Uniendo luchas, de Palestina a la Patagonia

Durante la movilización del 8M, Fuera Mekorot y otras organizaciones reclaman el alto al genocidio en Gaza. Buenos Aires, Argentina, 8 de marzo de 2025. Foto © Susi Maresca.

Reportaje • Nadia Bernal • 3 de octubre, 2025 • Read in English

En 2022, la bióloga Raquel Perier se enteró de que la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina, estableció un acuerdo con la empresa estatal de aguas de Israel, llamada Mekorot.

Desde hace 30 años, Perier es parte del movimiento que mantienen las comunidades costeras de la provincia contra la instalación de puertos petroleros y oleoductos en el Golfo San Matías. Para ella y sus compañerxs la llegada de la empresa israelí es una continuación del avance extractivista en la región. 

“Es una zona de sacrificio y lo que se quiere es extranjerizar el 100 por ciento del territorio con empresas, por supuesto, extranjeras, de fracking; empresas extractivistas de minerales y ahora con el [Gas Natural Licuado] GNL”, cuenta Perier en entrevista por videollamada.

Mekorot ha sido denunciada por organismos internacionales por violar el derecho al agua del pueblo de Palestina y contribuir al genocidio en Gaza. El contrato con Río Negro es uno de 12 que firmó con diversas provincias argentinas.

Para Perier, hay una similitud entre el desplazamiento que ha vivido el pueblo palestino y la defensa del territorio de las comunidades originarias en Argentina. Ellas también han sido desplazadas por la explotación de sus recursos naturales, incluida, por supuesto, el agua. 

Mekorot establece acuerdos con entidades empresariales y gobiernos locales —quienes les dan acceso a toda la información de los entes provinciales en materia del agua, energía y medio ambiente— para asesorar sobre el manejo del agua: planifica políticas, diseña proyectos hídricos, sugiere qué tecnologías deben usarse y hasta asesora en las tarifas impuestas a lxs usuarixs. 

Información a cuentagotas 

Hubo otra alerta para activistas del agua en Argentina en abril del 2022:  un viaje a Israel encabezado por el ministro del Interior, Wado de Pedro, del entonces gobierno de izquierda de Alberto Fernández. 

Silvia Ferreyra  fue una de esas activistas. Durante la pandemia había empezado a reunirse virtualmente con compañerxs para impulsar un proyecto de una Ley en Defensa del Agua y la Vida en Argentina.

“En el marco de ese proceso empezó a mencionarse a Mekorot, porque en este proceso de la iniciativa popular también hay compañeros de distintos territorios: de Mendoza, de San Juan, de las provincias donde en primera instancia había desembarcado esta empresa de aguas”, recuerda Ferreyra. 

Hoy, ella es una de las integrantes de la campaña “Fuera Mekorot” en Argentina, conformada por organizaciones en defensa del agua, pero también por colectivos que denuncian el genocidio en Gaza.

Silvia Ferreyra, representante de la campaña “Fuera Mekorot”, en la movilización de apoyo a la Global Sumud Flotilla que intenta abrir un corredor humanitario de solidaridad con el pueblo palestino. Buenos Aires, Argentina, 1 de octubre de 2025, Foto © Susi Maresca.

Según declaraciones a los medios por De Pedro en 2022, uno de los propósitos de aquella gira por Israel con gobernadores y representantes de 10 provincias argentinas era “incrementar la producción mediante obras hídricas y un correcto manejo y gestión del agua”.

A partir de la delegación a Israel y durante un periodo de aproximadamente 11 meses, se concretaron acuerdos con la empresa de aguas Mekorot y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), todos sin consultas a las comunidades y con un proceso opaco. 

En consecuencia, las provincias de Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero y Santa Fe recibieron “asistencia técnica” en el manejo del agua de parte de Mekorot. En 2024, se sumaron a los acuerdos Jujuy, Neuquén y Chubut. 

“Ahí es donde empezamos a investigar y elaboramos un pedido de informes sobre los acuerdos y comenzó la sistematización de la información de quién era Mekorot, cómo se había constituido, todo”, recuerda Silvia Ferreyra. “Empezamos a buscar la forma de organizarnos”.

Desde 2022 las comunidades argentinas han sostenido una batalla para conocer en qué consiste la participación de Mekorot, denunciada por robo de agua en Palestina. 

Hasta ahora han logrado acceder a seis de los 12 convenios, a los cuales también tuvo acceso Ojalá. En ellos se detalla que la empresa israelí realizaría estudios técnicos, proyecciones para crear un sistema de asignación que permita regular la demanda de agua, planes alternativos de abastecimiento y un plan maestro.

De los 12 convenios, hasta el momento sólo se conocen los montos de las provincias de Río Negro y Catamarca. En el contrato de Río Negro se establece un pago a la empresa por $1.459.854 dólares; mientras que en Catamarca, un pago por $1.109.489 dólares. 

