Cinco siglos de aborto y autonomía en México
Ilustración digital para Ojalá por @Pazconadie.
Reseña • Rina Rossi • 25 de junio, 2026 • Read in English
En septiembre de 2021, con los pañuelos verdes que lucían las feministas latinoamericanas que defendían la justicia reproductiva como telón de fondo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México dictaminó por unanimidad que penalizar el aborto es inconstitucional.
Pero, ¿el aborto en México siempre había sido criminalizado, estigmatizado y denunciado, o bien tolerado y practicado, o tal vez algo intermedio? El nuevo libro de Nora Jaffary, Historia del aborto en México, aborda esta pregunta y ofrece un relato exhaustivo de la larga historia de la práctica.
En solo 122 páginas, Jaffary analiza la historia del aborto en México desde 1519 hasta 2000. Según ella, tanto los tribunales como la sociedad en general toleraban el aborto hasta la aprobación del Código Penal del Distrito Federal de 1871. Las nuevas disposiciones penalizaban a las mujeres por abortar, estableciendo penas de prisión para quienes lo hicieran salvo en los casos en que el embarazo o el parto pusieran en riesgo su vida.
Los primeros debates en torno a la legalidad o la moralidad del aborto se basaban en la protección del honor familiar y del honor sexual de las mujeres. No fue sino hasta finales del siglo XX que la oposición en torno a esta cuestión se centró en la personalidad jurídica del feto.
Al examinar la larga trayectoria del aborto, Historia del aborto en México (Abortion in Mexico: A History), publicada por la editorial University of Nebraska Press (y en español por Tirant lo Blanch), destaca las diferencias en las acciones y actitudes de la población mexicana hacia el aborto a lo largo de los últimos cinco siglos.
Un largo trayecto de control reproductivo
Jaffary es experta en estudios latinoamericanos, historiadora de género y profesora de la Universidad Concordia de Montreal. Historia del aborto en México es el resultado de años de investigación sobre la historia de los derechos y las prácticas reproductivas en el país. Su libro de 2016, La reproducción y sus descontentos en México (Reproduction and Its Discontents in Mexico), examina las actitudes y prácticas mexicanas respecto al aborto, la concepción, el embarazo, el infanticidio y la medicina reproductiva desde 1750 hasta 1905. En esta obra, analiza una gran cantidad de casos judiciales, textos eclesiásticos y literatura médica a los que tuvo acceso en la Ciudad de México, Mérida, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Jaffary utiliza dicha investigación también en su monografía más reciente.
La primera sección de Historia del aborto en México abarca desde 1519 hasta 1870: del período colonial hasta la aprobación del Código Penal del Distrito Federal. Jaffary sostiene que, entre el período virreinal y las primeras décadas tras la independencia de México, el enjuiciamiento del aborto no cambió mucho. Los tribunales mexicanos analizaban los casos de aborto basándose en las Siete Partidas, código legal del siglo XIII redactado durante el reinado de Alfonso X de Castilla. Aunque la pena prevista para el aborto en dicho código era la muerte, pocos tribunales declararon a las mujeres culpables de ello y, por lo general, no las condenaban a más de seis años de prisión.
Jaffary señala que las escasas condenas por aborto antes de la década de 1870 se basaban en garantizar el bautismo del bebé para asegurar su salvación, más que en la personalidad jurídica del feto. La condena del aborto en este período, según la autora, no era un tema “de gran importancia” entre representantes estatales, autoridades religiosas o el público en general.
La forma más común de interrumpir un embarazo hasta el siglo XVIII era la ingesta de plantas con propiedades abortivas. Jaffary recalca que “parteras, herbolarias, curanderas y mujeres laicas poseían un amplio conocimiento sobre el aborto a lo largo de este extenso período”.
El Código Penal de la Ciudad de México de 1871 prohibía el castigo corporal contra mujeres que abortaran, las eximía de castigo cuando su vida corriera peligro debido al parto o al embarazo, y establecía penas de prisión en función del daño que una relación extramatrimonial o prematrimonial pudiera causar al honor de la mujer embarazada y de su familia.
Estos cambios dieron lugar a un mayor número de condenas por aborto que en décadas anteriores, así como a avances en las técnicas quirúrgicas del aborto.
La última sección del libro abarca desde 1931 hasta finales del siglo XX. Según Jaffary, las leyes sobre el aborto en México durante este período mantuvieron muchos de los mismos aspectos del Código Penal de 1871, incluida la disposición según la cual los tribunales debían evaluar el honor sexual de las mujeres embarazadas para determinar la gravedad de su pena.
El Distrito Federal modificó la ley del aborto en 1931 para prohibir el castigo a las mujeres que abortaran como consecuencia de una violación. Jaffary señala que hubo una disminución de las tasas de denuncias por aborto desde mediados del siglo hasta la liberalización de la ley del aborto a nivel nacional en el año 2000.
