Las bases se movilizan por la tierra en Argentina
Tati Quispe, mujer quechua-aymara e integrante del medio de comunicación indígena TeleSisa con carteles que denuncian que “La segunda colonización se escribe con decretos” el 1 de agosto, 2026 en Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.
Reportaje • Susi Maresca • 4 de septiembre, 2026 • Read in English
El 6 de agosto se anunciaba una lluvia torrencial en Buenos Aires. La gente con paraguas se acercaba de a poco a las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina para defender el territorio ante un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de avanzar con lo que desde las bases se denomina la “Ley de Extranjerización de la Tierra”.
Este proyecto de ley, impulsado por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), se llama formalmente Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Entre otros objetivos, intentaba flexibilizar las protecciones establecidas por la llamada Ley de Tierras (Ley 26.737) sancionada en 2011. Una protección clave que el gobierno buscaba socavar era el tope impuesto al porcentaje de territorio que se puede vender a capitales extranjeros. La iniciativa pretendía elevarla del 15 al 25 por ciento, incluyendo zonas con lagos, ríos y fronteras.
Científicxs y personas vinculadas al ámbito de la defensa del ambiente denominaron al proyecto de ley del gobierno la “Ley de Extranjerización de la Tierra”. Si se promulga esta ley, opositores afirman que beneficiaría principalmente a las élites extranjeras vinculadas al sector tecnológico y a la inteligencia artificial.
El rechazo a este paquete de leyes movilizó a miles de personas el 6 de agosto a lo largo del país.
“Yankees go home”, dice un cartel que sostiene una joven en una performance realizada frente al Congreso de la Nación el 6 de agosto, 2026 en Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.
Había cientos de lugares de encuentro en todo el país para la movilización, organizados al igual que en Buenos Aires, por las mismas asambleas y comunidades que lo hicieron para defender los glaciares ante iniciativas legislativas similares del gobierno.
La consigna era clara: “La tierra no se vende, no se quema, ni se desaloja”.
Bajas clave
Un día antes de la manifestación, Patricia Bullrich —exministra de seguridad y actual senadora de LLA que impulsa este saqueo— anunció que el Capítulo III había sido eliminado del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se presentaría en el pleno del Senado. El Capítulo III era el que buscaba modificar la Ley de Tierras.
Pese al anuncio, que fue un triunfo, la movilización siguió en pie.
Estaba convocada a las 12 p.m., aunque el grueso de la gente llegó a las 2 p.m. Nadie imaginaba ni la cantidad de gente que llegaría ni la brutal represión y cacería que se desatarían hasta horas de la madrugada, dejando un saldo de 1500 heridxs y 28 detenidxs en Buenos Aires.
Represión en el Congreso de la Nación durante la movilización en defensa de la Ley de Tierras el 6 de agosto, 2026 en Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.
Para Guillermo Folguera —biólogo, filósofo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)— el proyecto de Extranjerización de la Tierra no debe entenderse de forma aislada.
“Es fundamental poner este capítulo en relación con la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y con el intento de aprobar ahora el Súper RIGI, el vaciamiento de la Ley de Glaciares y la Ley de Flexibilización Laboral, entre otros”, dijo Folguera en entrevista con Ojalá.
El RIGI fue creado en 2024 mediante la Ley Bases, que le otorgó a Milei y su gabinete poderes legislativos extraordinarios. El RIGI estableció una serie de exenciones fiscales, aduaneras y cambiarias extraordinarias a corporaciones extranjeras por 30 años, y otorga ventajas a grandes capitales para la explotación minera y petrolera.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para Folguera, se completa con otras piezas del mismo rompecabezas, incluida la recientemente aprobada reducción drástica de las protecciones medioambientales consagradas en la Ley de Glaciares.
“Garantizan la entrega de los territorios a corporaciones y grupos financieros internacionales vinculados a los extractivismos agrícolas, inmobiliarios y de hidrocarburos”, dijo en entrevista con Ojalá.
En su camino al Senado, el proyecto fue perdiendo más capítulos clave, que buscaban favorecer la especulación inmobiliaria. Por ejemplo, se quitó el Capítulo IV que hubiera modificado la Ley de Manejo del Fuego que protege terrenos incendiados por 30 a 60 años, una normativa que busca desalentar incendios intencionales con fines comerciales. La propuesta del gobierno para revertir las protecciones llegaba luego de un verano de incendios récord en áreas clave, como la Patagonia.
El colectivo Ni Una Menos con una bandera que dice “Vivas y libres nos queremos” en la movilización en defensa de la Ley de Tierras en las afueras del Congreso el 6 de agosto, 2026 en Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.
“Le deshilachamos el corazón del proyecto”, dice eufórica Jessi Gentile, coordinadora de la Red Ecosocialista y parte del colectivo Basta de Falsas Soluciones, que organiza a nivel federal la defensa de los bienes naturales.
