Debates transfeministas: producir y exigir justicia en México
Ilustración original para Ojalá por @pazconadie.
Opinión • Raquel Gutiérrez Aguilar • 30 de mayo, 2025 • Read in English
A comienzos de mayo publicamos una nota de Verónica Gago en la cual ella propone hilos para un balance del largo ciclo de luchas transfeministas que se ha desplegado en el continente durante al menos los últimos 10 años.
En Argentina, la inmensa fuerza de la movilización popular todavía no ha alcanzado a detener los peores desatinos de las políticas económicas del presidente de ultraderecha Javier Milei, instalando lo que Gago describe como un “antifeminismo de Estado”.
En México estamos atravesando un momento peculiar de inmensa confusión donde hay que ir desdoblando con cuidado los principales nudos de conflicto y disputa. Acá, atravesamos —a decir de funcionarias de altísimo nivel— un “tiempo de mujeres” en el gobierno del país.
El llamado “tiempo de mujeres” viene tras casi 10 años de lucha feminista sostenida, la cual está conectada a la lucha, aún más larga, de madres de jóvenes asesinadxs o desaparecidxs. Todas ellas han tenido los reclamos hacia el sistema judicial y la violencia estatal como elementos centrales.
Los primeros campanazos fueron en 2014, con el encarcelamiento de la joven Yakiri Rubio, atrapada en las redes estatales de (in)justicia de la Ciudad de México tras defenderse de una acción de secuestro seguido de violación que terminó con la muerte de uno de sus agresores; hasta la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de aquel año.
El 16 de abril de 2016 se realizó una primera acción conjunta y sintonizada de protestas y movilizaciones en más de 10 ciudades de la república contra los feminicidios, la violencia que no cesaba y la impunidad. El malestar de las mujeres y las feministas brotó con fuerza, rechazando la muerte que acarrea la ocupación militarizada de los territorios y los barrios de las ciudades, confrontando los feminicidios que aumentaron cada vez más y denunciando las redes de complicidad que hacen indistinguibles a los funcionarios de la justicia, las fiscalías y la policía de los criminales que organizan y ejecutan asesinatos y “levantones”.
En dialogo con el texto de Gago, pero desde un lugar situado en la Ciudad de México, desarrollaré tres ideas para dibujar una parte de lo que por acá se debate en el país con una “presidenta con a”, que nacen de la autoproclamada representación “feminista” del Estado mexicano.
Primero, la creciente militarización que ha acompañado la llegada de mujeres a distintos cargos estatales en México. Segundo, una reflexión sobre el antifeminismo de este Estado “progre”, pues dicho rasgo no es monopolio de las derechas recalcitrantes. Aunque, claro, quizá no sea tan estridente ni su ofensiva tan generalizada. Y por último, un bosquejo de la creciente amenaza de cooptación y neutralización de las luchas feministas que estamos confrontando.
Mujeres administrando el militarismo
Cuando en 2024 Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de la República convirtiéndose en la primera mujer presidenta del país, se rompió un techo de cristal anteriormente imposible de rebasar. Como respuesta colateral —y no buscada explícitamente en las calles y en las luchas— al intenso protagonismo de las mujeres y disidencias en los años previos, se estableció la “paridad de género” como regla para la nominación de las candidaturas al interior de los partidos políticos.
Esto ha llevado a que el grueso de la población metropolitana del centro neurálgico del país —Ciudad de México, Estado de México y Morelos— esté gobernado por mujeres.
Ahora, en cierto modo, acá pareciera reinstalarse, a nivel de la vida pública, un esquema de género heteropatriarcal local del ámbito privado familiarista ampliamente conocido: las mujeres se hacen cargo de la administración eficiente de las cosas y los varones, según, “ofrecen protección” y reservan para sí la prerrogativa de decisión sobre asuntos decisivos.
La nutrida presencia de mujeres en el gobierno durante los seis meses desde que asumió Sheinbaum se combina con la continuidad del aumento sin precedente de la influencia y presencia de las corporaciones armadas (el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, al nivel federal) en una gama de actividades no sólo de control territorial armado, sino también económicas y políticas.
Las prerrogativas ampliadas del sector militar exceden el marco de sus atribuciones clásicas hacia actividades anteriormente bajo control civil. Estas políticas sintonizan claramente con las tendencias internacionales de reorganización de presupuestos públicos para incrementar los montos destinados a defensa y de ampliación de la relevancia de las corporaciones militares en la regulación de asuntos políticos.
