Plantón de activistas trans inicia su tercer mes en Monterrey, México

Ana Eugenia Rodríguez, vocera del plantón trans, frente al Congreso de Nuevo León. 6 de enero, 2026, Monterrey, Nuevo León. Foto © Chantal Flores.

Reportaje • Chantal Flores • 22 de enero, 2026 • Read in English

Lucero Cerda Santoyo sobrevivió a un intento de transfeminicidio—aunque el estado de Nuevo León, donde vive en México, no reconoce este delito como tal. Desde noviembre, forma parte de un plantón de mujeres trans en Monterrey, la capital del estado, que continuará, dice, hasta que esa figura jurídica sea una realidad.

Cerda Santoyo fue atacada en julio de 2020. Alcanzó a ver en el espejo del respaldo de su cama cómo su rostro perdía el color por la asfixia. Pero, por obra de Dios, como ella lo describe, logró zafarse y forcejear con el hombre, su cliente. Lo detuvo y lo amarró de pies y manos hasta que llegó la policía. Aunque lo detuvieron, más tarde lo dejaron ir. 

“La policía nunca presentó a esta persona; es algo increíble. Salieron con que [yo] lo lastimé más a él”, explica Cerda Santoyo, de 49 años. “Para que veas la magnitud de la impotencia y de la impunidad de las autoridades cuando se enteran que eres una mujer transexual”.

Entre los recientes asesinatos de mujeres trans en Nuevo León figura el de Paola Jaqueline, amiga de Cerda Santoyo, quien fue asesinada mientras ejercía como trabajadora sexual. Aranza Aldanelly, de 23 años, fue encontrada muerta con signos de violencia después de tres semanas desaparecida. Una tercera joven fue hallada muerta en un motel, pero las autoridades no brindaron más información sobre el caso. 

Esos tres casos impulsaron a Ana Eugenia Rodríguez, activista y exregidora municipal, junto a la asociación civil Casa Trans, a presentar una propuesta para incluir el transfeminicidio en el Código Penal de Nuevo León, con el fin de reconocer el asesinato de mujeres trans por odio y transfobia como un delito específico. 

En México, solo seis estados reconocen el delito de transfeminicidio, lo que obliga a las autoridades a garantizar el derecho a la identidad de género de las víctimas. Esto implica reconocer su nombre, género y familia elegida, además de investigar si el ataque estuvo motivado por prejuicios o transfobia. 

Sin embargo, a finales de 2025, Rodríguez fue notificada de que la propuesta había caducado sin siquiera haber sido discutida por el Congreso de Nuevo León. 

“Nunca se soluciona nada, nunca nada de nada, y creo que ese es uno de los principales factores a los que nos enfrentamos al pertenecer a la comunidad de chicas transexuales de Monterrey, y no de Monterrey, de todo México”, dice Cerda Santoyo. 

Por ello, las activistas presentaron nuevamente la iniciativa y desde el 20 de noviembre de 2025 —el Día Internacional de la Remembranza Trans— mujeres trans realizan un plantón afuera del Congreso estatal de Nuevo León. 

Violencia sistémica

“Esta vez va con una exigencia mayor, ante el hartazgo, ante el miedo de que nos sigan matando y ante la indiferencia del Congreso, del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, decidimos hacerla con un plantón permanente hasta que nos den respuesta”, dijo Rodríguez.

Rodríguez, vocera del plantón, señala que durante estos más de 50 días han enfrentado hostigamiento policial, bajas temperaturas y desgaste emocional al balancear sus jornadas laborales con la protesta. Al menos 10 mujeres permanecen presentes día y noche, organizándose en turnos para no afectar su economía y poder sostener la lucha. 

“Por la buena no es suficiente”, dice Rodríguez. “Pedirlo de manera formal y como son los protocolos de solicitudes de atención ciudadana, a nosotras no nos ha funcionado. Nosotras hemos ganado todo luchando y exigiendo, plantándonos, manifestándonos”.

