La comunidad de la costa oaxaqueña que se apropió del turismo
Ilustración digital creada para Ojalá © Elisa María M.V.
Reportaje • Areli Palomo Contreras • 9 de mayo, 2025 • Read in English
La muerte viajó de día, filtrándose entre pequeños cerros y planicies tropicales, casas, tiendas y hostales hasta llegar a Barra de la Cruz, una pequeña comunidad chontal de la costa oaxaqueña.
Caminó hasta llegar, el 28 de febrero de 2025, a la agencia municipal del poblado que convocó una asamblea a las seis de la tarde. El tema principal: el lugar donde se construiría un aula escolar. La reunión era frente a la agencia, en la cancha techada donde Cristino Castro estaba sentado junto a otros compañeros. Ahí, la muerte susurró; estallaron balazos.
Minutos antes se había estacionado una motocicleta con dos individuos a bordo. Uno de ellos bajó, se acercó a Castro y lo asesinó a tiros en pleno día.
Castro era parte del colectivo de defensores del territorio de Barra de la Cruz, uno de los frentes comunitarios más emblemáticos de defensa en estas costas. Pero no es el primero al que han asesinado por proteger las tierras de esa comunidad.
Juventino Muñoz Castillo murió a balazos en 2020, después de un atentado en 2017; a José Castillo Castro le pusieron dos balas en la cabeza en 2021 y sobrevivió; Yael Robles Vasquez y su tío Sergio Robles Castillo murieron asesinados a tiros en 2024 con cinco días de diferencia.
Hasta la fecha, no hay ningún detenido por estos asesinatos.
El problema de esta comunidad, de tan solo 751 habitantes en donde todos tienen algún parentesco, inició con los ingresos económicos que deja —y que podría dejar— el desarrollo del turismo del surf en su territorio. En Barra, como en el 76 por ciento del estado de Oaxaca, la propiedad privada no existe.
Aquí la tenencia de la tierra es comunal. Por eso los comuneros de Barra han logrado lo que pocos en la región: mantener los ingresos del turismo provenientes del surf para su comunidad. La propiedad comunal no se puede vender y esto se opone a los intereses de la industria turística que busca privatizar tierras cercanas al mar para garantizar seguridad jurídica a los inversionistas.
La ola perfecta
Por las noches, el sonido de las olas abraza a la comunidad de Barra que se encuentra cuesta arriba, entre pequeños cerros, a dos kilómetros de la playa.
Fue a principios de la década de los noventa cuando dos surfistas australianos llegaron a Barra y quedaron impresionados al ver esa ola noble y poderosa que se forma al romper en una punta de rocas y, al irse cerrando a lo largo de la playa, se convierte en una especie de tubo: la ola perfecta.
La voz se corrió y así empezaron a llegar surfistas de distintas partes del mundo. La década del 2000 vio a Barra de la Cruz escalar como destino de este deporte y posicionarse como sitio de surf en el rango de Puerto Escondido, reconocido a nivel mundial por sus olas.
Ya para junio de 2006, las aguas barreñas fueron, por primera vez, sede de un torneo internacional de surf. A la par de este éxito y el incremento de turistas, los barreños también se dieron cuenta de lo que pasaría con su comunidad al verse reflejados en la situación del vecino municipio de Santa María Huatulco.
Santiago Cruz, cuyo nombre se ha cambiado por razones de seguridad, deja su caldo de pollo en la mesa, me observa resignado a pasar hambre.
“No queremos que nos pase lo que le pasó a Huatulco”, dice Cruz al recordar por qué, en comunidad, acordaron no permitir a ninguna persona externa a Barra poner un negocio o intentar comprar sus tierras comunales. Huatulco es un Centro turístico Integralmente Planeado (CIP), a tan sólo 52 kilómetros de Barra, creado en 1984 mediante la expropiación de 21,000 hectáreas de tierras comunales por el gobierno federal.
Ahí, la población local fue desplazada y explotada como mano de obra barata. Las grandes empresas hoteleras extranjeras, como el Secrets, se quedaron con las mejores playas del lugar.
Cruz explica que muchos barreños iban a trabajar a Huatulco y, entonces, ellos lo vieron y entendieron: la competencia con las grandes inversiones sería desigual y los pequeños negocios locales de renta de cuartos, alimentos y otros servicios no lograrían sobrevivir. Las pequeñas casitas de los habitantes, hasta la fecha rodeadas de vegetación y fauna local, más el estruendo de las olas que se apodera de las noches, también desaparecerían.
Por esto, en 2004, se decidió en una asamblea general que ningún extranjero o mexicano ajeno a la comunidad podría invertir o comprar bienes inmuebles o terrenos en las tierras barreñas. En 2005, la comunidad creó un restaurante comunitario, el único con la autorización de ubicarse en la playa. Se decidió cobrar una cooperación a los surfistas para mantener los baños y regaderas públicas.
