Atropello colonial, estragos comunitarios de ICE en Puerto Rico

Manifestación en contra de las deportaciones y las redadas de ICE en San Juan, Puerto Rico, el 14 de junio, 2025. Foto cortesía de la Colectiva Feminista en Construcción.

Opinión • Belinés Ramos Negrón • 18 de julio, 2025 • Read in English 

Ante un estado colonial, necropatriarcal, capitalista y racista, las personas que optan por la migración a Puerto Rico, ya sea como posibilidad o su única salida, se encuentran con la discriminación y el abandono del Estado, particularmente nuestres hermanes de República Dominicana. 

En los meses más recientes, con las políticas antimigratorias y racistas del presidente de Estados Unidos Donald Trump, su seguridad, vida y libertad han estado en un peligro inminente, siendo objetivo de intervenciones por agentes federales en la colonia. 

Aunque estas medidas están dirigidas a toda la comunidad migrante en EE.UU. y sus territorios, definitivamente no tienen el mismo efecto en todos los cuerpos. 

En la actualidad, existir en Puerto Rico desde un cuerpo feminizado, no blanco, desde una identidad cuir, trans o no binaria, en situación de pobreza, en condición de migrante, con un sistema de salud colapsado, un sistema de educación obsoleto, sin acceso a una vivienda digna, tiene consecuencias directas en nuestros cuerpos. 

Estas son algunas de las intersecciones desde las cuales muchas personas experimentamos la vida aquí, mientras defendemos nuestra tierra en tiempos de tantas crisis y desastres, siendo una colonia y territorio de EE.UU. Estas condiciones se agravan cuando se trata de una persona migrante con un estatus que aún no ha sido regularizado.   

Debido a nuestra ubicación geográfica caribeña, compartimos historia con nuestros países hermanos, Cuba, República Dominicana, Jamaica y Haití, pero también con las Antillas Menores. Esta cercanía ha facilitado el movimiento de otras personas caribeñas a nuestro país. 

Según los últimos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, “en 2022 en Puerto Rico vivían unos 90,000 inmigrantes”. Se calcula que más de la mitad son dominicanes y, por lo tanto, es “la comunidad inmigrante más numerosa del país”, aunque vale la pena subrayar que la migración se dio desde muchos territorios de Abya Yala.

Desde distintas áreas —como la abogacía, el trabajo comunitario de base, el activismo y el arte— he trabajado y desarrollado relaciones de cercanía y amistad con varias personas de la comunidad migrante en Puerto Rico, mayormente mujeres. 

En estos tiempos de tanta violencia e incertidumbre, algunas me han compartido su sentir o experiencias sobre las políticas deshumanizantes y racistas y los efectos en su comunidad en los últimos meses. 

‘Hay pánico en la comunidad’ 

Altagracia es una mujer inmigrante, negra, dominicana de 51 años que llegó a Puerto Rico en el 2004, apostando a completar la travesía por mar en una de esas pequeñas embarcaciones que llamamos yola. Para ella, migrar no era opción, fue el escape de una situación de violencia doméstica que vivía a causa de quien era su pareja. 

Cuando llegó a Puerto Rico Altagracia recibió atención y acompañamiento del Centro de la Mujer Dominicana y pudo completar la regularización de su estatus como residente. Como muchas otras mujeres inmigrantes, ha trabajado como empleada doméstica en distintas zonas del país. Aun con la residencia, su experiencia como inmigrante dominicana ha sido la discriminación y abandono del Estado respecto a sus necesidades básicas, particularmente la atención médica. 

Luego del paso del huracán María en el 2017, Altagracia perdió su casa y sus problemas de salud se agudizaron, necesitando tratamientos específicos que le fueron negados o postergados; tuvo que viajar a República Dominicana para recibirlos. 

“No puedo casi ni comer, estoy mal del estómago, el colon; me están haciendo estudios, tengo que seguir una dieta muy estricta”, me compartió Altagracia en nuestra última conversación.

Muchas de estas condiciones de salud están relacionadas con estrés o ansiedad, efectos de las formas de vida para las personas migrantes en Puerto Rico. Esto ha sido parte de mi investigación doctoral, que está en proceso; también pueden escuchar más sobre esto en el podcast La Otra Escena. 

Altagracia ha logrado construir una red de amistades puertorriqueñas y dominicanas en Puerto Rico. Actualmente actúa como apoyo para muchas de ellas que, debido a las medidas de Trump y las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas federal (ICE en inglés), no se atreven a salir de sus casas. Según el medio digital TODAS, 552 migrantes en Puerto Rico han sido detenides este año, hasta el 5 de junio: 468 arrestos administrativos y 84 detenciones por presuntos vínculos con acciones delictivas

Los miedos de les vecines se ven confirmados por la colaboración nacional con el proyecto de deportación masiva. El Gobierno de Puerto Rico, liderado por la gobernadora Jennifer González, ha ordenado a la Policía Estatal de Puerto Rico y las policías municipales compartir información con agentes de inmigración y facilitar intervenciones contra inmigrantes en la isla. 

