Sheinbaum anula su compromiso contra el fracking
Ilustración © @norestesinfracking.
Opinión • Alejandra Jiménez Ramírez • 28 de agosto, 2026 • Read in English
“No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”. Así lo proclamó Claudia Sheinbaum ante miles de personas el 1 de marzo de 2024 en el arranque de su campaña por la presidencia. Era uno de los compromisos que forman parte de sus 100 Pasos para la Transformación.
Pero en medio de la crisis energética mundial, la fuerte dependencia de México a las importaciones de gas estadounidense y el riesgo de una recesión económica, el debate sobre el fracturamiento hidráulico o fracking vuelve a ocupar un lugar central.
En México, el debate inició hace más de una década cuando el entonces presidente neoliberal Enrique Peña Nieto abrió el sector energético a la inversión privada y promovió el fracking bajo una narrativa de soberanía nacional, como parte de su reforma energética.
Hoy han resurgido los mismos argumentos, esta vez bajo un gobierno que se define de izquierda y opositor a ese modelo neoliberal, con una base política que se declaró en contra del fracking.
El giro comenzó a delinearse con el Plan Estratégico 2025-2035 propuesto por Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera propiedad del estado, en agosto del año pasado. Aunque el documento evita la palabra “fracking”, plantea la necesidad de explotar “yacimientos complejos y no convencionales”.
A principios de 2026, bajo las presiones arancelarias y los conflictos bélicos y energéticos, la presidenta Sheinbaum fue definiendo con mayor claridad el cambio de postura: el desarrollo de fracking en México podría ser una alternativa para lograr la “soberanía energética”, planteando la posibilidad de analizar la versión de lo que ella llama “fracking sustentable”.
El imaginario petrolero
El fracking en México se inscribe en una historia petrolera que comenzó a finales del siglo XIX con el descubrimiento de los primeros yacimientos de petróleo en Tabasco, San Luis Potosí y el norte de Veracruz. En esos territorios habitan comunidades originarias con modos de vida centrados en la organización comunitaria y una profunda interdependencia con la naturaleza.
Tras la Revolución y como resultado de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas de 1938, la renta petrolera financió infraestructura básica —hospitales, escuelas y carreteras— vinculando de manera indisoluble el éxito nacional al crecimiento económico y construyendo una identidad nacional sostenida en Pemex y los hidrocarburos como ejes de soberanía.
Los territorios indígenas y campesinos aportaron los elementos materiales como recursos hídricos, alimentos y petróleo que hicieron posible la renta petrolera y el crecimiento urbano e industrial, mientras sus habitantes padecían la degradación de sus entornos.
Bajo lógicas desarrollistas y racistas, se borró la preexistencia de culturas ancestrales diversas en ecosistemas megadiversos y se priorizó al estado petrolero como símbolo de un progreso que sacaría al país de su estatus de subdesarrollo.
Este modelo intentó replicar los esquemas de acumulación intensiva de capital a través de la economía fósil que en las últimas décadas ha derivado en el principal reto que enfrenta la humanidad: la crisis climática.
El declive geológico y la destrucción
En México, la bonanza petrolera duró de 1970 a 1990, y se sostuvo principalmente en los yacimientos de Cantarell —de los más grandes del mundo— ubicado en las profundidades del mar en la costa del estado de Campeche.
Actualmente, el declive de la producción de petróleo de México supera el 94 por ciento respecto de los niveles máximos de producción de 2003 y 2004. En mayo de 2026 operó con apenas 112.453 barriles diarios en contraste con los 2,1 millones de barriles diarios de petróleo crudo que produjo a finales de 2003.
Este declive no puede achacarse únicamente a errores administrativos ni a políticas neoliberales.Se trata de una realidad geológica insoslayable: los combustibles fósiles son recursos finitos y no renovables.
El petróleo de fácil acceso, o “convencional”, está llegando a su fin en México. Ante este escenario de escasez y la persistente dependencia del sistema económico de los fósiles, la industria recurre a tecnologías complejas de frontera para acceder a los “yacimientos no convencionales”, donde el gas y el petróleo se encuentran encapsulados en pequeñas cantidades dentro de rocas de muy baja permeabilidad, conocidas como lutitas o shale.
El fracking o fracturamiento hidráulico es una técnica diseñada para intervenir formaciones geológicas “no convencionales”, situadas a más de 3.000 metros de profundidad. Este método implica perforar verticalmente hasta alcanzar la roca generadora o lutita para luego desviar la trayectoria de forma horizontal, extendiéndose por kilómetros.
Una vez posicionado el pozo, se inyectan a altísima presión millones de litros de agua mezclada con arena —que mantiene abiertas las fisuras— y un cóctel de aditivos tóxicos diseñados para facilitar el bombeo y la extracción del hidrocarburo.
