Una amenaza de ecocidido impulsa la movilización en Puebla

Ciudadanx enmascaradx sostiene una lona con la consigna “Matar árboles es delito” durante una marcha contra el cablebús en Puebla, México, el 1 de marzo, 2026. Foto © Daniel Chazari.

Opinión • Verónica Barreda • 7 de mayo, 2026 • Read in English

Durante los últimos tres meses, residentes y organizaciones sociales de la ciudad de Puebla, México, nos hemos organizado para denunciar la imposición de un sistema de transporte por cable. El proyecto, conocido como Cablebús, ha sido propuesto por el gobierno estatal a pesar de la fuerte oposición popular y el alto riesgo socioambiental que supone para las ya escasas áreas verdes de la ciudad.  

De acuerdo con información recuperada por las organizaciones, las estaciones del cablebús serán colocadas en las áreas con mayor masa arbórea de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Implicarían la tala, remoción de arbolado y afectación de infraestructura en parques públicos, escuelas, camellones, canchas, espacios de esparcimiento y el cerro de Amalucan, área de reserva ecológica ubicada al oriente de la ciudad.

La oposición al Cablebús que ha surgido entre vecinxs, usuarixs de parques, deportistas, estudiantes, ambientalistas y académicxs no solo tiene que ver con el impacto medioambiental. Puebla vive una crisis de movilidad que el cablebús está lejos de solucionar.

Lxs usuarixs del transporte público día a día enfrentamos accidentes, inseguridad, trayectos largos, falta de unidades, malos tratos, saturación y tiempos de espera excesivos.

En febrero, el gobierno estatal inició una revisión de los vehículos de las concesiones de transporte, los cuales habían estado operando sin inspecciones hasta por 10 años. Varias de estas unidades no cumplieron con las normas, lo que redujo el padrón de camiones y combis de 34 mil a 21 mil. Esta reducción ha generado más retrasos y saturación del transporte público, y sigue sin ser debidamente atendida por el gobierno estatal.

Además, otros medios de transporte de la ciudad como la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), un sistema de metrobús; el tren Puebla-Cholula y el sistema de bicicletas compartidas han sido eliminados o dejados en el abandono. 

En estas condiciones, el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, miembro del partido del gobierno, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció el inicio de las obras para la construcción del Cablebús con una inversión de 6.753 millones de pesos ($391,850,800 dólares), la inversión más significativa en transporte público en Puebla en décadas.

En declaraciones hechas por funcionarixs estatales, no se invertirá en el transporte existente, apostando la inversión de transporte en el Cablebús.

Carteles con la leyenda “Estado ecocida” y “Un árbol menos, 100 nidos rotos” durante una marcha contra el cablebús en Puebla, México, el 1 de marzo, 2026. Foto © Daniel Chazari.

Un proyecto opaco

La concesión para la construcción del cablebús en Puebla fue otorgada a la empresa Doppelmayr en noviembre de 2025 con miras a concluir su construcción en 2029. Este conglomerado austriaco-suizo llegó a México en 2005 con el auge de la movilidad urbana enfocada en el turismo.

En 2021, la empresa completó la línea 1 del Cablebús en la Ciudad de México, la cual facilita la movilidad en zonas montañosas debido a su orografía compleja o a la presencia de barreras físicas que imposibilitan traslados en metrobús, representando una alternativa viable de movilidad pública. 

En Puebla, el cablebús parece no tener una verdadera integración con los sistemas de transporte existentes. Al contrario, su cobertura se empalma con la del RUTA y sus líneas no responden a las necesidades de zonas geográficamente complejas como zonas montañosas o con barreras físicas, ni a las necesidades de lxs usuarixs. 

Se desconocen los estudios técnicos oficiales que justificarían su planeamiento. No se ha presentado el estudio origen-destino, ni la Manifestación de Impacto Ambiental, tampoco se realizó un consulta pública ni se han dado a conocer otra decena de estudios necesarios para la construcción de un proyecto de este tipo.

La propia Carta Urbana, un instrumento de ordenamiento en la ciudad de Puebla, prohíbe la construcción de transporte aéreo en las zonas de los parques. Ante ello, el alcalde José Chedraui, también de Morena, ha anunciado sin reparos que se prevé la modificación de esta norma a fin de instalar el cablebús.

Las preocupaciones sociales en Puebla se avivaron en febrero después de que el titular de la Secretaría de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, revelara que el cablebús tendría un impacto directo en 980 árboles ubicados en cuatro parques y áreas verdes en la ciudad capital. 

La primera movilización tuvo lugar el 20 de febrero, cuando un pequeño grupo de personas se reunieron en el parque Benito Juárez, un espacio arbolado ubicado en las afueras del centro histórico amenazado por la construcción del cablebús. Tras esta reunión se activaron distintos canales de comunicación y redes sociales donde se ha organizado y difundido la información disponible en torno al proyecto, celosamente resguardada por el gobierno estatal.

