Pobreza y policrisis en Cuba

Solidaridad. Ilustración digital © @euse_arte.

Opinión • Eileen Sosin Martínez • 30 de abril, 2026 • Read in English

Mi vecina Margarita, de 85 años, ha empezado a pedir dinero en una panadería en una avenida donde abundan pequeños comercios, al oeste de La Habana. Cuando paso y la veo parada en la entrada del local, me saluda como si nada. 

Margarita es delgada, parlanchina y, aunque camina con paso ligero, lleva una muleta que le ayuda a tener estabilidad. A cada rato hablamos de lo mala que está la cosa, la búsqueda de alimentos ante la escasez crónica y los precios siempre crecientes. 

No abundan las cifras oficiales sobre la pobreza en Cuba, mucho menos actualizadas. Por décadas, “pobreza” ha sido un término tabú y las autoridades han usado eufemismos como “vulnerabilidad” o han llamado “caso social” a personas en precariedad extrema.

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, emitió un decreto que ordena la imposición de aranceles a las importaciones de países que vendan petróleo a Cuba. A medida que pasan las semanas, el bloqueo petrolero de Estados Unidos a Cuba empeora hasta hacer insufribles las condiciones de vida de las personas en la isla. 

El suministro quedó casi extinto después del ataque estadounidense a Venezuela, principal proveedor de crudo de Cuba durante más de dos décadas.

Antes de que la administración Trump impidiera la llegada de combustible, la situación en Cuba ya era crítica. Lo que vemos hoy tiene causas estructurales más profundas y antiguas que trascienden los últimos cuatro meses.

Negación y policrisis

Tiempo atrás, cuando la televisión cubana o los periódicos querían sintetizar el capitalismo salvaje, presentaban la imagen de una persona mendigando junto a las vidrieras de una tienda. Esa misma foto la he visto ya en las calles de La Habana recurrentemente durante los últimos tres o cuatro años quizás.

Todos los días encuentro a alguien rebuscando en los cestos de basura a plena luz o en la noche, mayores y jóvenes. Rescatan quizás algún par de zapatos, latas vacías para reciclar, cualquier objeto al que puedan sacar un mínimo provecho.

Cuba vive lo que varies expertes llaman una “policrisis”: una crisis encima de otra, y otra, en perversa yuxtaposición. Las consecuencias de la pandemia, el aumento de las sanciones de EE.UU. y el desatinado manejo de la economía interna han llevado a la bancarrota del estado y, con ello, al desmoronamiento de los servicios públicos.

La existencia diaria está marcada por los apagones de horas que dificultan las labores domésticas, el estudio y el trabajo. Ello, sumado al desabastecimiento de gas, ha obligado a muchas familias a cocinar con carbón o leña, incluso en las ciudades. El deterioro de la educación, la salud, la vivienda, el transporte y el suministro de agua es comprobable a simple vista y en las conversaciones cotidianas.

Sucesivas medidas de estilo neoliberal —como el recorte de subsidios y la dolarización— redundan en una caída drástica de los estándares de vida de la población. Resulta común que se compare la coyuntura actual con el Período Especial, la profunda crisis socioeconómica posterior a la caída del campo socialista, durante la cual el PIB de Cuba cayó 35 por ciento.

La socióloga Mayra Espina señala que las precariedades afectan principalmente a las infancias y personas de la tercera edad —medios oficiales han reconocido que existe trabajo infantil en Cuba. También golpean más fuerte a las mujeres, personas racializadas, habitantes de la región oriental del país, migrantes internos y personas con discapacidad.

Cualquiera podría ripostar que en otras latitudes ver personas buscando comida y dinero en la calle ocurre a diario y nadie se asombra. Pero en Cuba, durante las últimas seis décadas, estas cosas no se habían visto, al menos no en la proporción de hoy.

Dimensionar la pobreza extrema en Cuba

Entre la negación gubernamental, la falta de datos y la terminología difusa, se vuelve todavía más difícil lograr un análisis exhaustivo del problema. Como en aquel cuento infantil, hay quienes no quieren decir que el rey está desnudo.

