La falla del Estado chileno y el derecho a decidir
Ilustración original para Ojalá por @pazconadie.
Reportaje • Yasna Mussa • 6 de junio, 2025 • Read in English
El día en que su vida dio un vuelco, Valentina Donoso fue, como de costumbre, al consultorio a buscar sus pastillas anticonceptivas que le entregaban en el Centro de Salud Familiar, Cesfam, el centro de salud pública que en Chile otorga atención primaria. Vio un letrero colgado en el que se informaba sobre los lotes alterados de las píldoras que ella tomaba hace años, Anulette CD.
Al llegar a su casa revisó y comprobó que el envase de sus pastillas del mes anterior formaba parte del lote defectuoso.
“Yo tenía otros planes de vida. Tenía pensado estudiar y encontrar un buen trabajo”, dijo Donoso, que ahora tiene 25 años y una hija de cuatro años. “No tenía pensado ser madre, porque para ser madre tienes que tener una buena estabilidad económica.”
Corría el año 2020 y la humanidad enfrentaba los estragos de la pandemia por la covid-19. En Chile, además del confinamiento estricto y las restricciones de movimiento que aumentaron las cifras de desempleo, cientos de mujeres quedaron embarazadas sin su consentimiento por la falla masiva de este medicamento defectuoso proveído por un estado que no les permitía abortar.
Las fallas fueron más allá de las píldoras ineficaces: Donoso dijo que nadie del consultorio la llamó para informarle ni advertirle para que tomara precauciones, pese a que ya había pasado un mes desde la alerta.
“¿Cómo iba yo a imaginar que por negligencia de las instituciones del Estado todo mi proyecto de vida se iba a ver afectado?”, se pregunta.
Luchar contra el estado
El testimonio de Donoso es uno de los siete casos incluidos en una demanda civil presentada por Corporación Miles, con el apoyo de Women’s Link Worldwide, contra el Estado chileno. El caso representa a mujeres que quedaron embarazadas tras utilizar anticonceptivos defectuosos proporcionados por el sistema de salud pública. Corporación Miles, que promueve los derechos sexuales y reproductivos en Chile, descubrió que más de 200 mujeres se vieron afectadas.
La demanda responsabiliza al Estado por los daños emocionales, económicos y personales causados, y nombra a varias instituciones involucradas, entre ellas el Instituto de Salud Pública, el Centro Nacional de Abastecimiento y el Ministerio de Salud.
Durante un seminario convocado por Corporación Miles Chile sobre el rol del Estado en la reproducción, Dorothy Estrada, del grupo de trabajo de Discriminación contra Mujeres y Niñas de la ONU, dijo que Chile, como miembro de la Organización de Estados Americanos y firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, está obligado “a adoptar medidas y políticas para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y velar por que otros actores puedan afectar esos derechos”.
“Quiero que las instituciones del Estado asuman su responsabilidad, apoyándonos para hacer frente al esfuerzo económico que representa ser madre sin haber estado preparada, y para que nuestros hijos reciban servicios de salud y educación”, dijo Donoso.
Ilustración original para Ojalá por @pazconadie.
Es una mañana de viernes otoñal en Santiago de Chile y en los pasillos de Corporación Miles hay más movimiento de lo habitual, producto de una capacitación que reúne a lideresas de organizaciones feministas. Luz Reidel Wagner, subdirectora de Incidencia Social y Política y abogada en Corporación Miles, resume en un suspiro profundo lo tremendo que ha sido para la vida de las personas afectadas por esta negligencia este proceso legal y el camino para llegar a conseguir algo parecido a la justicia.
Entre las múltiples consecuencias y capas que atraviesa este acontecimiento en la vida de quienes confiaron en el sistema público, hay también un aspecto de clase no menor: los consultorios del gobierno abastecían a mujeres que pertenecen a las comunas más vulneradas y con menos recursos económicos.
“Ese es un aspecto fundamental y por eso hemos centrado también tantos esfuerzos en abordar este caso y poder llevar adelante esta representación, porque en definitiva esto impacta en los proyectos de vida de una manera bien multidimensional”, dijo la abogada Reidel Wagner en una entrevista con Ojalá.