A mitad del siglo XX se produjo un cambio en la postura dominante de los profesionales médicos del país respecto al aborto. Aunque anteriormente el sector médico había difundido la práctica de abortos quirúrgicos, pasó a mostrarse crítico con ella, oponiéndose a menudo al aborto y recurriendo a la doctrina católica para defender sus posturas. Ella sostiene que, aparte de la influencia de la Iglesia sobre los profesionales médicos, esta tuvo un “papel bastante insignificante” en el cambio de la legislación sobre el aborto en el siglo XX.
Así fue hasta la década de 1990, cuando las organizaciones civiles católicas ganaron fuerza como grupos de presión y agentes políticos. Según Jaffary, fue recién entonces que los debates en torno al aborto comenzaron a centrarse en la personalidad jurídica del feto, debido a la movilización católica tras la despenalización del aborto en el primer trimestre de gestación en la Ciudad de México en 2007. El éxito de estos grupos se refleja en la aprobación de leyes que declaraban el comienzo de la vida humana en la concepción en 17 legislaturas estatales.
En la década de los 80, los grupos feministas mexicanos contribuyeron a dar forma a la liberalización de la ley del aborto en los códigos penales estatales, pero, como señala Jaffary, esto no se tradujo en cambios legales significativos hasta el año 2000. Historia del aborto en México pone de relieve el impacto que tuvieron cuatro décadas de organización feminista mexicana en la opinión pública.
“La noción feminista de que las mujeres son personas y, como tales, tienen derecho a tomar decisiones fundamentales sobre sus cuerpos, su economía y sus familias ha influido en la opinión pública mexicana de manera amplia y sustancial, incluso en el tema del aborto”, escribe Jaffary.
La sentencia de la Suprema Corte de 2021 declaró inconstitucional la criminalización del aborto, basada en una ley de Coahuila que llevaba a las mujeres que abortaban a ser encarceladas hasta por tres años.
Aunque el fallo es federal, cada estado debe ajustar su código penal individualmente. Esto es similar a lo que ocurrió cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, al revocar en 2022 el derecho constitucional al aborto establecido en Roe v. Wade dejó la toma de decisiones sobre el acceso al aborto en manos de los estados, lo que desencadenó un aumento de las prohibiciones estatales del aborto.
En respuesta a las decisiones judiciales en ambos países, grupos feministas han seguido defendiendo el acceso al aborto y la justicia reproductiva en sus respectivos estados. Los colectivos de aborto Acompañantes Laguna en Torreón, Coahuila, y Las Borders en Mexicali, Baja California, luchan por el acceso al aborto en México. La organización feminista Las Libres, con sede en Guanajuato, formó la Red Transfronteriza para suministrar miles de píldoras abortivas a personas en EE.UU. que viven en estados donde el aborto está prohibido.
Desafiando supuestos modernos
Historia del aborto en México es un libro cuidadosamente documentado y escrito de manera concisa, lo que lo hace accesible para muches lectores. Un punto fuerte y no tan evidente del libro es cómo Jaffary resalta la responsabilidad que tienen les historiadores de derribar los supuestos erróneos que tenemos sobre el pasado y su relación con los debates políticos actuales. Esto no se limita al estudio de la historia del aborto, sino a los acontecimientos del pasado en general.
En concreto, sostiene que a menudo vemos el pasado como un medio para legitimar el presente, y sugiere que es deber de les historiadores cuestionar nuestras preconcepciones sobre la historia.
“A veces, especialmente en temas políticos tan delicados como el aborto, nuestras proyecciones sobre el pasado reflejan con mayor claridad nuestras convicciones actuales y distorsionan enormemente las realidades del pasado porque, en realidad, no estamos tratando de verlas”, escribe Jaffary.
La importancia de seguir el consejo que Jaffary da a historiadores se puede apreciar en su análisis sobre las mejoras para abortar con pastillas a finales del siglo XX. Sostiene que esto no fue un invento nuevo, sino una práctica que las mujeres en México habían llevado a cabo durante siglos, basándose en sus propios conocimientos botánicos y reproductivos.
“Lo que podría parecer la innovación médica más dramática en materia de aborto de finales del siglo XX”, escribe, “podría entenderse, en cambio, como una continuidad de la práctica de las mujeres desde antes de la conquista, durante la época colonial y en el siglo XIX de ejercer control reproductivo mediante la ingestión de abortivos a base de plantas”.
Jaffary detalla cómo el aborto se practicaba ampliamente en México hace cientos de años, refutando la idea popular de que se trata de una tendencia reciente. Su trabajo también destaca a actores olvidades en la historia de la ciencia: mujeres, parteras y curanderas tradicionales que desarrollaron métodos abortivos con plantas mucho antes del siglo XX. Por ejemplo, las parteras tradicionales brindan atención de salud reproductiva fundamental que salva vidas en México, atendiendo 90 mil partos al año.
Historia del aborto en México plantea preguntas importantes sobre qué —y quién— puede considerarse científico, y ofrece una perspectiva más apropiada para comprender el género, la medicina, la ciencia y los derechos reproductivos.
