La Patagonia, al fuego de violencia estatal
Una activista sostiene una bandera del pueblo Mapuche durante protestas contra la ofensiva racista y ecocida del gobierno de Javier Milei, el 14 de febrero de 2025 en Buenos Aires. Foto © Daniella Fernández.
Opinión • Daniella Fernández • 20 de junio, 2025 • Read in English
El 11 de febrero de 2025, en pleno verano austral, mientras más de 50,000 hectáreas de bosques ardían en la Patagonia, el gobierno de la provincia de Chubut encabezado por Ignacio Agustín Torres, ordenó un operativo policiaco simultáneo contra 12 comunidades originarias mapuches.
El despliegue fue brutal: allanamientos de casas, agresiones a personas mayores en presencia de infancias, incautación de libros, saqueo de radios comunitarias y la detención de Victoria “Vic” Núñez Fernández.
Núñez Fernández, de 37 años, nacida en Ituzaingó, Buenos Aires, había arribado en 2020 al Lof Pillañ Mawiza, comunidad ubicada en Corcovado, Chubut. La sola presencia de un vehículo similar al suyo en las cercanías de la escena fue suficiente para atribuirle participación como coautora del incendio en la estancia Amancay, sobre la Ruta 71. Le imputaron tres cargos, entre ellos, participación en una asociación ilícita y disturbios en la vía pública. Contrario a lo afirmado por fuentes del oficialismo, Núñez Fernández no es mapuche.
La figura de Núñez Fernández fue instrumentalizada por el aparato judicial y mediático argentino como parte de una campaña de criminalización y desinformación que lleva décadas construyéndose en Argentina. En esta narrativa, las identidades mapuches y tehuelches —pueblos originarios de la Patagonia— son presentadas como "terroristas" y enemigas del Estado, campaña que ha terminado arrastrando también a quienes se solidarizan con los pueblos originarios. Incluidos los propios brigadistas que, a inicios de año, intentaron sofocar los incendios que el gobierno desestimó.
Detrás del fuego y la violencia estatal hay un patrón que se repite.
El objetivo: despejar el camino para la entrega de territorios a inmobiliarias, corporaciones extractivas y fuerzas militares. Sin la resistencia de pueblos originarios ni activistas, la Patagonia quedaría disponible para el reparto, dividida entre intereses empresariales y cortada al gusto de manos extranjeras.
¿Qué ocurre hoy en la Patagonia?
Chubut, Río Negro y Neuquén —las tres provincias que conforman la región patagónica de Argentina— son escenarios de una misma película que se repite una y otra vez: desalojos, represión, persecución política. Un accionar respaldado por una narrativa elaborada desde los centros de poder, que acusa a las comunidades originarias de ser violentas, un peligro para la sociedad argentina.
La campaña antimapuche no comenzó en 2016, pero tuvo un punto de inflexión ese año, cuando Patricia Bullrich asumió como Ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri. En su paso por el gobierno conservador-macrista, la mano de Bullrich estuvo implicada en, al menos, dos hechos sangrientos: la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Desde entonces, el hostigamiento no ha cesado; por el contrario, se ha profundizado.
A ocho años, Bullrich vuelve a ocupar el cargo de ministra de Seguridad, esta vez bajo la administración de Javier Milei. Cambió el amarillo del partido Propuesta Republicana por el púrpura distintivo de La Libertad Avanza (LLA). Distinta casaca, mismo o peor método.
Diez días después de la investidura presidencial de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023, el gobierno de LLA derogó por decreto la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que limitaba al 15 por ciento la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y prohibía la adquisición por extranjeros de terrenos con cuerpos de agua significativos.
En noviembre de 2024, ante la Asamblea General de la ONU, Gerardo Werthein, canciller argentino, votó en contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos originarios. La resolución no estipulaba nuevos alcances en materia de derechos, pero sí reafirmaba el principio de consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales.
Argentina fue el único voto en contra.
Un mes más tarde, el 10 de diciembre de 2024, el gobierno de Milei eliminó la prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que suspendía los desalojos de todas las comunidades originarias, hasta que se completara el relevamiento de sus tierras ancestrales
La medida tuvo consecuencias inmediatas: la comunidad Pailako —comunidad Mapuche, ubicada en la provincia de Chubut— fue desalojada del territorio que había recuperado en 2020, dentro del actual Parque Nacional Los Alerces. Los pueblos habitaban esas tierras desde mucho antes de la creación de Parques Nacionales.
“Las niñeces no pueden entender por qué no pueden retornar al lugar donde nacieron y crecieron”, Moira Ivana Millán, weychafe (guerrera) mapuche, dijo en conversación con Página 12. “Viven el desarraigo con dolor, tristeza y una falta total de entendimiento ante una política de Estado que no les quiere por ser mapuches”.