Estimados independientes ubican sobre los 16 mil pesos cubanos (unos $33, según la tasa de cambio oficial) el gasto mensual de alimentación básica por persona, sin contar los desembolsos correspondientes a transporte, internet, medicamentos y otros. Mientras tanto, las pensiones no superan los 4.000 pesos ($8) al mes, y el salario medio estatal es de 6.930 pesos ($13). Una simple matemática muestra que una parte significativa de los asalariados y pensionados se encuentra en situación de vulnerabilidad potencial.

Si algo positivo se puede sacar de esta circunstancia, es la movilización de lasociedad civil a través de iniciativasautogestionadas, las cuales se han encargado de llevar medicamentos y comida y recaudar fondos para les más necesitades. 

Aun así, no se puede pedir a ningún proyecto comunitario —ni a la sumatoria de ellos— que realice la labor del estado, sobre todo cuando las causas de la pobreza son estructurales.

Hace meses conversaba con una abogada, ya entrada en sus 70 años, y otra vez resurgía la comparación entre el Período Especial y la actualidad. 

Me comentaba que, a pesar de todo, hoy el panorama luce un poco mejor, porque algunas personas tienen opciones de emprender un negocio o viajar al exterior y estamos menos desconectades del mundo. 

“La diferencia es que antes había esperanza”, me dijo. Antes, la gente esperaba que la cosa mejorara a corto o mediano plazo. Hoy ya no.

Narrativas deshumanizadoras

La pobreza y la desigualdad vienen juntas. En Cuba, mientras la mayoría lucha por poner un plato en la mesa, hay restaurantes y bares llenos y fiestas en las terrazas de los hoteles. Por las mismas calles donde todavía ruedan los carros estadounidenses de los años 50 y los ladas soviéticos, transitan algunos autos teslas y ferraris. 

La respuesta de las autoridades cubanas sorprende por su visión clasista y por criminalizar la pobreza. En un artículo publicado en el periódico Granma —órgano oficial del Partido Comunista—, Isabel Acosta, magistrada del Tribunal Supremo Popular, reconoció la presencia de personas en lugares públicos solicitando dinero y alimentos. Se refirió a este fenómeno como “prácticas que violan las normas legales establecidas”.

A finales de abril de 2024,el gobierno informó sobre una nueva legislación que busca mejorar la atención a personas “deambulantes” —otro eufemismo—, mientras define sus actividades para sobrevivir como “un trastorno del comportamiento humano”. Según el economista cubano Pedro Monreal, este es un enfoque conservador que presenta a les pobres como víctimas de sí mismes y no como cosecuencia de la sociedad que produce su exclusión.

Esta mirada simplificadora del estado se comprueba en las declaraciones de Belkis Delgado, directora de prevención social del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. A su juicio, la primera razón reconocida en Cuba de que una persona se encuentre en situación de calle “es que la familia no la ha atendido correctamente”.

Desde 2014 hasta septiembre de 2023 se clasificaron en el país a 3.690 personas como “deambulantes”. El número representa un subregistro, ya que sólo se contabilizan los individuos tratados en los Centros de Protección Social, de los cuales existen nueve en diferentes provincias. 

Orestes Llanes Mestre, coordinador de fiscalización y control del gobierno de La Habana, insistió en declaraciones al medio oficial Cubadebate que quienes hurgan en la basura no son “deambulantes”, sino “buzos” como una categoría aparte. La deshumanización implícita en tal descripción —más aún en boca de un servidor público— es pasmosa.

Tal actitud llegó al punto del escándalo a mediados de julio pasado, durante las habituales sesiones de la Asamblea Nacional (parlamento), cuando la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, dijo ante les diputades que en Cuba no existe la indigencia, sino que “están disfrazados de mendigos”.

La indignación en redes sociales fue arrasadora tras sus comentarios. El presidente Miguel Díaz-Canelsubrayó que los servidores públicos no pueden actuar con soberbia, desconectades de las realidades que vivimos. Pero aun así, no mencionó la palabra pobreza. Horas más tarde, una nota oficial del gobierno informaba que la ministra Feitó “reconoció sus errores” y presentó su renuncia.

Une no esperaría que, en un país que se dice socialista, una alta funcionaria repitiera —palabras más, palabras menos— el rancio axioma liberal de que les pobres son pobres porque quieren.