterrorizaba a las élites del siglo XX ni el de las revoluciones que prometían barrer con el viejo orden. Es otro, más extraño y más perturbador: el fantasma del fujimorismo.
El pasado 12 de abril, 35 candidatos y candidatas a la presidencia del Perú no fueron capaces de entusiasmar siquiera a una quinta parte del electorado.
Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori y candidata de Fuerza Popular, encabezó esta primera vuelta de las elecciones generales con alrededor del 17 por ciento de los votos válidos, siendo la cuarta vez consecutiva que pasa a la segunda vuelta desde 2011.
La acompañará en el balotaje Roberto Sánchez, candidato de centroizquierda de Juntos por el Perú, quien obtuvo el 12 por ciento de los votos, superando por un margen estrecho al ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, quien viene denunciando fraude sin presentar pruebas.
Para entender este momento, es importante regresar en la historia y entender que Perú llegó a los noventa en coma. La hiperinflación del gobierno de Alan García había pulverizado el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. El conflicto armado entre el estado y la guerrilla de Sendero Luminoso dejó inhabitables amplias zonas del país. El gobierno —débil, centralizado en Lima, históricamente ajeno a las mayorías— había sido desbordado.
En ese contexto, Fujimori padre llegó como outsider: ingeniero, hijo de inmigrantes japoneses, sin partido orgánico detrás. Venció a “la casta” representada en el año 1990 por Mario Vargas Llosa, quien contaba incluso con apoyo de una parte de la izquierda.
Cuando se hablaba del clientelismo popular de Fujimori en los años noventa, se hacía referencia al tupper de alimentos. Se decía que el dictador compraba voluntades entregando estos tuppers en los barrios más pobres.
Ha habido momentos de rechazo electoral contra el fujimorismo. Tanto en el 2011 contra Ollanta Humala, como en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski y en el 2021 ante Pedro Castillo, una gran mayoría social activó la memoria que asocia el apellido Fujimori a los crímenes de lesa humanidad, a las desapariciones forzadas, a la inescrupulosa corrupción y a la decadencia moral de las instituciones republicanas.
La identidad política peruana más fuerte, podría pensarse, es el antifujimorismo.
A pesar de eso, el fujimorismo sigue siendo protagonista en cada elección presidencial en Perú, y siempre con chances de ganar. La pregunta —la que incomoda mucho— es: ¿por qué nos seguimos sorprendiendo?
Cientos de ciudadanxs limeñxs, con banderas y símbolos peruanos, se congregan en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito de Jesús María, Lima, Perú, el 14 de abril, 2026, para reclamar y demostrar su malestar por las irregularidades que consideraban estuvieron presentes en el proceso electoral. Esta manifestación frente al JNE fue convocada por el candidato del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien hasta la fecha sostiene que la jornada electoral fue fraudulenta. Foto © Connie France.
La arquitectura del voto fujimorista
En las recientes campañas presidenciales, Jorge Nieto, uno de lxs varixs candidatxs de izquierda, por el partido Buen Gobierno, puso en las mesas de discusión un tema que nos puso en aprietos más de una vez. Los momentos redistributivos durante las dictaduras en el Perú en el siglo XX, de manera reiterada, fueron mayores en comparación con los períodos democráticos.
Nieto hacía, por momentos algo forzado: un paralelo entre la dictadura nacional popular de Juan Velasco Alvarado, que llegó al poder a través de un golpe de estado en 1968 y que promulgó la Reforma Agraria en 1969, y la dictadura de Fujimori, donde se conjuró la crisis macroeconómica.
La legitimidad política del fujimorismo tiene relación directa con la importancia que distintos sectores de la población le otorgan a la pacificación y estabilidad económica lograda durante ese gobierno.
Esa memoria fundacional —por más que viniera acompañada de autoritarismo, corrupción sistémica y violaciones gravísimas a los derechos humanos— quedó inscripta en una generación entera como el momento en que alguien “puso orden”. Por eso Keiko no gobierna: hereda.
Y en un sistema político donde el resto de las fuerzas se ha desacreditado una tras otra, heredar algo —aunque sea sucio, aunque sea discutible— es una ventaja estructural que ninguna campaña puede erosionar fácilmente. Por algo el plan de gobierno que presentó Keiko en estas elecciones, reforzando la memoria del legado de su padre, se llama “Perú con orden”.
Hoy las principales bases de apoyo del fujimorismo están distribuidas entre gremios de pequeños y medianos empresarios, junto a parte del sector informal de trabajadores ambulantes y varios grupos de creyentes evangélicos.
Esa coalición es más reveladora y compleja de lo que parece. El gran capital apoya al fujimorismo, así como a otros candidatos de derecha, como López Aliaga, de extrema derecha. Pero también es el voto de quienes construyeron sus medios de vida al margen del estado.