La tierra prometida del capital
En su búsqueda de una “Argentina modernizada y del primer mundo”, el gobierno de Milei considera que cada centímetro de tierra es mercancía para el gran capital. De ahí la apuesta máxima por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), lanzado en 2024, en el marco legal de la Ley Bases que le otorgó poderes extraordinarios a Milei para tomar decisiones sobre ciertos temas sin pasar por Congreso.
El RIGI, inmodificable durante 30 años y dirigido a captar fondos mayores a 200 millones de dólares, apunta directamente a transnacionales como la farmacéutica Bayer/Monsanto, la empresa de tecnología del litio Livent, o la transnacional minera Barrick Gold, que ya controlan gran parte del mercado extractivo argentino, sobre todo en el norte del país. Este modelo de promover inversiones representa la profundización del paradigma neoliberal impuesto en Argentina desde los años 90.
Pero, ¿a quién le hablaba Milei cuando habla de una “Argentina del primer mundo”?
Hablaba a magnates como el británico Joe Lewis, quien, a través de maniobras fraudulentas, logró adquirir más de 12 mil hectáreas en la Patagonia, incluyendo las tierras que rodean a Lago Escondido al cual ilegalmente restringe el acceso público y ha sido el centro de escándalos políticos.
Y a Eduardo Elsztain, principal inversor del gigante inmobiliario Inversiones y Representaciones S.A. y uno de los empresarios más influyentes de Argentina, dueño del hotel Llao Llao, una elegante y carísima instalación en las cercanías de Bariloche. Elsztain ha sido catalogado por varias organizaciones de izquierda como figura clave dentro del sionismo empresarial en el país.
Hablaba a Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, con quien Milei se reunió en abril de 2024, en Ushuaia. En aquel entonces, el presidente anunció la construcción de una base naval conjunta, pero la afirmación fue desmentida poco después por su propio jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
No obstante, el encuentro fue la antesala de un memorando de entendimiento que terminaría de concretarse en marzo de 2025.
Mientras el fuego seguía propagándose ese mismo mes, consumiendo a su paso bosques y viviendas en algunas zonas del sur, Argentina y Estados Unidos daban luz verde a un ambicioso programa que permite a las tropas argentinas entrenar junto a sus pares norteamericanos en el terreno de las “operaciones especiales” y de “alto riesgo”.
La gestión de LLA ha sido explícita en su intención de convertir a la Argentina en el nuevo centro global de inteligencia artificial, con la Patagonia como epicentro de esa ambición.
Rica en recursos naturales, reservas de agua dulce y con un enorme potencial energético y tecnológico aún inexplorado, la región se ha transformado en un territorio clave para la disputa geopolítica y el desarrollo de las nuevas formas del capitalismo.
Incendios como arma de militarización y saqueo
Con el poder mediático y jurídico bajo el brazo, el gobierno de Milei —como los que le antecedieron— ha hecho uso del fuego como verdugo en su estrategia colonialista y de saqueo. El fuego como método de limpieza territorial y excusa para la intervención de las fuerzas armadas.
El verano austral de 2025 se inscribe en la historia moderna argentina. No solo por los incendios más destructivos vistos en las últimas tres décadas, sino por una renovada ofensiva contra el pueblo mapuche. Lo ocurrido en Chubut, Río Negro y Neuquén revela un plan articulado entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales, el poder judicial y grandes capitales.
Nicolás Heredia, brigadista voluntario, fue detenido el 5 de febrero de 2025 por orden del fiscal Francisco Arrien, mientras combatía incendios en Mallín Ahogado, Río Negro. A diferencia de otras personas arrestadas y luego liberadas, Heredia fue acusado de “incendio en grado de tentativa” y se le dictó prisión preventiva por 30 días. Núñez Fernández, por su parte, fue liberada el 7 de abril de 2025, luego de casi dos meses detenida. Ambos casos funcionaron como operativos ejemplarizantes de la criminalización de defensores ambientales y la búsqueda de romper lazos de solidaridad con pueblos originarios.
Una ofensiva geopolítica que busca neutralizar la resistencia social para consolidar la apropiación de territorios estratégicos, bajo discursos de “seguridad” y “lucha contra el terrorismo”.
“¿Años atrás éramos quienes poníamos en amenaza la soberanía argentina, y hoy incendiamos nuestro propio territorio?, escribió en febrero de 2025 la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. “No somos nosotros quienes negociamos con empresarios extranjeros”.
En Argentina, el enemigo no habla mapudungun ni cuida la tierra. El enemigo viste traje y corbata, o uniforme militar.