Reidel Wagner destaca que además de impactar tanto a madres primerizas como a mujeres que no querían volver a maternar, algunas de las afectadas han tenido hijos con complicaciones de salud, implicando para estas familias de un nivel socioeconómico más bajo un esfuerzo mayor e inesperado.
“Esto tiene además una arista adicional que tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres que se encuentran en esta situación”, dijo Reidel Wagner. “Un juicio de carácter civil y para una indemnización de perjuicios es sumamente largo, engorroso, difícil de llevar y que requiere de abogados bien expertos en la materia para litigar contra el Estado”.
La corporación ha podido gestionar vínculos suficientes para contar con un soporte externo, con el apoyo de organizaciones internacionales en todo el proceso y la colaboración pro bono de un estudio jurídico experto en la materia.
Aborto libre y seguro: una deuda estatal
En un país donde el aborto solo está despenalizado en tres causales —peligro para la vida de la persona gestante, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de violación— las posibilidades para personas como Donoso se reducían de manera significativa. Si decidía no llevar adelante el embarazo, tendría que buscar por sus propios medios una alternativa que la vulneraba aún más, pues no solo tenía que recurrir a mercados clandestinos, sino que no contaría con ningún tipo de acompañamiento ni seguridad en caso de que algo llegase a fallar.
Reidel Wagner menciona un punto relevante que por cotidiano puede pasar desapercibido: en un país con una legislación como la chilena, la persona gestante que decide abortar pasa por esto a solas, sin familiares esperando afuera de la clínica, con miedo e incertidumbre, viviendo el proceso en silencio y muchas veces con culpa o vergüenza por la condena social.
“[La contención] debiera pasar también con el aborto porque es una prestación médica. Y cuando hablamos de familia hablamos también de ese espacio de contención que le estamos privando a las mujeres que abortan hoy día de tener en su vida, porque las estamos relegando a una situación de criminalización”, dijo Reidel Wagner. “Eso es muy real en nuestro país. Es muy triste también y es algo que podemos evitar avanzando hacia un sistema de plazos que nos permita estar a la altura de los estándares internacionales”.
Hasta 2017, las personas gestantes en Chile no podían abortar en ningún caso, lo que instalaba al país sudamericano como uno de los seis en el mundo en donde se prohibía incluso cuando estaba en peligro la vida de la madre. Aunque se despenalizó con la Ley 21.030, que regula las tres excepciones vigentes actualmente, la realidad es que en los pabellones existen médicos que apelan a la objeción de conciencia para negarse a realizar este procedimiento médico.
Pese a esto, las cifras son elocuentes. Según el Ministerio de Salud, se han realizado 5.324 abortos bajo esta ley y de ellos, de ellos el 27 por ciento fueron por violación. Ese mismo organismo destacó que no se han registrado muertes asociadas a procedimientos realizados bajo dicha ley.
La defensa del derecho al aborto por parte del presidente Gabriel Boric durante la última Cuenta Pública —un discurso anual sobre el estado de la nación ante el Congreso— provocó rápidas reacciones por parte de grupos feministas que llevan mucho tiempo luchando por los derechos reproductivos en Chile. Días antes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, había adelantado la postura del gobierno: las mujeres que abortan “no deben seguir siendo tratadas como criminales ni seguir siendo perseguidas penalmente”.
El pasado miércoles 28 de mayo, poco más de tres años después de haber iniciado el gobierno de Boric, un conjunto de ministres anunciaron el ingreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con plazos al Congreso. Impulsar el aborto legal, libre, seguro y gratuito fue una de las promesas de campaña que llevaron a Gabriel Boric a La Moneda.
Desde la Coordinadora Feminista 8M sostienen que este anuncio “llega tarde” y sin la urgencia política necesaria.
“No aceptaremos proyectos simbólicos, ni concesiones a medias”, dijo Javiera Mena Muñoz, una de las voceras de la Coordinadora. “Queremos una ley robusta que recoja nuestras demandas. Una ley que tenga como centro la libertad, la justicia y el cuidado”.
