Reforma petrolera afianza la catástrofe en Venezuela
Ilustración original para Ojalá por @pazconadie.
Opinión • Emiliano Teran Mantovani • 19 de junio, 2026 • Read in English
Apenas 26 días después de la intervención militar estadounidense y la extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores, se sancionó la reforma a la emblemática Ley de Hidrocarburos promovida en 2001 por Hugo Chávez.
Más allá de solo un cambio normativo, esta reforma señala una profunda transformación económica y política del propio modelo centenario del petroestado venezolano.
Hoy el país y su soberanía se encuentran en una encrucijada, ante un modelo petrolero agotado desde hace décadas, pero que simultáneamente está siendo desmantelado.
Aunque la nueva reforma se da en el contexto de la intervención estadounidense, de ninguna manera puede interpretarse como una ruptura con un previo nacionalismo energético.
Al contrario, desde años atrás el gobierno de Nicolás Maduro había iniciado un fuerte proceso de neoliberalización económica, dado el fracaso de los rígidos controles de la economía, las urgentes necesidades de incrementar los ingresos y los impactos de las sanciones internacionales.
Esto incluyó a la industria petrolera, que experimentó un giro aperturista y pragmático. En 2018 se decretó la exoneración del emblemático impuesto sobre la renta cargado a las petroleras transnacionales. Ese ese año se implementaba también el Programa de Recuperación y Prosperidad Económica, lo que fue seguido de la “Ley Antibloqueo” (2020) ─que permite al Gobierno nacional abrir la gestión de activos del estado al capital extranjero, da enormes incentivos a empresas inversoras extranjeras y suprime mecanismos de escrutinio público de las medidas y acuerdos alcanzados─ y la Ley de Zonas Económicas Especiales en 2022.
Desde entonces, Maduro invitaba a todas las empresas petroleras a invertir en Venezuela —especialmente a inversores de EE.UU.— y procuraba que las condiciones para estas fuesen las más propicias.
Un enfoque entreguista del petróleo fue consolidándose, lo que se evidenció con los llamados Contratos de Participación Productiva (CPP), que daban enormes atribuciones a los privados minoritarios en las Empresas Mixtas, y sobre todo con la licencia LG41 expedida en noviembre de 2022, que permitió a Chevron reiniciar sus actividades en Venezuela.
Dicha licencia, posteriormente llamada “modelo Chevron”, fue catalogada como un “modelo” de negocios que autorizaba a Chevron la gestión directa de las actividades primarias y la administración de las Empresas Mixtas, incluyendo la producción y comercialización del petróleo extraído. Prohibía que esta cancelara al estado regalías e impuestos y vetaba a empresas iraníes y rusas para que pudieran ser proveedoras de las Empresas Mixtas.
El “modelo Chevron” allanaría el camino para la reforma de 2026. La figura del nacionalismo energético se pulverizaba. Si se pudiese hablar de una capitulación de la soberanía energética de Venezuela, esta comenzó antes de la invasión y el nuevo régimen legal.
¿Por qué una reforma a la Ley de Hidrocarburos?
Desde 2017, en Venezuela se fue consolidando un régimen autoritario, con un control centralizado de todos los ámbitos del estado y la economía y una intensa estructura de represión social.
Este sistema probablemente vio su punto más alto luego del fraude electoral del 28 de julio de 2024. Ante la destrucción institucional y la descomposición política del gobierno de Maduro, este terminó estableciendo una gobernabilidad neopatrimonial, dirigiendo el país como si fuese una hacienda personal.
En este marco, las leyes fundamentales de la República y la propia Constitución nacional quedaron como letra muerta, y las operaciones y acuerdos petroleros se fueron ajustando y moldeando a los intereses particulares del gobierno y las empresas. La licencia Chevron se basó en negociaciones directas entre EE.UU. y el gobierno de Maduro, y se formalizó sin aprobación de la Asamblea Nacional.
En este contexto, las principales razones de la nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos fueron la construcción de un marco de garantías, estabilidad jurídica y tranquilidad para la penetración masiva de capitales transnacionales en la industria. También propicia la consolidación de un marco jurídico que tenga sentido para un eventual nuevo régimen político subordinado, que además asegure estos cambios para las próximas décadas.
Más perforaciones, menos soberanía
Aunque esta reforma se ha catalogado como parcial, ha sido realmente sustancial, abriendo a una amplísima participación y atribuciones privadas. En parte porque la exclusividad estatal total o mayoritaria en las actividades primarias del sector ha sido eliminada, reconociéndose la gestión de la empresa privada.
La reforma reconoce la continuidad de las CPPs y se estipula que las empresas privadas puedan asumir todas las actividades primarias, incluso comercializar el petróleo extraído. También se establece la posibilidad de transferencia parcial o total de los derechos otorgados desde empresas nacionales a empresas privadas. Esto concreta la considerable reducción del rol y peso de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
En la reforma, se establecen posibilidades de bajar las regalías recabadas y el impuesto sobre la renta, siendo el ministerio competente el que determinará el porcentaje de acuerdo a la “economicidad” del proyecto. Se elimina el requerimiento de aprobación de la Asamblea Nacional para la constitución de las Empresas Mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, y se establece la mediación y el arbitraje internacional ante controversias.