Y ya para el 2007, después del éxito del primer torneo mundial de surf en Barra, la cantidad de turistas que llegaron a la comunidad se disparó, así como los ingresos del turismo y el conflicto por las tierras.
Lotificar tierras ajenas
El comisariado de bienes comunales es la autoridad encargada de convocar asambleas para decidir sobre el destino de las tierras comunales, entre otras cosas. Las asambleas se integran principalmente por comuneros, jefes de familia y hombres con derechos de posesión sobre sus terrenos. Solo mediante asamblea pueden ceder dichos derechos a terceros. En el caso de Barra, el comisariado de bienes comunales incluye tanto a los de Barra de la Cruz como los de San Isidro Chacalapa, con un total registrado de 398 comuneros. Los comuneros barreños que, como Cristino Castro, se pusieron al frente de la defensa de las tierras barreñas, son quienes espontáneamente formaron el colectivo de defensa del territorio de lugar.
En 1991, los comuneros de San Isidro y Barra acordaron alternar la presidencia del comisariado cada tres años. Sin embargo, en 2007, el acuerdo se rompió.
Ese año, comuneros de Barra, incluidos algunos de los asesinados del colectivo, iniciaron gestiones ante las autoridades federales de la Reforma Agraria [ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)] para resolver el conflicto. Durante años, la Sedatu no hizo nada para resolver la disputa. Esto se tradujo en el nombramiento de un comisariado no reconocido ni por los comuneros de Barra ni por los de San Isidro, abriendo el camino para destruir y lotificar un terreno comunal frente a la playa conocida como “La Playita”.
“La ausencia de un órgano regulador de los problemas agrarios locales que contara con el aval de la Sedatu tuvo graves implicaciones”, escribe María José Fernández Aldecua, investigadora del Instituto de Turismo de la Universidad del Mar, en su tesis doctoral sobre turismo de base comunitaria.
Desde 2007, en Barra se crearon comités de vigilancia de la tenencia de la tierra. En 2013 se eligió un comité integrado por algunos comuneros de Barra en el que “se mezclaron personas que no eran siquiera de la comunidad y que tenían ‘otros intereses’” según Fernández Aldecua. Este comité falsificó un acta añadiendo firmas, lo que le permitía ampliar el casco urbano de Barra, cuando la verdadera intención era utilizar el acta para lotificar “La Playita”.
En una declaratoria de hechos fechada el 10 de enero del 2019 y entregada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre el grupo de lotificadores del 2013 estaba Gerónimo Castellanos Sosa, que asumió el cargo de agente municipal de Barra de la Cruz el siguiente año. Continuó el proceso de lotificación de, por lo menos, 19 hectáreas en “La Playita”.
La declaratoria afirma que, durante la administración de Castellanos Sosa, los terrenos de 20 metros por 20 metros fueron “cedidos” a personas externas a la comunidad por entre $2,000 y $4,000 pesos (lo que sería el equivalente de $175-$350 dólares hoy en día). Fernández Aldecua también menciona la entrega ilegal de lotes a personas ajenas a Barra y dice puntualmente que el agente municipal no tiene facultad legal para cambiar el uso de suelo, mucho menos para ceder terrenos.
En “La Playita” ha vuelto a crecer la vegetación que se destruyó y los lotes no se han ocupado. Al cierre de esta investigación, no se sabe qué es lo que sucedió con los supuestos derechos de posesión ilegales que se entregaron a las personas externas a la comunidad.
Despojo y resistencia
Según una carta de inconformidad entregada el 27 de marzo del 2014 a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Oaxaca, la autorización de la lotificación estaba avalada por Tomás González Ilescas, entonces delegado de la Semarnat en Oaxaca, y por una figura política de alto rango que no fue nombrada en el documento. No se encontraron más indicios de que González Ilescas haya estado involucrado en la lotificación.
El conflicto creció cuando el 4 de julio de 2016, la Sedatu en Tehuantepec acreditó un comisariado integrado solo por comuneros de San Isidro, sin importarle que ya había un trámite iniciado para restablecer el acuerdo por trienios por parte de comuneros de Barra.
Hasta hoy día, el conflicto agrario en Barra de la Cruz no se ha resuelto. No sabemos qué figuras podrían estar detrás de la lotificación ilegal y de los asesinatos de los líderes involucrados en las denuncias ante el estado. Ellos son el saldo por la especulación de las tierras en la costa oaxaqueña. Hoy, la principal demanda de las familias barreñas que han protegido el territorio es que se detengan los asesinatos a los defensores y que la autoridad federal agraria resuelva el conflicto de 18 años de antigüedad.
La muerte de Cristino Castro pesa en el aire. El miedo sigue presente. El turismo, los torneos mundiales y los surfistas profesionales siguen llegando, sin ver a la muerte que ronda la ola perfecta y la playa impecable que los barreños han cuidado con su vida.
Esta es la cuarta entrega de una serie de artículos que fueron posibles gracias al apoyo del Resilience Fund.