Toda la información técnica ha sido reservada por cinco años, los cuales coinciden con el tiempo que el gobernador permanecerá en el cargo, bajo el argumento de que su divulgación podría causar daño al interés del estado, sin embargo, al ser una obra de supuesto interés público, ¿cómo es que dar a conocer los detalles a la sociedad podría ser contrario a dicho interés?

Tres marchas multitudinarias fueron convocadas por usuarixs de los parques, vecinxs y académicxs en marzo en distintos puntos de la ciudad, todas ellas sumándose al descontento por la imposición del cablebús acusando al gobierno de ecocidio y degradación ambiental. 

También se organizaron mesas de trabajo a solicitud de los colectivos y habitantes para indagar en la información relativa al proyecto. Se realizaron solicitudes de información, colecta de firmas, se pusieron quejas y se interpusieron dos amparos por parte de vecinxs y usuarixs de parques.

La población organizada se ha enfrentado a hostigamientos. Por ejemplo, en marzo, personal de los parques interrumpió actividades lúdicas e informativas organizadas por usuarixs organizados de los parques con la justificación de realizar un registro interno. Este acto fue calificado como una práctica intimidatoria, ya que antes de las protestas contra el cablebús, esta práctica no había sido realizada.

El 3 de marzo, Armenta demeritó las acusaciones sociales, instando a las personas que conformaban la oposición contra el cablebús a demostrar el impacto de su huella ambiental, lo que resulta absurdo dada la falta de información. 

Del mismo modo, a través de distintos medios de comunicación, el gobernador ha subrayado que no hay motivo de preocupación para la sociedad. Dice que el Cablebús representa una medida sustentable para encarar las emisiones de carbono en la ciudad. 

El gobierno también ha pagado a influencers con recursos estatales para difundir una narrativa contrainsurgente en redes sociales, principalmente Tiktok e Instagram. Aparte, ha acusado a lxs opositores al proyecto de ser bots pagados, argumentando que las cuentas que critican el proyecto se ubican fuera del país.

En un comunicado publicado el 14 de abril, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se manifestó a favor del proyecto como una alternativa sustentable tras un “análisis cuidadoso de la propuesta”. Cabe señalar que tal propuesta ni siquiera se ha presentado, debido a la reserva de la información técnica del proyecto.

La respuesta del gobierno estatal a la resistencia contra el proyecto fue, en primera instancia, reducir públicamente el número de árboles afectados de 980 a 560, y posteriormente a 350. 

En fechas recientes, el número de árboles que pretenden ser reubicados o podados ha pasado a 97, además de un plan de reforestación que contemplaría la siembra de 10 mil nuevos árboles, desconociendo la funcionalidad de estos árboles en los espacios en los que ya están y reduciéndolos únicamente a números, en un acto que la población organizada ha calificado como ecocidio.

Una mujer en bicicleta con la consigna “Ni un árbol menos, ni un parque menos” durante una marcha contra el cablebus en Puebla, México, el 1 de marzo, 2026. Foto © Daniel Chazari.

La resistencia sigue

A pesar de las promesas, la población ha continuado demostrando la inviabilidad del proyecto. A través de una campaña en redes se ha difundido la importancia de la conservación de los espacios verdes y de esparcimiento, y se ha evidenciado la imposición de este proyecto altamente destructivo. La población organizada ha demostrado que existen alternativas, incluyendo una modificación del trazo.

El primer amparo legal contra el proyecto fue interpuesto en marzo, logrando que se suspendiera de forma provisional. Sin embargo, el último dictamen del juez José Arroyo Martínez negó una suspensión definitiva debido a que no podía comprobarse la afectación ambiental que argumentaban lxs quejosxs. ¿Pero cómo se puede comprobar eso si no existe la Manifestación de Impacto Ambiental?

Frente a las críticas masivas, argumentadas y razonadas de la población, y a pesar de la reiterada desestimación de sus demandas, el gobierno estatal se comprometió a elaborar y presentar la información técnica del proyecto para el 31 de marzo. 

Esta fue presentada de manera parcial recién el 13 de abril en una conferencia mañanera en la que García Parra, Coordinador de Gabinete estatal en Puebla, presentó una serie de diapositivas propagandísticas que no aclaran a cabalidad los cuestionamientos técnicos que la población ha estado exigiendo. 

El cablebús no es el único proyecto que ha despertado consternación popular en Puebla. Persisten otros proyectos del gobierno estatal que amenazan el medio ambiente, como el basurero que se pretende instalar en San José Chiapa, al oriente del estado, un proyecto turístico en la Reserva Estatal Flor del Bosque y el Ecoparque Tlalli-Malinche. 

La lucha contra el cablebús en Puebla es legítima y es diversa. En la ciudad anidan distintas formas de cuidar, preservar y sostener el espacio urbano, evidenciando el ya dañado ecosistema que hace parte de un entorno que merece ser defendido. 

A pesar de las múltiples expresiones de injusticia ambiental y el tendencial sacrificio de áreas verdes y de esparcimiento, la población persiste y resiste. Su organización hace visibles las frágiles relaciones de interdependencia y la necesidad de cultivarlas más allá de proyectos abstractos que solo se centran en el interés político y económico.