En Uruguay, el agua se defiende por veto popular
Marcha en Defensa del Agua y la Vida, Montevideo, 22 de marzo, 2025. Foto © Mónic Só.
Opinión • Diego Castro • 2 de octubre, 2025 • Read in English
Tras años de protestas y resistencia, el gobierno uruguayo decidió cancelar el Proyecto Neptuno, un megaproyecto que habría privatizado la gestión de una parte importante del agua potable que llega a casi 60 por ciento de la población uruguaya. Eso a pesar de ser anticonstitucional y un potencial desastre medioambiental denunciado por todo tipo de sectores desde su inicio.
La cancelación de Neptuno, producto del veto popular, es una de las pocas noticias positivas para las organizaciones sociales en los primeros meses del nuevo gobierno progresista del presidente Yamandú Orsi.
Sin embargo, el grupo de importantes empresas constructoras que se unieron para proponer la iniciativa en 2020 sigue trabajando con el Gobierno y está listo para llevar a cabo proyectos similares en otros lugares. El consorcio privatizador se llama Aguas de Montevideo y está conformado por las empresas Saceem S.A., Berkes S.A., Ciemsa y Fast Limitada, todas de capitales nacionales y extranjeros.
El gobierno anterior de derecha, liderado por Luis Lacalle Pou, había aprovechado la crisis de agua potable de 2023 para avanzar en una “supuesta solución” a los problemas del agua potable para Montevideo y el área metropolitana.
En aquella oportunidad, más de la mitad de la población uruguaya recibió agua salada durante más de dos meses debido a una combinación de sequía, uso extractivo y mal manejo del río Santa Lucía.
Sin embargo, desde las organizaciones sociales, colectivos territoriales y científicxs comprometidxs se advierte que el proyecto Neptuno era demasiado caro, no garantizaría agua de calidad ni resolvería los problemas de abastecimiento.
La iniciativa empresarial proponía construir y gestionar una nueva planta potabilizadora sobre el Río de la Plata (en Arazatí, departamento de San José) cuyo financiamiento se haría con dinero público por medio del pago de un canon durante 17 años.
Las principales críticas al proyecto se centraron en el costo de la obra, la participación de empresas privadas y la cantidad y calidad del agua suministrada. Neptuno brindaría un volumen de agua potable que solo aumentaría en un 23 por ciento el caudal actual, lo que no alcanzaría para satisfacer la demanda en crisis similares a la de 2023.
Además, el agua del río presenta problemas graves en términos de potabilización y riesgos para la salud pública: altos niveles de sal durante gran parte del año, contaminación y presencia frecuente de cianobacterias tóxicas.
Finalmente, la obra de 300 millones de dólares se terminaría pagando casi tres veces más y, lo más preocupante, sería absolutamente inconstitucional.
El veto popular a Neptuno
En 2004, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en incluir el derecho al agua en su Constitución. La reforma prioriza el uso social por encima del comercial y prohíbe que empresas privadas participen en la potabilización. También le otorga al Estado la responsabilidad de garantizar su efectivo cumplimiento y promueve la creación de mecanismos de gestión de usuarixs y sociedad civil de las cuencas.
Pese al marco legal que defiende al agua y fundamentalmente por el impacto de actividades productivas, la mayoría de las cuencas del país se encuentran contaminadas.
La tradición de lucha en defensa del agua en Uruguay es potente y se activa frente a cada amenaza: actúan organizaciones históricas y, en el último tiempo, se puede constatar la emergencia de multiplicidad de colectivos locales y nacionales en la defensa del agua y la vida.
Personas mayores en la Marcha en Defensa del Agua y la Vida, Montevideo, 22 de marzo, 2025. Foto © Mónic Só.
La resistencia a Neptuno articuló una variada gama de acciones en diferentes niveles: resistencia local, movilizaciones generales, la judicialización (inconstitucionalidad y nulidad absoluta), aportes críticos desde científicxs comprometidxs y un cambio hondo en la sensibilidad sobre el tema.
La activación de organizaciones y grupos de vecinxs y productorxs rurales de la zona afectada (Arazatí, Departamento de San José) se dio a partir de 2020 con los primeros rumores del proyecto. A partir de allí se activan diversos actores por el riesgo de contaminación del acuífero Raigón, la afectación en la zona costera en las actividades turísticas y pesqueras, también la posibilidad de inundar para depósito de agua tierras ricas y productivas mayormente dedicadas a la producción de papa.
A nivel local se realizaron movilizaciones, charlas abiertas, jornadas informativas con participación de científicxs, pedidos de acceso a la información pública, articulación con sectores políticos locales y nacionales, entre otras.
A nivel general, desde que se conoce la existencia de Neptuno en el año 2020, la trama organizativa vinculada al agua denuncia el proyecto y se opone al mismo. Esto se fue expresando en las marchas anuales por el agua, en las movilizaciones autoconvocadas del agua salada de 2023, en el campamento organizado por la Coordinación por el Agua y la agrupación Tucu Tucu en Arazatí en octubre de ese año.
