La lucha por los glaciares sigue ante retroceso legal en Argentina
Rostro de una mujer de la brigada azul del colectivo XR (Rebelión o extinción) en el Congreso de la Nación el día que se trató la Reforma de la Ley de Glaciares en el Senado. 26 de febrero de 2026, Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.
Reportaje • Susi Maresca • 23 de abril, 2026 • Read in English
La entrada vidriada del Edificio Anexo del Congreso de la Nación en Buenos Aires está vallada, apenas son las 3 p.m. del 25 de marzo y hay una fila larga de personas afuera. Un empleado verifica documentos de identidad y corrobora en una táblet un listado. Está vestido con traje y rodeado por policías y gendarmes.
Moviendo la cabeza de un lado al otro, el hombre avisa a la fila larga, compuesta por muchas personas de otras provincias y distritos de la República Argentina, que no podrán hablar en la audiencia pública para defender la Ley de Glaciares de una reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei.
En el 2010, la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Glaciares y del Ambiente Periglacial —conocida como la Ley de Glaciares— estableció los glaciares y el ambiente periglacial como bienes de protección común y como reservas hídricas estratégicas. La norma pionera puso un freno al avance de los proyectos extractivistas, protegiendo las reservas de agua presentes y futuras.
La Ley de Glaciares estuvo en la mira del gobierno desde que inició la administración de Milei en diciembre del 2023. Dos años más tarde, su gobierno presentó un nuevo proyecto para limitar la protección únicamente a los glaciares con “función hídrica comprobable” y, además, delegar en las provincias la definición de qué áreas resguardar.
La reforma facilita así la minería en zonas antes protegidas; organizaciones socioambientales coinciden en que viola el principio de no regresión ambiental de la Constitución Argentina.
Ante la presión de diputadxs opositorxs, el gobierno de Milei convocó una audiencia pública que obtuvo una respuesta récord con 105.000 personas inscritas, pero sólo hablarían en total 200.
Afuera del Congreso el 25 de marzo, se formó entonces una audiencia pública en la calle en la que ponentes rechazadxs se sentaron en sillas de diversos tamaños y colores junto a otrxs manifestantes: familias enteras, jóvenes, jubiladxs, científicxs, comunidades indígenas, actores, abogadxs y activistas.
“En Uspallata nos levantamos mirando el agua antigua que son los glaciares, tenemos una relación espiritual y cultural”, dijo entre lágrimas Claudia Herrera, de la comunidad Huarpe Guaytamari de Mendoza, una provincia marcada por la cordillera de los Andes y proyectos extractivistas. “Si ellos mueren, morimos nosotros”.
Los días siguientes, hasta que se aprobó su modificación el 9 de abril, hubo asambleas abiertas, vigilias, acampes y movilizaciones en todo el país. La reforma entra en vigencia a fines de abril, pero organizaciones socioambientales ya están preparando una demanda colectiva histórica y la lucha continúa al grito de “La Ley de Glaciares no se toca”.
Una mujer frente a un cordón policial sostiene un cartel que dice “No a Ley Barrick Gold de Glaciares” el 26 de febrero de 2026. Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.
De agua dulce a megaminería
Los glaciares son ecosistemas milenarios, una fuente de agua dulce y potable para al menos siete millones de personas y para centenares de especies de la biodiversidad en Argentina.
Según el Inventario Nacional de Glaciares creado por la Ley de Glaciares y realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), en la región andina de Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo. Se extienden a lo largo de más de 5.000 kilómetros y atraviesan 12 provincias, desde Jujuy, en el norte, hasta la provincia más austral, Tierra del Fuego.
Las luchas por el agua en Argentina llevan más de 25 años y están ligadas a la protección de los glaciares y ríos del país. Casi todas se entrelazan con luchas antiextractivistas contra la megaminería y el agronegocio, que avanzan como una amenaza existencial para las reservas de agua.
“Nuestra experiencia con la megaminería es negativa en un 90 por ciento porque nos decían que iba a haber trabajo y no fue así”, dijo Rosa Farías, docente jubilada y miembro de la Asamblea El Algarrobo en Andalgalá, provincia de Catamarca en el noroeste del país. “Nos decían que no iba a contaminar y ahí tenemos el dique de cola, ese piletón contaminante con los desechos de la megaminería y tantas personas enfermas de cáncer”.
Según IANIGLA, en la última década se registró una reducción del 17 por ciento de hielo descubierto en la región noroeste del país.
“La Ley de Glaciares se construyó desde las bases y es pionera en la región en la protección de nuestras fuentes de agua”, dijo Farías. “Con esta modificación a las provincias de la cordillera nos han declarado la muerte”.
Desde la aprobación del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) en julio de 2024, siete meses después de que asumiera el gobierno de Milei, la Ley de Glaciares quedó como el único obstáculo para la protección de las zonas periglaciares. En algunas provincias ya se desarrollaban proyectos extractivos en etapas de prospección o exploración en esos ambientes, los cuales se encontraron con la resistencia de las comunidades locales, que denunciaban su ilegalidad.
Entre las grandes corporaciones megamineras interesadas se encuentran Glencore (suizo-inglesa), BHP (anglo-australiana), Lundin (canadiense), Río Tinto (de capital estadounidense, australiano e inglés con participación japonesa en algunos proyectos en Argentina) y Barrick Gold (canadiense). La reciente reforma otorga a las autoridades provinciales la facultad de determinar qué áreas se protegen y en cuáles se habilitarán actividades comerciales.
