De la excepción a la regla en El Salvador
Sin título. Ilustración digital para Ojalá © Andrés Alcalá Rodríguez.
Opinión • Andrés Alcalá Rodríguez • 1 de octubre, 2026 • Read in English
A Víctor Barahona, el régimen de Nayib Bukele le cobró en el cuerpo. Barahona es un periodista comunitario de radio y televisión. Lo detuvieron el 7 de junio de 2022, a poco más de dos meses de iniciado el régimen de excepción. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron por él a su casa, sin ningún motivo, y a partir de ahí pasó 11 meses en los penales de Mariona e Isalco.
Entró pesando 246 libras y salió con 166. En la celda 48 de Izalco dormían 100 hombres en un espacio para 50, de lado, para que cupieran. Les daban medicamentos caducados y los castigaban de rodillas desde las seis de la tarde hasta la madrugada. “Te tratan como a una rata”, resumió Barahona en una entrevista.
La dictadura bukeliana anuncia haber convertido a El Salvador, tras décadas de criminalidad, en el país “más seguro del continente”. La realidad es que se trata de un país que vive a punta de prórrogas del régimen de excepción desde 2022, la última de las cuales —la número 55— fue aprobada el pasado 23 de septiembre de 2026 por la Asamblea Legislativa.
Hoy en El Salvador, experiencias como la de Barahona son demasiado comunes y hay evidencia suficiente de que el régimen de excepción rebasó el combate a las pandillas. Se utiliza como herramienta de persecución selectiva contra cualquier persona que el gobierno considere como detractora, con hasta tres años de prisión preventiva antes de que alguien tenga que probar algo.
Cronología de la captura del estado
Bukele llegó al poder en las elecciones de febrero de 2019. Un empresario de publicidad, elegido bajo las siglas de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Además de ser de la ultraderecha, su triunfo supuso una ruptura con el bipartidismo clásico entre la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), siglas clásicas que se disputaban las elecciones en El Salvador.
La forma de poder bukeliana estuvo marcada por un uso inconstitucional del estado desde el inicio y bajo consignas publicitarias muy marcadas. El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa destituyó a todxs lxs miembrxs de su Sala de lo Constitucional, que aseguraba que la Constitución se cumpliera en todos los actos del Ejecutivo y del Legislativo. Alegaron desde el gobierno que la Sala había actuado de forma inconstitucional al fallar contra decisiones del Ministerio de Salud durante la pandemia de covid-19. Sus miembrxs fueron sustituidxs en cuestión de horas.
El 3 de septiembre de 2021, la nueva Sala bukeliana habilitó, mediante una reinterpretación del artículo 152, la reelección presidencial inmediata para el periodo siguiente.
Hasta ese momento, un presidente en funciones no podía ser candidato sino hasta 10 años después de dejar el cargo. Frente a esa decisión de la nueva Sala, el abogado Enrique Anaya promovió un proceso de pérdida de los derechos de ciudadanía contra lxs magistradxs, porque la Constitución establecía entonces esa sanción para quienes promovieran o apoyaran la reelección presidencial inmediata. Más tarde el régimen le cobraría la factura por su rebeldía.
El Tribunal Supremo Electoral se plegó a la nueva interpretación bukeliana y dejó abierta la puerta a su reelección con Nuevas Ideas en 2024. Fue reelecto en unos comicios que la oposición y directores de la Junta de Vigilancia Electoral denunciaron como fraudulentos. Uno de ellxs, Jeovany José Maravilla, fue detenido este año bajo el régimen de excepción.
El siguiente paso hacia el gobierno autocrático llegó en abril de 2024, cuando la Asamblea saliente aprobó desbloquear el artículo 248 de la Constitución para que una misma legislatura pueda ratificar las reformas que ella misma propone.
En julio de ese año aprobó la reelección presidencial indefinida, extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminó el balotaje como instancia electoral. Todo en la misma jornada.
Afianzar la norma autoritaria
Al momento de escribir este texto, se han cumplido más de cuatro años ininterrumpidos de régimen de excepción en El Salvador. La Asamblea Legislativa presume que la medida ha permitido al país contabilizar “1,172 días sin homicidios [de los cuales] 1,058 corresponden al periodo en el que ha estado vigente esta medida”.
El propio régimen confiesa así que las condiciones que justificaban la excepción han desaparecido y que no haría falta prorrogarla. ¿O acaso las cifras oficiales esconden otra cosa?
Desde luego que sí. Mientras la Asamblea llama “pandilleros” a todxs lxs detenidxs, incluidxs lxs liberadxs y lxs que nunca fueron acusadxs, el régimen de excepción resulta más útil que nunca para perseguir a lxs detractorxs, sean activistas, reporterxs o defensorxs de derechos humanos.
Lo que les queda ahora es afilar el régimen, endurecerlo. La Asamblea Legislativa, entonces, hace lo propio y modifica la Constitución para permitir la pena perpetua en ciertos delitos, entre ellos el "terrorismo". Figuras similares también han sido usadas por el gobierno de Milei en Argentina, Estados Unidos, Israel y Chile contra el pueblo mapuche.