Entre los ejemplos del uso indebido de información por parte del Estado, está la justificación de la entrega de datos sobre conductores sin estatus migratorio regularizado amparándose en la Ley 97-2013. Esta ley permite que extranjeres sin estatus migratorio oficial que hayan residido en la Isla por un período mayor a un año puedan solicitar una licencia de conducir provisional. 

El gobierno de González ha compartido las listas de las personas que obtuvieron sus licencias provisionales bajo la Ley 97.

“Mis amigas no se atreven salir y me llaman para pedirme que les compre cosas, algunas se han movido a otros lugares por lo de que tienen su información de las licencias”, me contó Altagracia en conversación telefónica el 2 de julio. “Hay pánico en la comunidad”.

La vida, paralizada 

Zaida es otra amiga, una inmigrante de República Dominicana de 73 años, activista y líder comunitaria. Al igual que Altagracia, tiene estatus regularizado hace muchos años y padece de condiciones de salud (en su caso, de espalda y circulación). Ella también apoya desde todas sus posibilidades a su comunidad dominicana en Puerto Rico. 

Me comparte que la comunidad está triste y desesperada por los atropellos de las redadas, que cada vez están incluso más agresivos ahora también con quienes colaboran con las personas migrantes en su protección. 

Zaida contaba cómo, el 2 de julio, fue noticia en Puerto Rico cómo “sacaron a una señora de un Uber, la esposaron y se la llevaron”. Esto ocurrió en Barrio Obrero en Santurce, San Juan, lugar que ha sido punto de pesca de ICE. 

“Las mujeres y jóvenes que han llegado últimamente no pueden salir a trabajar, muches ya se han ido”, relató Zaida cuando pregunté por su círculo íntimo en la comunidad. “Uno se fue y comoquiera lo agarraron en el aeropuerto y lo mandaron a Miami a que tuviera una vista frente a un juez”. 

Zaida también contó sobre otras mujeres “que se han arriesgado a irse a trabajar y las han agarrado, pero necesitan trabajar, llevar a les niñes a la escuela”. 

Comparte con mucha tristeza que lo que se vive en la comunidad es una incertidumbre bien fuerte y difícil. En San Isidro, comunidad en la que vive y con la que también trabajo como abogada comunitaria, entraron agentes de ICE e hicieron una redada corta, se llevaron aproximadamente a seis personas, pero, según Zaida, luego de esa, no han vuelto. 

Dice que se sabe que agentes entran y observan pero no se han llevado a nadie más de esa forma masiva. Asegura que una de las estrategias de la policía como colaborador es estar muy pendientes en la carretera. Si alguien comete alguna infracción de tránsito, les detienen con el propósito de revisar su documentación. Entre los efectos de estas redadas en la comunidad han sido que la gente ya no va a las reuniones comunitarias, ni a la iglesia. 

Refugio y respaldo

El 4 de julio de 2025, el alcalde del municipio de Aguadilla —un pueblo costero del noroeste de Puerto Rico— aprobó una ordenanza municipal en la que declara a este municipio Ciudad Santuario. La ley prohíbe a sus empleades colaborar con redadas o investigaciones contra personas con estatus migratorio no regularizado, esto como un reto a las políticas antiinmigrantes aprobadas por la administración de Trump. 

Esta puede ser otra forma de enfrentar este tipo de ataques que siguen aumentando la incertidumbre en la comunidad migrante en Puerto Rico. 

En una realidad colonial que depende de las decisiones repentinas del Congreso de Estado Unidos, es importante apoyar a las organizaciones sin fines de lucro, colectivas y comunidades que trabajan directamente con la comunidad migrante. Hay que recalcar además los esfuerzos de medios de periodismo alternativo en Puerto Rico como TODAS y el CPI. 

También hay muchos proyectos —la Colectiva Feminista en Construcción y Ayuda Legal Puerto Rico, por ejemplo— que, además de nutrir sus espacios y especialidades, se organizan, convocan y movilizan a la población para generar apoyo, alianzas y acción directa desde las calles y las comunidades. 

El 14 junio estas organizaciones y colectivas convocaron una manifestación en la calle Fortaleza (o calle Resistencia como la renombramos luego del verano del 2019) en protesta contra las políticas migratorias de Trump, recordando que estamos en tierra de migrantes y rechazamos las redadas realizadas por ICE.

Las medidas de Trump siguen profundizando las heridas colectivas que representan sobrevivir en este contexto en el archipiélago, mientras nuestro trabajo sigue sumando a una historia de solidaridad y lucha desde el pueblo. 

El trabajo que hacemos en colectivo y en comunidad, escuchando y respondiendo a sus necesidades es el que, como afirmó Zaida, logra la movilización, apoyo y protección a nuestra comunidad migrante en Puerto Rico.