María Romero, abogada litigante en temas de violencia de género, explica que en Nuevo León, cuando se presenta una iniciativa, se le asigna una comisión de 11 integrantes que debe dictaminar antes de que la propuesta pase al pleno de 42 legisladores para su aprobación. 

“Este tema del transfeminicidio ni siquiera lo han discutido en la comisión chiquita de las 11 personas”, explica Romero. “No ha habido ni siquiera un documento que intente darle un análisis al tema y lo preocupante es que vemos los casos de las muertes”.

La falta de mecanismos jurídicos para prevenir o sancionar el transfeminicidio también genera una falta de datos oficiales confiables y desagregados. Tan solo en 2024 se documentaron 59 asesinatos de mujeres trans en México, pero activistas advierten que existe un subregistro, ya que muchos casos no se reportan o se clasifican de manera incorrecta. 

Romero, quien también es secretaria técnica de la Comisión para la Igualdad de Género estatal, recalca la importancia de escuchar las demandas de las activistas trans en el plantón. Para ella, visibilizar esta violencia permite no solo atender los crímenes, sino también enfocarse en la prevención. Por eso insiste en que es fundamental escuchar “a las que están aquí en Nuevo León que nos lo cuentan, las que están vivas”.

Por los derechos ganados y familia elegida

Durante años, mujeres trans y activistas en Nuevo León han exigido a las autoridades que investiguen con perspectiva de género y reconozcan la identidad de las víctimas. Al emitir una ficha de búsqueda, por ejemplo, si aún no existe un cambio legal de nombre y género, las autoridades siguen utilizando el nombre asignado al nacer, a pesar de que la persona ya no se identifica con ese nombre y su comunidad solo reconoce su nueva identidad. 

“Existen criterios de la Suprema Corte que mencionan que hay que respetar la identidad y el nombre de la persona, sobre todo si lo ha expresado públicamente en sus redes sociales o ante sus personas cercanas”, explica Romero. “Pero también es de respeto”.

Otra exigencia de la propuesta es el reconocimiento de la figura de acogimiento o de familia social. Según Rodríguez, esto es vital, ya que las poblaciones trans, en su mayoría, viven alejadas de sus familias biológicas por la discriminación y la violencia que enfrentan. La falta de información y los prejuicios puede llevar a que estas familias las expulsen o se distancien de ellas.  

“Entre nosotras llegamos a formar vínculos que a veces son más fuertes que los familiares”, agrega Cerda Santoyo. En su rol de “madre” —figura de guía y apoyo dentro de la comunidad trans— no solo ha brindado apoyo para que las jóvenes continúen sus estudios o para la prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual, sino también para acompañarles en casos de agresión. 

Cerda Santoyo y Rodríguez aseguran que la exclusión de la familia elegida complica el seguimiento de los casos, pues les impide acceder a avances clave o participar en la investigación para garantizar la justicia. Asimismo, esta falta de reconocimiento impide que las familias elegidas puedan recuperar los cuerpos y brindarles un entierro digno a sus seres queridos.

“El año pasado tuvimos cuatro que se fueron a la fosa común y tres vivieron con nosotros durante muchos años”, cuenta Rodríguez. “No pudimos recuperar los cuerpos y tuvimos que darles ese adiós doloroso, inhumano y falto de dignidad”.

Por ello, las activistas consideran necesario mantener el plantón hasta que se logre la tipificación del transfeminicidio en el estado sin importar cuánto tiempo lleve. En los primeros días de enero, tuvieron una reunión con el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad del Legislativo para establecer mesas de trabajo, una vez que el Congreso reanude sus actividades en febrero. 

“Ha sido una lucha histórica en Nuevo León”, dice Rodríguez. “Por los derechos de las poblaciones trans, por detener la violencia que existe de manera desproporcional y desmedida en contra de nosotras, de nuestras identidades, de nuestra existencia”.