En su libro Fascismo y dictadura, Nicos Poulantzas nos explica que el fascismo es una forma específica de régimen dentro del estado capitalista de excepción. El fascismo surge dentro del estado que organiza las relaciones capitalistas, y no se explica por la sola voluntad de un gobernante.
En El Salvador, la crisis de representación tuvo dos caras. Arena, fue durante tres décadas el partido tradicional de la oligarquía. Con los cambios económicos, la burguesía salvadoreña dejó de necesitar un partido propio, lo que ocasionó que se dividiera su militancia para las elecciones de 2019. La otra cara, el FMLN, que desde los Acuerdos de Paz de Chapultepec de 1992 había representado a las clases populares, gobernó dos períodos sin transformar la estructura del país y perdió a su base. Bukele rompió con el bipartidismo al ganar la presidencia en 2019 como candidato de GANA, y después consolidó el partido Nuevas Ideas, para participar en las legislativas de 2021.
Poulantzas describe al fascismo como un proceso. No se trata de algo que va de un día para otro, sino que avanza hasta el punto de no retorno, que es el momento en el que toma el poder.
En El Salvador, el aparato que manda es el represivo, policía y ejército, y Nuevas Ideas moviliza a su base en las urnas y en las redes, no en la calle. La destitución de la Sala, la reelección indefinida y cuatro años de excepción muestran la reorganización del estado que el proceso exige. Si el punto de no retorno ya se cruzó, lo dirá la elección de 2027, o su ausencia.
El costo del fascismo
Según Amnistía Internacional, al menos 470 personas han muerto bajo custodia del estado desde que comenzó el régimen de excepción.
Mientras tanto, el Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el contexto del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) registró 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025.
Estas muertes y desapariciones no se mencionan en los comunicados de la Asamblea Legislativa que celebran las prórrogas del estado de excepción. Sin duda, se trata de crímenes de lesa humanidad, los cuales son negados por el estado.
El costo también se cuenta en detenidxs. Más de 90.000 de las detenciones registradas tienen origen administrativo, no penal, desde que se inició el régimen.
Este año, Amnistía Internacional publicó que agentes de la Policía Nacional Civil admitieron ante esa organización que recibían cuotas diarias por detención e instrucciones verbales para fabricar actas de captura. Ya no se habla de perseguir a cabecillas de pandillas, sino que, al haber una cuota de detenciones y ante la instrucción de fabricar actas, la persona detenida puede ser quien sea.
Una vez dentro, es muy difícil la salida de prisión. El artículo 17 de la Ley contra el Crimen Organizado permite agrupar a lxs detenidxs en una misma causa por su presunta pertenencia a una estructura criminal y concede a la Fiscalía hasta 24 meses, ampliables por otros 12 mediante solicitud motivada al juez, para presentar la acusación formal.
Esto permite prolongar la espera de la acusación hasta por tres años, mientras lxs imputadxs permanecen en detención provisional.
Verónica Delgado es un caso emblemático en el calvario carcelario de El Salvador. Su hija, Paola Jimena Arana Delgado, está desaparecida desde 2022. El 11 de marzo de 2024, la policía entró a la casa de Delgado sin orden judicial y se la llevó porque, según su abogado, “la vio sospechosa”. Le imputaron agrupaciones ilícitas. Salió con medidas cautelares en abril de ese año y hasta el mes pasado seguía pidiendo el sobreseimiento de su caso ante un tribunal contra el crimen organizado. La Fiscalía tiene hasta 2027 para acusarla.
Delgado y Maravilla —el director de la Junta de Vigilancia Electoral— fueron acusadxs del mismo delito: agrupaciones ilícitas. El artículo 345 del Código Penal castiga el solo hecho de tomar parte en una agrupación que la autoridad considera ilícita. Con eso basta. Que el gobierno vea en una organización social o comunitaria una estructura criminal alcanza para que pertenecer a ella te gane un boleto al penal.
Luego está Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador, quien había denunciado torturas en los penales. Lo capturaron el 25 de febrero de 2025, en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de su organización. El 2 de abril lo trasladaron al penal de Mariona, custodiado por los mismos agentes a quienes él había denunciado.
Desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Ramiro Navas lo resume como la criminalización de “perfiles comunitarios y de participación cívica” sin garantías claras de debido proceso.
El gobierno de Bukele presume que El Salvador es hoy “el más seguro del continente”. Sin embargo, Barahona, Zavala, Delgado y lxs más de 90.000 detenidxs bajo legislaciones fabricadas saben, desde hace cuatro años y en carne propia, el costo de vivir en la dictadura fascista más segura de América, donde el régimen de excepción pasó a ser la regla.
Con especial agradecimiento a lxs colegas y amigxs Oswaldo Feusier y Emperatriz Flores, abogadxs revolucionarixs comprometidxs con la justicia y el amor a su pueblo.