También se vio en la marcha a pie desde la región costera de Arazatí a Montevideo en junio pasado y en la carpa instalada en Presidencia por Ningún Neptuno de marzo a junio. También en varios comunicados y otras múltiples actividades de las organizaciones sociales. En ellas se insiste en recuperar la cuenca del río Santa Lucía y no abandonarla como zona de sacrificio.
Una lucha desde múltiples frentes
Es de destacar también la iniciativa judicial de “inconstitucionalidad” y “nulidad absoluta” del contrato presentada por organizaciones sociales emprendida por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Tucu Tucu de Arazatí, acompañada por abogados de la Universidad de la República.
El argumento principal señala al proyecto como violatorio del artículo 47 de la Constitución (creado por la reforma de 2004), en tanto permitía a privados participar de la potabilización del agua. Además, señala el no cumplimiento de las instancias consultivas y los mecanismos de participación.
En junio de 2023 un juez da razón al recurso y, en diciembre, el Tribunal de Cuentas lo ratifica. Posteriormente, otras instancias judiciales levantarán el recurso, pero durante varios meses el Estado estuvo obligado a no avanzar con el acuerdo y las obras.
En general, las luchas ambientales en Uruguay, y en particular las del agua, siempre han contado con científicxs comprometidxs que acompañan y apoyan a las organizaciones sociales. El conflicto por Neptuno no estuvo ajeno a ello y existen múltiples aportes e iniciativas.
En diciembre de 2023 la Asociación de Limnología del Uruguay emitió un comunicado con consideraciones ambientales sobre el proyecto.
En marzo de 2024, varios colectivos de científicxs criticaron la posición del gobierno que impidió que la justicia tomara declaraciones a “destacados especialistas” por “carecer de la condición de imparcialidad”. Y en diciembre de 2024, más de 25 científicxs de diferentes disciplinas entregaron una carta al presidente electo Orsi donde señalaban lo inconveniente del proyecto.
Batucada en la Marcha en Defensa del Agua y la Vida, Montevideo, 22 de marzo, 2025. Foto © Mónic Só.
La resistencia contra Neptuno recompuso nuevamente la triple matriz histórica —sindicatos de trabajadorxs de la empresa estatal con organizaciones sociales y territoriales y científicas comprometidas— de la lucha por el agua en Uruguay, fundada en la consulta constitucional de 2004. En esta oportunidad también nutrida, potenciada y renovada por las luchas feministas, antiextractivas y por el cuidado de la vida del último tiempo.
Hay una sensibilidad expansiva de reconexión con el agua y la trama de la vida que pone límites al credo del desarrollo y el crecimiento económico a toda costa y compuso decenas de colectivos y grupalidades que se activaron contra el proyecto.
Celebrar en alerta
La cancelación de Neptuno demuestra el poder de la movilización y refleja la crítica que fuimos capaces de producir. ¡Y es de celebrar!
No por ello dejamos de tener problemas. La iniciativa de Neptuno, a todas luces inapropiada, fue producto de la voracidad empresarial de un grupo de constructoras que, para continuar ganando, no deben parar.
Es el mismo grupo de empresas que había terminado el tren de la papelera finlandesa UPM, de las más grandes del mundo. Así podríamos seguir con el rosario de megaobras extractivas, la mayoría con fondos públicos y subsidios, que sacuden hacia arriba el producto bruto durante su construcción, constituyendo un importante activo de la trampa del crecimiento económico y el chantaje de los “puestos de trabajo”.
Por otro lado, el progresismo del Frente Amplio que canceló la obra no parece estar dispuesto a desplazar a este grupo de empresas del negocio. Continúan negociando en secreto, cuando existe la obligación constitucional de que la gestión de las cuencas se haga con participación social.
Pero ello no debería sorprendernos: a la hora de gobernar el progresismo está tan atado a la necesidad de que la rueda del crecimiento siga girando como los empresarios y la derecha.
La alternativa que impulsan no implica detener la destrucción del río Santa Lucía, principal fuente de agua potable de Montevideo. Ni atender el principal problema que tiene el suministro de agua potable en la capital: las pérdidas por cañerías y redes subterráneas defectuosas que superan la mitad de toda el agua potabilizada.
Se proyecta además la construcción de una represa en la misma cuenca del Santa Lucía que también tendrá gran impacto ambiental, inundando monte nativo con la consiguiente pérdida de biodiversidad. Si se llega a hacer, esa represa no cumpliría con la “regla de oro” para el abastecimiento a grandes ciudades: contar con dos fuentes diferentes en donde cada una sea capaz de producir el 70 por ciento de la demanda de agua.
La cancelación de Neptuno es de celebrar, como también es necesario permanecer alertas a las decisiones que se tomarán en los próximos meses. Las últimas noticias vinculadas al presupuesto nacional y al nuevo impulso al riego agrario hablan de continuidad en las políticas extractivas y de la gran atracción que la máxima capitalista tiene en el nuevo elenco gubernamental: “todo puede ser sacrificado si la economía crece”.
Hay señales suficientes para que sigamos atentos y atentas, confiando en nuestra capacidad creativa, de movilización y en los sentidos políticos vitalistas que vetaron a Neptuno.