Por esta razón, el rechazo a la modificación a la Ley de Glaciares no fue solo de la sociedad civil y las organizaciones, sino también de especialistas en glaciología, hidrología, ciencias ambientales y geografía redactaron una carta advirtiendo sus consecuencias.
Cuatro jóvenes con glaciares pintados en su rostro en una de las movilizaciones en defensa de la Ley de Glaciares frente al Congreso de la Nación. 4 de diciembre de 2025 en Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.
Glaciares, donde se juntan los tiempos
“Las aguas no conocen fronteras, son madres que nos alimentan, en especial el cerro Aconquija, que para las comunidades indígenas tiene un valor espiritual inmenso”, dijo Lourdes Albornoz, una de las 200 expositoras que habló por videollamada el segundo día de la audiencia pública. “Es un apu, un sitio sagrado que guarda espíritus antiguos”.
Albornoz es del territorio diaguita, un grupo de pueblos indígenas que se extiende por varias provincias argentinas y parte de Chile. En diálogo con Ojalá, recuerda que los glaciares son aguas fósiles que permanecen disponibles para nosotrxs y para las generaciones futuras. Allí se han encontrado vestigios arqueológicos que demuestran que muchos de sus antepasados realizaban ofrendas.
“Es un espacio donde se juntan los tiempos, los pasados más remotos, inimaginables con estos, y los que están por venir”, dijo.
La modificación a la Ley de Glaciares ha sido un golpe profundo para su pueblo, ubicado en Tucumán, una provincia azotada por inundaciones provocadas por la erosión de suelos producto del extractivismo.
“Lejos de cuestionar el modelo extractivo que genera estas inundaciones, los gobiernos siguen aliándose a las empresas para profundizar el daño ambiental, el desequilibrio ecosistémico y la injusticia social”, dijo Albornoz. “Por eso los pueblos nos estamos levantando”.
Beatriz Mercado integra la Asamblea por el Valle de Uspallata ubicada en la provincia de Mendoza, donde Zonda Metals GmBH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina) junto al gobernador Alfredo Cornejo quieren instalar el proyecto San Jorge (PSJ Cobre), una mina de cobre y oro a cielo abierto.
Para Mercado, desproteger los glaciares perjudica a su provincia, Tucumán, y a todos los pueblos de zonas cordilleranas, donde las lluvias son escasas y dependen estrictamente de la nieve que cae en invierno.
“Acá con el proyecto San Jorge usarían una cierta cantidad de agua de un arroyo que dicen que les pertenece porque está dentro del perímetro del proyecto”, dijo Mercado. “El agua, la tierra es de los pueblos, de la gente que habita estos lugares y de ninguna manera estamos dispuestos a entregarla a estas empresas que explotan sin ningún reparo del daño que hacen”.
En Mendoza las fuerzas de seguridad reprimen repetidamente las protestas en contra de la megaminería y del proyecto PSJ Cobre que suceden a lo largo y ancho de la provincia. En lo que va de 2026, decenas de personas han sido detenidas y judicializadas por defender el agua.
“El gobernador Cornejo ha habilitado a la policía para que salga a cazar gente cuando nuestras marchas son pacíficas”, dijo Mercado. “Es muy triste lo que está pasando, pero pensar en un futuro sin agua, la verdad, es mucho peor. Sabemos que entregar el agua es entregar la vida”.
Asamblea plurinacional en defensa de los Glaciares en la Ciudad de Buenos Aires. 29 de marzo de 2026. Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.
La siguiente batalla
Pese a la condena social y la destacada visibilidad mediática, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Glaciares el 9 de abril. La controvertida reforma todavía no está vigente: falta que se publique en el Boletín Oficial, lo cual debería ocurrir para el viernes 24 de abril.
Mientras tanto, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas junto con FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y Greenpeace está construyendo lo que está resultando ser la demanda colectiva más grande de la historia argentina con 865.000 firmas. Con el apoyo de más de 40 organizaciones, recalca la inconstitucionalidad de la reforma y el desdén del gobierno ante la indignación pública.
“Esta reforma es absolutamente inconstitucional porque permite la minería en zonas de glaciares y ambientes periglaciares”, dijo Romina Araguas, abogada ambientalista, en diálogo con Ojalá. “La demanda es aunar fuerzas para que se respete el derecho a un ambiente sano, incluido en nuestra Constitución Nacional en el artículo 41, y el derecho al agua, a vivir en ríos libres de minería”.
No es la primera vez durante el gobierno de Milei que la lucha contra el avasallamiento de derechos conquistados pase al ámbito judicial tras obtener el aval legislativo. La reforma laboral, que también fue aprobada pese al fuerte rechazo popular, está frenada en los tribunales tras un amparo favorable en una causa presentada por la Confederación General del Trabajo.
La demanda colectiva por la Ley de Glaciares se presentará cuando se implemente la reforma, haciendo hincapié en la fuerte participación popular y comunitaria para defenderla.
“Esa fuerza que se generó y esas ganas de participar son lo que también recoge esta denuncia”, dijo Araguas. “Pero también vamos a exigirle al gobierno que cesen todos los proyectos mineros que están en zonas glaciares y periglaciares actualmente”.
Pese a los obstáculos, el nuevo ataque a la Ley de Glaciares ha despertado las aguas que somos, como Argentina, de manera plurinacional y federal, con movilizaciones y acciones a lo largo del país. Porque sin glaciares no hay agua y sin agua no hay nada.