“Eso no ocurrió porque de repente apareció una mayoría parlamentaria dispuesta a defender nuestro territorio”, dijo Gentile. “Ocurrió porque fue creciendo una movilización plurinacional y diversa que convirtió un tema que parecía técnico en una discusión profundamente popular”.
Tanto para Gentile como para muchxs, la lucha por la tierra conectó con una fibra sensible como hacía tiempo que no se veía. Esa memoria histórica se revivió en parte cuando los jugadores de la selección masculina de fútbol desplegaron una bandera casera que proclamaba “Las [Islas] Malvinas son argentinas” al festejar su victoria ante Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial.
Desalojos y expropiaciones
A pesar de haber dado marcha atrás en varios elementos, el 7 de agosto de 2026, el Senado dio media sanción a dos capítulos clave de la Ley de Extranjerización: Expropiaciones y Procedimiento de Desalojo. Esto es especialmente grave para inquilinxs y para las comunidades indígenas.
Desde la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena en el 2024, que suspendía los desalojos hasta hacer el relevamiento catastral, los desalojos no dejaron de crecer.
Si se promulga la Ley de Extranjerización, legalizaría la desposesión de quienes hoy son la última línea de batalla y resistencia ante el extractivismo y la defensa de la naturaleza.
“Yo pregunto a los presentes si se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más”, cantaba Víctor Jara en Desalambrar.
Una mujer lleva escrito en su rostro “La tierra no se vende” el 6 de agosto, 2026 en Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.
La lucha por la tierra en Argentina es constitutiva del estado nación, es su paradoja fundacional: un país que se construyó sobre genocidios de comunidades indígenas, masacres de obreros y usurpaciones.
A lo largo de 200 años, esta disputa de los grandes capitales se materializó con violencia. Muchos de quienes hoy nos gobiernan, como Bullrich, heredaron de sus familias tierras que fueron expropiadas a las comunidades indígenas entre los siglos XIX y XX mediante campañas militares.
Más cerca en la historia, en el año 1982, en plena dictadura cívico-eclesiástica-militar, una guerra ilegítima terminó de exponer esa misma lógica de usurpación sobre un territorio estratégico llamado Islas Malvinas.
Recién en 2011, con la sanción de la Ley de Tierras, se puso un coto a la avanzada moderna de extranjerización, aunque la restricción todavía es amplia al permitir que hasta el 15 por ciento del territorio nacional, provincial y municipal esté en manos extranjeras.
Según el Observatorio de Tierras, 13 millones de hectáreas argentinas están en manos extranjeras, lo que equivale al 5 por ciento del territorio. Por eso se cuestionaba tan fuertemente la ampliación propuesta al 25 por ciento que pretendía la Ley de Extranjerización del gobierno.
El observatorio confeccionó un mapa en el que se pueden observar los lugares donde el límite de extranjerización supera el 15 por ciento que establece la ley y esto —destacan— es lo más preocupante.
Subrayan que existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley —Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja y Molinos y San Carlos en Salta— donde la extranjerización supera la mitad.
Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o minerales. A su vez, Iguazú en la provincia de Misiones, Ituzaingó y Berón de Astrada en Corrientes, y Campana en Buenos Aires— todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná, superan ampliamente el 30 por ciento.
“La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, dice la bandera que encabeza la columna en avenida Corrientes el 1 de agosto, 2026 en Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.
¿Para quién se organiza el territorio?
Para Gentile sería un error pensar que por frenar capítulos clave de esta ley se terminaron los ataques sobre el territorio. “Hay que mirar lo que está ocurriendo alrededor de la inteligencia artificial y los centros de datos para la vigilancia y el disciplinamiento social”, dijo.
Se refiere a Peter Thiel, fundador de Paypal y director ejecutivo de Palantir, que desde hace más de cuatro meses está en el país reuniéndose con Milei y sus funcionarios. Es la expresión de una nueva élite tecnológica global que busca territorios y marcos regulatorios a su medida.
“No es ciencia ficción ni de modernización tecnológica como nos quiere vender el gobierno”, dijo Gentile en entrevista. “Hablamos de quién va a controlar la infraestructura, la energía, los datos y los territorios necesarios para una nueva economía”.
Aunque lxs tecnomagnates hablen de “la nube” como si flotara en el cielo, la nube tiene territorio: la IA y los centros de datos necesitan suelo, enormes cantidades de energía y agua.
Es ahí donde, según lxs especialistas entrevistadxs, se conectan las modificaciones de leyes que protegen el territorio nacional, como la Ley de Tierras, con esta nueva ofensiva de lxs barones de Silicon Valley. La pregunta de fondo es: ¿para quién y para qué se organiza el territorio?
Si la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se aprueba, lo que va a conseguir el poder internacional es la gran posibilidad de avanzar sobre todo lo que está vivo aún en Argentina. Por este motivo, una gran variedad de organizaciones ambientales, transfeministas, sindicales y comunidades indígenas convocan a una marcha federal de la bronca el 19 de septiembre, en alusión a el icónico himno de protesta del rock argentino que entre sus estrofas dice: “No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca mi bronca”.