En las cláusulas de los contratos se prohíbe toda publicidad de los contratos sin autorización por escrito de la empresa y se establece que la propiedad intelectual de lo producido será de Mekorot y que cualquier conflicto estará regido por las leyes de Inglaterra. 

Una historia empresarial de despojo

Mekorot suele llegar a instalar sus proyectos en contextos en donde hay proyectos extractivistas, desigualdades en el acceso al agua y procesos de privatización. Sus prácticas han sido documentadas por múltiples organizaciones internacionales y por colectivos de diversos pueblos en donde la empresa israelí ha extendido sus operaciones. Según la Red Palestina de ONGs ambientalistas, Mekorot tiene actividades comerciales en México, Chile, Uruguay, y República Dominicana, entre muchos otros.

Aunque muchas veces se argumenta que la presencia de Mekorot es puramente por cuestiones técnicas, Ferreyra destacó que oponerse a la empresa se trata de soberanía hídrica y rechazar un apartheid del agua, dado que su trayectoria está íntimamente enlazada con Israel.

Según Médicos sin Fronteras, el agua está siendo empleada como arma en Gaza. 

“En el caso del agua, Israel ha obligado a los palestinos a comprar agua procedente de dos importantes acuíferos situados en su propio territorio, a precios inflados y con un suministro intermitente”, dice el informe presentado en julio de este año por Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos.

El informe, titulado De la economía de ocupación a la economía de genocidio, menciona que Mekorot tiene el monopolio del agua en el territorio palestino ocupado. Se prohíbe a lxs palestinxs construir nuevas instalaciones de agua o mantener las instalaciones de agua existentes sin permiso militar.  

“Durante al menos los seis primeros meses posteriores a octubre de 2023, Mekorot hizo funcionar sus conducciones de Gaza al 22 % de su capacidad, dejando zonas como la ciudad de Gaza sin agua el 95 % del tiempo, contribuyendo así activamente a la transformación del agua en una herramienta de genocidio”, dice el informe.

Jornada de movilización plurinacional antiextractivista. Buenos Aires, Argentina, 4 de diciembre de 2023. Foto © Susi Maresca.

Privatización y luchas unidas

Las movilizaciones en contra de los acuerdos de Mekorot con las provincias se intensificaron a mitad de año, cuando la empresa reveló que también asesora a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El organismo estatal administra servicios hídricos y gestión sanitaria en el área metropolitana de Buenos Aires, una población de 15 millones. 

La noticia llegó en medio del proceso de privatización decretado por el actual gobierno de Javier Milei en el mes de julio. La gestión del agua en Argentina depende de cada provincia y los prestadores son en su mayoría públicos; AySA fue estatizada en 2006. El involucramiento de Mekorot en AySA fue verificado por las organizaciones al obtener recientemente, mediante pedidos de información, el contrato. Uno más a la lista.

“Esto es una política de Estado, entregar el manejo estratégico del agua a una empresa estatal de otro país, que aparte está denunciada por violaciones a los derechos humanos”, dice en entrevista Mariano Sánchez Toranzo de la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua y la Vida.

Sánchez Toranzo advierte que el proyecto para una Ley en Defensa del Agua y la Vida, iniciativa popular impulsada desde 2022 con diversos pueblos, cobra urgencia frente al despliegue de Mekorot en el país. Quienes la impulsan buscan blindar el agua como bien común, establecer mecanismos de participación ciudadana y darle freno a las políticas de privatización y mercantilización del agua. 

“Fíjate que [el proyecto de ley] plantea que no se puede privatizar el agua en ningún nivel. Eso ya sería importante”, dice. “Segundo, que para poder darle la gestión a Mekorot, en las provincias deberían ir a una consulta popular, vinculante e informada”. 

Para Sánchez Toranzo, este proyecto de ley sería una herramienta de lucha colectiva más allá del marco legal: necesitan reunir un estimado de 550.000 firmas procedentes de, al menos, siete provincias del país para llevarlo ante el Congreso de la Nación. 

De ser aprobada, esta sería la primera ley por iniciativa popular a nivel nacional en Argentina desde la introducción del mecanismo en la reforma constitucional de 1994. 

Desde el genocidio en Gaza, la resistencia contra las actividades de Mekorot en Argentina tomó mayor fuerza, a la par de las protestas sociales que exigen el cese a la ocupación israelí en Palestina. Lxs activistas han hecho señal de que una empresa que participa en genocidio no es bienvenida en Argentina. 

Hoy las luchas por el agua y por el derecho a la vida en Argentina y Palestina se han trenzado, y la esperanza es que esa unión haga más fuerte la posibilidad de resistir. 

“El agua era lo que unía nuestras luchas, nuestras resistencias, nuestras esperanzas”, dice Sánchez Toranzo. “Nosotros creemos que hay que unir las luchas”.