Esta tecnología se creó en Estados Unidos, país que transformó su panorama energético y se consolidó como el principal productor global de hidrocarburos tras perforar más de 1,5 millones de pozos de fracking en las últimas dos décadas.
La aplicación de esta técnica a gran escala introduce dinámicas operativas completamente distintas a la extracción convencional. En Texas, donde se ha desarrollado el fracking de forma masiva, los impactos van desde sismos y enfermedades asociadas a convivir con los pozos de fracking y toda la infraestructura asociada, hasta el desplazamiento de comunidades y de actividades económicas como la agricultura y la ganadería.
Ha provocado graves problemas hídricos derivados del uso intensivo de agua dulce y del exceso de agua de retorno tóxica proveniente de los pozos ya fracturados que ahora emerge en forma de géisers después de intentar confinarla en el subsuelo.
Mando vertical
Tras el giro en la postura, la presidenta Sheinbaum busca legitimar el fracking apelando a la ciencia. En abril designó un Comité Científico para evaluar la explotación de gas fósil en yacimientos no convencionales.
El comité quedó conformado principalmente por integrantes de la academia y algunxs consultorxs externxs. Se desestimó la voz y saberes de las comunidades amenazadas, así como el conocimiento acumulado durante más de una década por colectivos y organizaciones de la sociedad civil que han documentado y sistematizado evidencia científica y empírica sobre los impactos del fracking dentro y fuera del país.
Después de cuatro meses de deliberación, el Comité presentó el 6 de agosto sus resultados preliminares con 10 conclusiones.
En ella se establece que, de las tres cuencas petroleras con interés en yacimientos no convencionales —Sabinas-Burro-Picachos, Burgos y Tampico-Misantla—, se deben “prohibir actividades de extracción de gas natural de yacimientos no convencionales” dentro de la cuenca Tampico-Misantla.
Es decir, se estarían protegiendo regiones como el sur de Tamaulipas, las Huastecas Potosina e Hidalguense y el norte de Veracruz y Puebla a partir de criterios de protección ambiental, social, biodiversidad y de densidad demográfica, para seguir con el fracking en el norte de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
A eso, debemos agregar lo no dicho: el criterio político que modificó la postura de la presidenta Sheinbaum en el contexto de las próximas elecciones de la cámara baja del Congreso en junio de 2027.
Otra conclusión resalta que de ninguna manera se tendría que utilizar agua dulce, sino exclusivamente agua salada. Para ello, proponen usar el agua salobre presente en las cuencas Burgos y Sabinas-Burro-Picachos.
Esta última cuenta con la mayor cantidad de reservas prospectivas de gas fósil, amenazando a los estados norteños de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con una población de casi 1,3 millones de personas, en su mayoría urbana, pero donde también hay 1.850 localidades rurales, 151 ejidos (tierras de propiedad comunal), además del territorio del pueblo Kikapú.
Fracking, ni aquí ni allá
Las conclusiones del comité no eliminan la amenaza del fracking en México, solo la desplazan hacia el noreste del país.
En San Luis Potosí y Veracruz, donde se ubican la cuenca Tampico-Misantla y el movimiento popular más demandante de la prohibición del fracking, la demagogia nunca será suficiente para sentirse a salvo. Las comunidades ya han dejado claro que su resistencia continuará mientras el gobierno no cumpla con la prohibición total del fracking.
Antes de que el Comité Científico de Sheinbaum “blindara” su territorio, las comunidades de la Huasteca Potosina y Veracruz ya lo habían hecho por cuenta propia, ejerciendo su derecho a la libre autodeterminación y recurriendo a acuerdos internacionales suscritos por México como el Acuerdo de Escazú.
Su exigencia de prohibición total del fracking lleva más de una década y ya han escuchado varias promesas por lo que, para ellas, la versión “sustentable” es sólo un eufemismo que busca negar la destructividad inherente de esta técnica.
A través de la organización comunitaria, asambleas y actas ejidales, comunitarias y de cabildo, se ha cerrado la puerta al fracking en 15 municipios. El reciente anuncio de la presidencia sobre “blindar” este territorio les parece un avance, pero no bajan la guardia y exigen que se concrete en un decreto jurídico constitucional. Mientras tanto, declaran que la defensa de su territorio continúa y que su solidaridad con la gente del noreste se estrecha.
A esta defensa se suman juventudes del noreste del país, que integran la mayor parte del colectivo Noreste Sin Fracking. Hoy más que nunca, estas juventudes están bajo la amenaza del “fracking sustentable”.
No ven en el petróleo una fuente de bonanza, sino de muerte, y no creen en la promesa de desarrollo y empleo: para ellxs el agua vale más que el gas y el petróleo, y por ello exigen un “Noreste libre de fracking”.
