Escasez y extractivismo en Bolivia
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Opinión • Claudia López Pardo • 21 de agosto, 2026 • Read in English
La crisis energética en Bolivia no da tregua. La escasez de hidrocarburos produce incertidumbre y la gente hace fila en las estaciones de servicio de las ciudades centrales.
Las colas son parte del paisaje urbano tapizado por carros grandes y pequeños de toda forma, color y modelo a la espera de proveerse de gasolina. Las filas de bidones guardan un turno según cada propietarix. El transporte pesado también hace largas colas, con esperas de uno a tres días para abastecerse de diésel. En algunos lugares tampoco hay gas licuado de petróleo para el consumo doméstico.
En poco tiempo la población ha naturalizado las filas para obtener combustible. Se asocia la escasez con crisis, inflación, especulación y precarización de la vida.
Las conversaciones habituales contienen estas preguntas: ¿cómo resolveremos la falta de gas? ¿Volveremos a cocinar a leña? ¿A cuánto ascenderá el precio del gas domiciliario?
Otra de las preguntas que hoy circulan en los hogares bolivianos y en los medios es si con la extracción de nuevos pozos se resolverán los problemas cotidianos provocados por la falta de hidrocarburos en Bolivia.
Debido a la caída significativa de las reservas de gas y la producción de hidrocarburos, el gobierno de Rodrigo Paz, heredero del régimen extractivista anterior, no escatima esfuerzos para el avance de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petróleo Brasileiro (PETROBRAS) en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía.
A la escasez se suma otro problema: YPFB distribuyó gasolina adulterada, produciendo daños mecánicos en los motorizados. El gobierno paga compensaciones a 89.651 afectadxs.
Aunque YPFB asumió responsabilidad institucional, todo señala la corrupción en algunos niveles del gobierno. En abril, el ministro de hidrocarburos Mauricio Medinaceli fue destituido y guarda prisión domiciliaria.
Lo real es que no hay hidrocarburos para la provisión diaria. Las colas por gas, diésel y gasolina son la expresión visible y recurrente de la falta de abastecimiento de combustibles desde, al menos, el inicio de 2025, aunque el desabastecimiento ya era descrito como un problema que venía acumulándose desde meses anteriores. El gobierno patalea e intenta reducir los efectos de décadas de subvención.
Y no todo pasa en las ciudades. La vida en el campo, a una escala más familiar o comunitaria, se enlaza con la escasez y la dificultad de abastecimiento de diésel para la maquinaria y las herramientas del trabajo agrícola. En cambio, el capital agroindustrial no hace filas. La Cámara Agropecuaria del Oriente acordó con YPFB un abastecimiento diario y directo para el empresariado.
El gobierno de Paz anunció que mantendrá congelado, por ahora, el precio interno de GLP en 22,50 pesos bolivianos ($1,89 USD) por una garrafa de 24,2 litros, pero la caída de la producción nacional de gas genera una creciente presión sobre el esquema de costos. Eso se debe a la posibilidad de tener que recurrir a la importación de GLP a precios significativamente superiores.
La crisis del gas puede terminar trasladándose progresivamente a la reproducción cotidiana de las unidades familiares, especialmente si es que el estado ya no podrá sostener la diferencia entre el precio interno y el costo de importación.
Entre telones, se anuncia el encarecimiento de los productos básicos y de los alimentos de la canasta familiar, lo que traerá nuevas dificultades en la cocina y en el trabajo reproductivo.
Los términos de la disputa
Existen dos maneras de abordar lo que está en disputa en el debate sobre la ocupación de Tariquía, o no, para la extracción de gas. Depende de quién determine el valor del territorio. En este caso, del estado boliviano o de las comunidades que luchan por la defensa de la vida.
El gas es un bien común predominante en la matriz energética boliviana. Sus usos abarcan la generación eléctrica, la industria y el consumo doméstico y comercial. Bolivia es un país exportador de gas: el mercado se centró históricamente en su venta a la Argentina y Brasil. El ingreso del gobierno depende de los niveles de producción para la exportación.
Desde el inicio de su gobierno, Paz ha recurrido al endeudamiento para cubrir la escasez. Bajo el programa denominado “Capitalismo energético inteligente”, ha eliminado la subvención de hidrocarburos y ha importado y distribuido gasolina y diésel en grandes volúmenes. Paralelamente intenta abrir el sector energético al capital privado. El pasado 17 de agosto emitió el Decreto 5676 que retiró la subvención de diésel a grandes consumidores para reducir costos de importación.
El enfoque de “transición energética” del gobierno propone explorar en territorios con reservas probables como el área protegida de Tariquía. La exploración de nuevos campos se presenta como una estrategia para recuperar la producción y renta nacionales.
