Todo salvo buscar
Familias buscadoras participantes en la Búsqueda Nacional en Vida en el camión para transportarse a la pega de fichas por las calles de Monclova, Coahuila, el 24 de septiembre, 2026. Foto © Haarón Álvarez/ObturadorMx.
Reportaje • Aranzazú Ayala Martínez • 9 de octubre, 2026 • Read in English
Familiares de personas desaparecidas en México ingresaron a prisiones y centros de rehabilitación para buscar a sus seres queridos durante dos semanas en otoño como parte de la Búsqueda Nacional en Vida.
Las actividades arrancaron el lunes 21 de septiembre con una marcha en el centro de Monclova, una ciudad devastada por la violencia generalizada durante los primeros años de la “guerra contra el narcotráfico”. En el estado de Coahuila, donde se encuentra Monclova, se registraron 3.691 personas desaparecidas hasta el 7 de octubre de 2026, según datos oficiales.
La jornada de búsqueda en vida forma parte de movilizaciones, jornadas y búsquedas que llevan más de una década ocurriendo en distintos estados de México.
Después de la marcha, una persona se acercó a las familias al ver las lonas con sus fotografías. Les dijo que también tenía un desaparecido pero que no había denunciado, en su momento, por miedo, entre otras cosas.
Así, en cada movilización se activa una red que ha sostenido a quienes buscan a un ser querido. La marcha en Monclova ocurrió a tan sólo cinco días de que se cumplieran 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes siguen sin volver a casa.
Las acciones de búsqueda se gestionan desde siempre por y desde las propias familias, con acompañamiento o apoyo —no siempre— de las autoridades. Y más allá de los avances que ha habido en papel, con más leyes y mecanismos, esto no se ha traducido en menos desapariciones ni más localizaciones.
De acuerdo con familias buscadoras y organizaciones de la sociedad civil, el estado mexicano se ha enfocado en administrar la crisis y burocratizar el dolor más que en atender el fenómeno. Esto es evidente con el incremento en las desapariciones, denuncias de reclutamiento forzado y pocos casos resueltos.
Crisis a cielo abierto
Un día antes del primer partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol se hizo una gigantesca marcha al sur de la Ciudad de México que buscaba llegar al Estadio Azteca (ahora Banorte), a la cual asistieron buscadoras de más de 17 estados y diversos colectivos.
Al avanzar, se encontraron con que la calzada de Tlalpan estaba bloqueada por trabajadores del gobierno capitalino, entre ellos funcionarios de alto nivel como el Secretario de Gobierno, César Cravioto, y el comisionado local de búsqueda, Luis Gómez Negrete.
“Lo que uno tiene que preguntarse es qué hacían autoridades de ese nivel tratando de contener las demandas en una marcha? No es su sitio”, dijo Humberto Guerrero, abogado de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. “La manera de contener las demandas es con el trabajo sustantivo, con el trabajo de búsqueda, no en una marcha”, dijo Guerrero en entrevista.
Jorge Verástegui es buscador e integrante de la Glorieta de Las y Los Desaparecidos ubicada en la Ciudad de México. Busca a su hermano Antonio Verástegui González y a su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desde que fueron desaparecidos el 24 de enero de 2009.
Dijo que el 30 de agosto, Día Internacional contra la Desaparición, vieron a mucha gente integrándose a las actividades como resultado de todo lo que se hizo en el campeonato de fútbol.
Detrás de las marchas yace una difícil realidad permeada de impunidad en las más de 133 mil desapariciones registradas según cifras oficiales.
Pese a que ahora más gente sabe del tema, éste se ha ido complejizando y también empeorando.
“Creo que el hecho de que hay un número indeterminado ahora de colectivos de búsqueda habla del nivel de la crisis y sobre todo de la falta de respuesta del estado”, dijo Verástegui. “Los colectivos continúan asumiendo la responsabilidad del gobierno en temas de búsqueda”.
Buscadoras colocan mantas con fotos de sus familiares desaparecidxs en la Plaza Principal de Monclova, Coahuila, el 21 de septiembre, 2026. Foto © Haarón Álvarez/ObturadorMx.
La burocratización de la desaparición
A casi 20 años del inicio de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006, las desapariciones en México se multiplican y se expanden de la mano de los esfuerzos por encontrar a quienes faltan.
Verástegui, quien es uno de lxs buscadorxs con más tiempo en la lucha, comentó que durante las últimas casi dos décadas, el escenario se ha vuelto cada vez más enredado también por la institucionalización que se ha ido construyendo y ampliando.
Las leyes e instancias creadas durante estos años, como la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas locales y federales, y las Fiscalías especializadas en desaparición, entre otras, han generado una enorme burocracia adicional.