El fujimorismo no posee una base ideológica concreta. Es una máquina de identidad antes que de programa. No ofrece una visión para Perú. Descifra un reconocimiento: la promesa de que el caos puede ser conjurado, reviviendo viejos fantasmas para garantizar que lo poco que construiste no te lo van a quitar los comunistas de Sendero en sus nuevas versiones democráticas.
Y esa promesa, en un país donde más del 70 por ciento de la economía es informal y casi tres de cada diez peruanxs son pobres, no se debilita con una denuncia (más) de corrupción.
Campañas securitistas
“El Perú no vota ‘mal’, vota como vive: con el estómago vacío y la cabeza sitiada”, dijo Héctor Béjar apenas se supo el resultado electoral de abril. Béjar fue fundador del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los años 70 y canciller en el gobierno de Pedro Castillo.
En este ciclo electoral en Perú, no sólo fue la derecha quien hizo campaña hablando de crimen, castigo y seguridad. Incluso la izquierda adoptó un discurso securitista como estrategia, pensando erradamente que “la gente” quiere mano dura por el solo hecho de la mano dura.
Ronald Atencio, candidato de la alianza electoral Venceremos, llegó a decir en los debates televisados que, de ser presidente, lideraría un “comando de aniquilamiento” para enfrentar al crimen organizado. Ese era el lenguaje de Fujimori padre en los años noventa.
En un país donde la extorsión se ha convertido en un impuesto de facto sobre el trabajo esa interpelación tiene una audiencia real, pero también sabe identificar impostores. Aunque ese orden prometido no toque ninguna de las causas del desorden, el apremio del día a día hace posible candidaturas cada vez más extremas, y no sólo entre las derechas.
La izquierda también dice cosas ciertas: que el modelo político y económico actual excluye, que la riqueza no se redistribuye, que la Constitución de 1993 blinda los privilegios de siempre.
Pero esas verdades no alcanzan.
No alcanzan territorialmente, no alcanzan afectivamente, no alcanzan en el momento en que alguien tiene que decidir en la soledad de la urna quién le habla a su miedo más inmediato.
Hay una brecha entre la verdad del análisis y la capacidad de interpelar a quien vive al límite, y esa brecha es también una responsabilidad política, no sólo un problema de comunicación o de campaña.
La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realiza un mitin de campaña en una plaza ubicada en el distrito de Ventanilla, El Callao, Perú, el 2 abril, 2026. Asistentes y seguidores del partido llegaron al lugar para escucharla y mostrarle su respaldo. Personas ancianas, en su mayoría, recordaban la presencia y apoyo de Alberto Fujimori cuando fue presidente del país. Foto © Connie France.
El fantasma que no se va, una memoria en disputa
En sus tres candidaturas presidenciales anteriores, Keiko Fujimori se quedó a las puertas de la presidencia. Tiene un piso que ninguna crisis logra erosionar del todo debido a que está compuesto no de entusiasmo sino de algo más resistente: de memoria, de redes, de identidad construida en negativo frente a todo lo demás.
El fujimorismo 1.0 capturó algo real, una energía de sectores excluidos que querían un lugar en la economía y en la política. No sólo fue el período en el que se implementó el Consenso de Washington de manual (con la violencia y represión que sus medidas trajeron consigo) también fueron los años en que se desarrolló un capitalismo popular diseñado inicialmente por Hernando de Soto para Vargas Llosa y que mantiene vigencia no sólo teórica sino vital.
Marx y Engels escribieron que un fantasma recorría Europa y que todas las potencias se habían aliado para conjurarlo. El fantasma peruano es más difícil de conjurar porque no viene de afuera: viene de adentro, de una herida que no cicatrizó, de una pregunta que nadie ha logrado contestar mejor todavía.
Cada vez que el fujimorismo pasa a un balotaje una parte del análisis progresista latinoamericano hace el mismo movimiento reflejo: diagnostica alienación popular, pronuncia la palabra clientelismo, hace referencias a mafias, corrupción y se clausura el debate rápidamente.
Pero el voto fujimorista es transversal y desafía la segmentación por clase y los clivajes electorales simples. En lugar de ser el voto de los pobres manipulados y sin agencia o el voto de unas élites satisfechas, el apoyo al ahora partido llamado Fuerza Popular cruza clases sociales atravesando regiones (en la costa y en el oriente del territorio peruano).
Algo más complejo está ocurriendo.
El voto fujimorista no ha sido coyuntural, ha sido una preferencia expresada de manera sostenida en el tiempo.
La mera hipótesis de la manipulación sobre el electorado fujimorista, que infantiliza racionalidades complejas de los sectores populares en contextos de despojo y violencia cotidiana, también es una coartada para no pensar.
El 7 de junio volverán a las urnas algunxs de lxs 27 millones de votantes peruanxs habilitadxs para votar. Lo harán para decidir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en un balotaje que arranca, según la encuestadora Ipsos, con un empate técnico de 38 por ciento.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿el antifujimorismo volverá a ser suficiente para contener al espectro que acecha a Perú?