Con la reforma, la propiedad sobre los yacimientos la conserva la República, pero la parte venezolana ha quedado demasiado vulnerada y desvirtuada luego de la intervención de EE.UU. como para ejercer una efectiva y real soberanía.
Implicaciones: un petroestado vasallo
Mientras existan reservas hidrocarburíferas de tales magnitudes en Venezuela, una gran debilidad de los otros sectores económicos y un contexto global de guerra por los recursos y la energía, es probable que sigamos teniendo un estado que base la mayoría de sus ingresos en los crudos. Un petroestado donde lo que cambia es la nueva figura de vasallaje que ha adquirido.
Desde la “Doctrina Donroe”, el gobierno estadounidense tratará de mantener el máximo doblegamiento del estado venezolano, mucho más si sus objetivos geopolíticos en otros continentes no se completan.
Por otra parte, si el régimen de Delcy Rodríguez se termina de acomodar en esta fórmula y le ofrece una relación a EE.UU. más ventajosa que sus competidores, podría asegurarse la prolongación de su partido en el poder.
Para romper este vasallaje, Venezuela requeriría lograr suficiente aglutinamiento de fuerzas nacionales que puedan contraponerse al poder norteamericano. Y recuperar en la medida de lo posible capacidades materiales en lo institucional, lo económico y lo militar, con lo cual sostener una mínima posición soberana.
Hoy tal recuperación no parece factible en el corto plazo. Ha prevalecido la fragmentación, incluso en las fuerzas chavistas.
Todo este marco ha generado un desafío histórico a las nociones de soberanía que se han construido en Venezuela desde hace décadas, si no siglos. Dicho desafío es también regional.
Economía de enclave y perpetuación del extractivismo petrolero
La destrucción del modelo de economía petrolera venezolana y del petroestado, y el sometimiento geopolítico, nos están dejando ante la emergencia de una especie de economía de enclave. Se trata de formaciones más propias del último cuarto del siglo XIX y primero del XX que configuraban territorios para ser simples surtidores de recursos para el mercado global, con escasa conexión con la economía regional y nacional.
En este escenario, Venezuela puede quedar desdibujada y fragmentada, prevaleciendo un conjunto de territorios de expolio, de campos petroleros y minas.
Esto además perpetúa, por enésima vez el extractivismo petrolero en Venezuela, bloqueando seriamente las posibilidades de llevar al país por otros caminos, ante una historia de dependencia, rentismo, corrupción y grandes daños ambientales.
La discusión nacional predominante luego del 3E, sean sectores del chavismo o la oposición, interpreta esta coyuntura como una “oportunidad” para volver a hacer crecer la producción petrolera y gasífera, aunque se han expresado voces críticas desde abajo reclamando la entrega del país.
La realización del ‘sueño’ petrolero venezolano está plagada de contradicciones. La destrucción de la industria y la recuperación de numerosos pozos abandonados implica enormes inversiones estimadas entre $100.000 y $180.000 millones de dólares para alcanzar unos 2,5 millones de barriles diarios dentro de 10 a 15 años.
El enorme grueso de las reservas por desarrollar son crudos pesados y extrapesados con costos de producción elevados, mientras que los crudos convencionales suelen estar en fases de declive con costes que también se han incrementado. Se podría recuperar levemente la producción desde la capacidad instalada existente; mucho más difícil será consolidar nuevos proyectos.
Petroestado sin renta ni patrimonio
La degradación de la captura de la renta petrolera y de la propia gestión de los bienes públicos por parte del estado a través de PDVSA podría generar múltiples impactos en la sociedad venezolana, que se suman al desastre previamente instalado por el régimen chavista.
Entre ellos está la mayor precarización operativa de las instituciones fundamentales del estado y la provisión básica que el mismo ofrece a la sociedad. Los niveles de fragilidad estatal ante los poderes internacionales se incrementan y se favorece la continuidad de un régimen neopatrimonial.
Los vacíos en las funciones estatales podrían terminar de ser cubiertos por el capital privado y transnacional. Esto representaría una privatización masiva de la sociedad venezolana, reduciendo dramáticamente el espectro de lo público. También podría implicar un incremento de la presencia de fuerzas de seguridad privada. Todo esto hace extremadamente difícil la realización de los derechos humanos y la democracia.
La peligrosa invisibilización de la crisis ecológica y climática
La perpetuación de este petroestado vasallo deja al ambiente prácticamente sin opciones. Derrames, incendios, accidentes, la permanente quema de gas en los mecheros, seguirían desarrollándose con gran impunidad, con la continuación de zonas de sacrificio que no serán atendidas para no afectar los márgenes de ganancia de las corporaciones petroleras.
Prontuarios como el de Chevron, con grandes impactos ambientales en todo el mundo, no encontrarían freno, en detrimento de comunidades locales, pescadorxs y pequeñxs agricultorxs que vienen sufriendo los embates de la actividad desde hace años.
Mientras la crisis climática exige desescalar muy buena parte de la quema de combustibles fósiles, Venezuela se abre en facilidades para reescalarla. Es el camino absolutamente opuesto que se debería tomar, pero muy pocxs están hablando de ambiente y crisis climática en Venezuela.
