“Las culturas, las artes y los saberes no deben estar al servicio del gobierno de turno” dice una cartulina sostenida por una persona participante en la manifestación contra la censura en el Museo Nacional de Bogotá, Colombia, el 25 de octubre, 2026. Foto © Mariana Mora.
Reportaje • Mariana Mora • 29 de octubre, 2026 • Read in English
“¡Toda dictadura comienza por censura!”, fue una de las consignas que se escucharon el pasado 25 de octubre en las calles del centro de Bogotá.
Alrededor de 200 personas marcharon desde el Museo Nacional hasta la Plaza de Bolívar, denunciando el retiro de más de 30 obras del museo sobre los movimientos LGBTIQ+ y feministas, las víctimas de la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz por órdenes del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Para muchxs, la censura alerta sobre la escalada fascista de su gobierno, que asumió el poder el pasado 7 de agosto.
En su discurso de posesión de la Espriella declaró que libraría una “batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual”.
“La derecha, que en varias partes del mundo ya son fuerzas fascistas consolidadas, están hablando de poner su visión del mundo en la gente, de ganarse los corazones y las mentes de las personas”, dijo Mariana Ramírez, simpatizante del grupo Comunista Revolucionario de Colombia.
Para Ramírez y sus compañerxs es importante entender qué es el fascismo y cómo opera a través de la llamada “batalla cultural”. Por eso, durante la manifestación del domingo —la tercera desde que quitaron las piezas— repartieron fanzines y afiches en donde explicaban estos fenómenos.
Manifestantes se detienen ante la Biblioteca Nacional durante la marcha contra la censura en Bogotá, Colombia, el 25 de octubre de 2026. Foto © Mariana Mora.
El 15 de octubre en su primera visita al Ministerio de Cultura, De la Espriella anunció el inicio de lo que llamó la “contrarrevolución cultural”, según él, “orientada a recuperar los valores y principios tradicionales de la sociedad colombiana y fortalecer la identidad nacional”. Dio instrucciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que desaparezcan de los lugares públicos las representaciones que calificó como “apología del terrorismo”.
Horas después, el Museo retiró más de 30 obras de una exposición permanente que hace un recorrido por la historia y la diversidad del país. Entre ellas había banderas del movimiento LGBTIQ+, fotos, portadas de revistas y afiches históricos de las luchas feministas. También estaba la pluma con la que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, el tarjetón de la Séptima Papeleta, la iniciativa ciudadana que desembocó en la Constitución de 1991 y otras asociadas a los asesinatos de los candidatos presidenciales de izquierda Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo.
Protestar bajo amenaza
“Tenemos que retomar una forma crítica y científica de pensar para poder analizar objetivamente la historia”, dijo Ramírez respecto a los esfuerzos por censurar parte de la historia colombiana. “No vamos a conocer todos los procesos históricos al pie de la letra, pero sí acercarnos lo mejor posible y confrontarnos con eso que nos ha incomodado, porque hace parte de nuestra historia”.
Un día después de retirar las piezas, la ministra Holguín defendió la acción, argumentando que el Museo Nacional no puede “servir como instrumento de adoctrinamiento político” ni “ser un espacio de apología al delito”.
La respuesta social fue inmediata. Se radicaron múltiples tutelas solicitando que las obras fueran reintegradas al museo; ese fin de semana cientos de personas se manifestaron afuera del Museo Nacional y durante la semana siguiente profesores de las universidades Nacional, Externado, Javeriana y de los Andes dictaron clases abiertas en las escaleras exteriores del museo como forma de protesta.
Los primeros dos días de protesta —el 17 y 18 de octubre— lxs manifestantes fueron reprimidxs con tanquetas, chorros de agua y municiones de aturdimiento, según denunció Temblores, organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos en Colombia. También durante las clases frente al museo hubo policías de la Unidad Nacional Antidisturbios custodiando el edificio, aunque en esas ocasiones no reprimieron a lxs asistentes.
“En Colombia hoy nos sentimos amenazados por el Gobierno Nacional. Este es un gobierno que ha declarado una guerra frontal contra nuestros derechos fundamentales”, dijo Camila Farfán, activista feminista LGBTIQ+ quien, junto con sus compañeras, imprimió algunas de las piezas retiradas para repartirlas entre lxs manifestantes. “Salimos a las calles porque vemos amenazada nuestra propia existencia con este gobierno”.
La censura no ha sido la única forma del gobierno de De la Espriella de vulnerar a la población LGBTIQ+. En septiembre, la Ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, presentó una solicitud a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026, expedida por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas mediante la cual adoptan la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
Esta norma, vigente del 2026 al 2035, establece un marco para garantizar el acceso a servicios de salud, prevenir actos de violencia de género, erradicar el embarazo en menores de 15 años e incorporar la educación sexual integral en los proyectos educativos institucionales y la formación docente. Además de su derogación, la Ministra solicitó una Directiva Presidencial para suspender su aplicación mientras se revisa la resolución.
Manifestante sostiene un cartel que dice “Toda dictadura comienza por una censura” en manifestación contra la censura en el Museo Nacional de Bogotá, Colombia, el 25 de octubre de 2026. Foto © Mariana Mora.
Para la organización Caribe Afirmativo, que trabaja en torno a la diversidad sexual y de género, la solicitud de Hoyos “representa una amenaza para los avances alcanzados en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la educación integral para la sexualidad y la construcción de entornos educativos libres de discriminación”, expresó en un comunicado del 16 de octubre.
Esta solicitud fue hecha apenas unos días después de que la cancillería anunciara la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, un organismo internacional que articula los gobiernos y la sociedad civil de 42 países con el fin de promover y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación respecto al retiro de esta coalición “en un contexto en el que persisten la discriminación, la estigmatización y la violencia por prejuicio”. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación recogida por la Defensoría, en 2025 se registraron 74 asesinatos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Durante 2026, con corte a 19 de agosto, se habían reportado 31 asesinatos.
“Todo va junto, todo es transversal”, explica Lety Muñoz, integrante del colectivo Feministas Antifascistas de Colombia. “La guerra que nos ha declarado no solamente es legislativa, es simbólica también”.
Desde hace 10 años las Feministas Antifascistas de Colombia realizan trabajo organizativo, pero también pedagógico y de visibilización del fascismo. Para ellas, este es uno de los frentes más importantes para resistir ante el avance reaccionario.
Algo similar opina Ramírez. “La herramienta más importante es el pensamiento crítico”, responde frente a la pregunta de qué hacer ante la “batalla cultural” y añade que hay que defender la verdad. “Tenemos que ser valientes en un momento en donde todo está siendo atacado”.