Hoy cuando ocurre una desaparición, la instancia que debería investigar el delito es la Fiscalía (puede ser local o federal), y se supone que la que realiza las acciones de búsqueda es la Comisión de Búsqueda. En ocasiones se crean áreas grises donde fiscalías y comisiones se avientan de un lado a otro la responsabilidad de ciertas acciones, o limitan la misma, dejando algunas pruebas o pistas en el aire.
Además, muchas familias deciden llevar su caso a instancias federales, es decir a la Fiscalía General de la República (FGR), porque aseguran que así avanza más rápido o el trato es mejor. Eso implica estar viajando a la Ciudad de México y un mayor tiempo de espera para agendar reuniones de trabajo y seguimiento.
En esta burocratización, con más trámites y más eslabones en las cadenas de acciones, la búsqueda en sí, de acuerdo con Verástegui “termina siendo la última acción”. Esto está aunado al bajísimo porcentaje de casos donde hay personas detenidas y aún menos sentenciadas por desapariciones.
Para Verástegui, un gran obstáculo siguen siendo las fiscalías, que no han sido reformadas más allá del papel y son las que finalmente están a cargo de las acciones de investigación.
“Parecería que son quienes operan este pacto de impunidad que no se distingue entre un partido y otro”, dijo en entrevista con Ojalá. “Es algo que parecería que vive en la institucionalidad de México al tratar de ocultar que hay desapariciones”.
Nallely Guarneros busca a su esposo, Sergio Rueda Daniel, y a su cuñada, Liliana Rueda Daniel, vistos por última vez en Tehuacán, Puebla, el 16 de julio de 2019.
“Sí se han creado instituciones, desde la Comisión Nacional de Búsqueda, las estatales, los protocolos, el sistema nacional de búsqueda, etcétera”, dice Guarneros. “Pero pues siempre ha sido por motor y motivo de las compañeras [familiares de personas desaparecidas]”.
También han seguido los intentos del gobierno de minimizar la desaparición. A mediados del 2023 se creó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (conocida como el “censo de desapariciones”), impulsada por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum. Hoy se considera un intento de reducir las cifras de personas desaparecidas.
El censo consistía en llamar a las familias que tenían registrada a una persona desaparecida para confirmar si seguía sin localizarse.
A lo largo de su mandato, López Obrador aseguraba que la cifra real era mucho menor a la reportada, y la estrategia funcionaría para reducir los números, en vez de volcar recursos para hacer actos de investigación. Durante su administración, se registró la cifra más alta de desapariciones, mayor aún que durante las administraciones de Calderón y Enrique Peña Nieto.
Buscadoras con las fotos de sus familiares desaparecidxs durante la marcha por las calles de San Buenaventura, Coahuila, el 24 de septiembre, 2026. Foto © Haarón Álvarez/ObturadorMx.
Desaparición y el ejército
Hoy resalta uno de los grandes pendientes del Estado y preocupaciones ante las desapariciones: el papel del Ejército.
En la historia de México, el denominador común de las desapariciones ha sido la actividad militar, incluidas las de la Guerra Sucia. Hay estructuras de poder de facto fundamentales para entender la dinámica de la violencia en el país que siguen sin rendir cuentas por su participación en violaciones de los derechos humanos.
Meyatzin Velasco, directora del área de educación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) remarcó que durante años se ha señalado la colusión o implicación directa de los cuerpos de las fuerzas armadas.
“Hoy vivimos en una época en la que se les ha dado a la seguridad pública y la seguridad militarizada un poder que no tenían y que nunca habíamos visto”, dijo Velasco en entrevista con Ojalá. “[Eso aplica] no solo en términos de control territorial, sino de participación en cosas civiles que no tendrían que tener, y estamos viendo grandes retrocesos. Ya ni siquiera diría pendientes, sino retrocesos”.
El Ejército no entrega la información solicitada (en casos como el de Ayotzinapa), no permite abrir archivos clasificados (como los de la época de la llamada Guerra Sucia), no rinde cuentas y ahora controla espacios migratorios y de infraestructura, destacó la integrante del Centro PRODH. “Lo que vivimos junto con la crisis de desaparición es una crisis de impunidad”, dijo Velasco en entrevista con Ojalá.
Pese a este complejo escenario, después del Mundial lo que se evidenció en la organización social de los colectivos de familiares de desaparecidxs fue la voluntad de dialogar y luchar conjuntamente, a pesar de las diferencias.
Ejemplo de ello son movilizaciones como la Búsqueda Nacional en Vida en Coahuila, que en sus dos semanas de actividad logró encontrar a una persona con vida, y reunir pistas de al menos otras 31, demostrando que la organización desde las familias es la que siempre ha sostenido la lucha.