El antifeminismo progre
Mientras otros países de la región han vivido un giro fuerte a la derecha, en México vivimos la continuidad de un gobierno progresista con el partido Morena y aliados controlando mayoritariamente las cámaras y muchos gobiernos estatales. Esta notable capacidad política está dirigida, insisto, por la primera mujer que ha alcanzado ese cargo.
Pese al esfuerzo de dar un carácter progresista al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), aprendimos rápidamente que el “antifeminismo de Estado” no es monopolio de los gobiernos de derecha.
El gobierno de AMLO, de corte nacionalista y retórica antineoliberal, desarrolló un programa de fortalecimiento de sectores públicos estratégicos —sobre todo petróleo y electricidad— y de construcción de megaproyectos por parte de las fuerzas armadas. Eso se combinó con un fuerte conservadurismo en materia de género que se puede rastrear, sobre todo, en la creciente disminución del gasto público en servicios tan relevantes para las mujeres como las guarderías y la salud reproductiva.
Tuvo que admitir a regañadientes la despenalización del aborto en varios estados, fruto de intensas luchas de muchísimas mujeres. Y fue la Suprema Corte de Justicia, anquilosada, rancia y ahora en proceso de reorganización, la instancia que finalmente dio un espaldarazo a la despenalización del aborto al nivel federal.
Claro que ni el anterior ni el actual gobierno incluyeron en su agenda el desconocimiento radical de los derechos de las personas trans, aunque han dejado una serie de crímenes en su contra en total impunidad.
Contra la captura
Además de un antifeminismo estatal desde lo económico y social, hoy en México vivimos la creciente amenaza de cooptación y tensionamiento de las relaciones entre las iniciativas de distintas instancias gubernamentales en favor de las mujeres y un amplio espectro de colectivas, iniciativas y esfuerzos organizativos autónomos.
Esto fue notable durante el pasado 8M, al menos en la Ciudad de México. Las madres de jóvenes asesinadas tuvieron que esquivar los intentos de funcionarias públicas y organizaciones progubernamentales de diversas clases, que no sólo se esforzaban en ser parte de la inmensa movilización que se desplegó, sino incluso hacían maniobras para simular que la encabezan.
Hemos visto, también, la rotación de algunas profesionales feministas quienes, tras ocupar cargos públicos en sitios relevantes por presión de las madres y familiares de las asesinadas —sobre todo en la procuración de justicia— ahora han sido trasladadas a otras instancias públicas donde sus esfuerzos y aportes se diluyen. Tal circulación de una instancia pública a otra hace naufragar, en el mar de la estructura administrativa estatal, los pequeños logros previos de las luchas por destejer redes de complicidad y acelerar, aunque sea un poquito, el tortuguismo procedimental.
La creación de una Secretaría de las Mujeres tras la llegada de Sheinbaum a la presidencia —esto es, una secretaría de estado de alcance federal— para atender asuntos de equidad y violencia, no ha significado más presupuesto para programas destinados a mujeres, pero sí intentos de cooptar y copiar las formas organizativas de feministas autónomas. Ejemplo de esto es el actual esfuerzo oficial de construir una red llamada ampulosamente “Tejedoras de la patria” que, por lo pronto, consiste en impulsar un censo de las diversas iniciativas y esfuerzos locales de mujeres que se organizan de múltiples formas para, una vez concentrada la información, instrumentalizarla como apoyo al gobierno.
Estas acciones son parte, empleando las palabras de Diego Castro, de la traducción de las exigencias de justicia a una prosa administrativa de subsidios y apoyos tutelados desde arriba. Es el viejo híbrido corporativo-clientelar mexicano operando para la neutralización de la fuerza feminista.
En todos estos años, acá en México, los esfuerzos de las luchas transfeministas por producir y exigir justicia han sido creativos, perseverantes y han estado en el centro de nuestra iniciativa. El gobierno ha iniciado un proceso de reforma judicial que tendrá un momento importante el próximo 1 de junio con las primeras elecciones por voto universal de las personas juzgadoras (juezxs, ministrxs y magistradxs) que integrarán el poder judicial.
Nos urge que esos cambios no concluyan sólo con la rotación y maquillaje de tales personas. Por eso conviene profundizar la reflexión sobre lo logrado y también acerca de todo lo que aún sigue pendiente, reforzando los vínculos al interior de la contradictoria diversidad que somos. ¡Sigue siendo tiempo de rebelión de las mujeres y disidencias, entramadas y en lucha desde abajo!