En ese sentido, la disputa por la Reserva de Tariquía puede analizarse como una lucha entre dos formas de calcular el valor. La primera significa ver el territorio como fuente de renta hidrocarburífera y, la segunda, como espacio de reproducción de la vida.
La Reserva de Flora y Fauna de Tariquía es un ecosistema frágil que alberga a 22 comunidades campesinas que reproducen su vida cotidiana en convivencia con lo no humano. La gestión equilibrada del área protegida que estas realizan ha logrado la preservación del bosque húmedo y biodiverso.
La función de sostenibilidad ecosistémica de la Reserva garantiza los procesos ecológicos, la regulación y provisión de las fuentes de agua, la conservación de suelos, el mantenimiento de la biodiversidad y regulación climática y del carbono. Esta función garantiza las condiciones materiales para la reproducción de la vida no solo de las comunidades humanas y no humanas en Tariquía, sino también del resto del país.
Estos pilares de los ciclos de regulación del aire y del clima no pueden contabilizarse y no aparecen en las cuentas económicas del estado. En cambio, el gas del subsuelo es una mercancía contable.
Las comunidades de Tariquía se oponen a la entrada de petroleras a la Reserva desde hace más de una década. El gobierno de Paz se ha empeñado en reactivar las actividades en el pozo denominado Domo Oso X3, cuyo potencial se comprobaría con la perforación y exploración.
Hasta ahora hay una serie de controversias en torno al nuevo pozo, ubicado en la zona de amortiguación de la cabecera de una cuenca de agua, y sobre la validez de la consulta para la aprobación del proyecto. Lo más reciente son los intentos de aprobación del nuevo plan de manejo ambiental por parte del YPFB-PETROBRAS, que insiste en socializar su propuesta, generando conflictividad entre las comunidades de Tariquía.
¿Sacrificar Tariquía?
Nos encontramos en el umbral de un tiempo en que la dureza de las condiciones estructurales habilita un proceso de fascistización social. Vimos cómo en el último conflicto —bloqueos que duraron más de un mes en muchas partes del país— los rasgos más reaccionarios también emergieron.
En este país de históricas luchas por lo común aprendimos que la crisis de la reproducción social requiere que volvamos a los debates en nuestras tramas, barrios y comunidades. Hoy toca entender la escasez de gas, la inflación y la subida de los productos de primera necesidad para hacernos cargo de los asuntos públicos que garantizan la reproducción de nuestra vida.
Politizar los términos de nuestra sostenibilidad y la actual dependencia de Bolivia de la renta de los hidrocarburos pone en el centro la importancia de la lucha por la defensa territorial de las comunidades de Tariquía.
Nuestra calidad de vida depende de los flujos ecosistémicos y metabólicos del bosque y de las comunidades que, en equilibrio, trabajan y reproducen su vida allí. Nos beneficiamos más con preservar Tariquía y defenderla que del despojo capitalista del estado boliviano y sus aliados transnacionales.
Este debate no es solo ambiental, es económico y político. Los beneficios ecosistémicos son inconmesurables frente a los beneficios de la renta hidrocarburífera. Si aquellos se preservan, se podrá sostener la vida de las generaciones venideras. En cambio, si el gobierno extrae el gas, este se agotará. Su ciclo es finito.
El fin del ciclo del gas evidencia la centralidad de las políticas rentistas de todos los gobiernos de turno, tanto los abiertamente neoliberales como los del progresismo. El modelo de acumulación actual ha beneficiado históricamente a los empresarios capitalistas otorgándoles subsidios, ampliando la frontera de expansión al abrir las áreas protegidas para actividades hidrocarburíferas. ¡Es un escándalo!
Si la escasez de hidrocarburos afecta todos los niveles de la reproducción social y de la vida, la precarización no es una condición marginal, es una regla y nos afecta a todxs. Por tanto, ¿quién gestiona la precariedad? ¿Quiénes son lxs más beneficiadxs por el modelo de acumulación extractivista?
Si bien sabemos que la economía boliviana depende del mercado mundial, no es un destino ser lxs eternxs dependientes de la exportación de materias primas.
Requerimos de un verdadero paradigma de transición energética que problematice esa dependencia y regule los flujos de producción, distribución y consumo. La propuesta de diversificación del gobierno de Paz profundiza la dependencia.
Los problemas de hoy, generados por el desarrollismo extractivista que despoja a los territorios y comunidades, nos encaran a un futuro complejo e insostenible. Los costos sociales, energéticos y ecológicos generados en los territorios despojados ya no pueden quedar ocultos bajo la narrativa sectorial o ambiental. Volvamos al debate y hagamos cuentas claras para evitar que el gobierno de Paz desgarre a las comunidades de Tariquía.
La crisis energética no es solo una crisis por la escasez de hidrocarburos o bienes naturales, pone en cuestión al modelo de acumulación. ¿Quién gana y a costa de quién?
