Desordenando el statu quo en El Salvador

Ilustración digital de Eusebio Linares Barthelemi (@euse_arte) para Ojalá.

Opinión • Andrés Alcalá Rodríguez • 30 de enero, 2026 • Read in English 

El 13 de mayo de 2025, dos defensores medioambientales fueron arrestados en la capital de El Salvador, acusados de ser “desordenadores públicos”. El término, extraño y casi teatral, apareció en el comunicado oficial de la Fiscalía. Para muchxs pasó como un incidente menor; para otrxs, como una señal de alerta. Detrás de esas palabras se encuentra algo más profundo: ¿qué “orden” es el que supuestamente perturbaban?

El caso se relaciona con una vieja disputa por tierras comunitarias, la historia de una cooperativa agrícola y un conflicto que revela capas enteras del país: desigualdad, concentración de la riqueza, militarización y un modelo económico que se repite desde hace más de un siglo.

Los defensores arrestados acompañaban a la cooperativa El Bosque, fundada tras los Acuerdos de Paz de 1992 como parte de la reforma agraria impulsada en Chapultepec, México. Su historia está registrada en el documental Sin un lugar a donde ir, que muestra cómo antiguos trabajadores sin tierra recibieron parcelas para cultivarlas colectivamente.

Pero desde los años noventa, tras una deuda bancaria y el giro hacia políticas privatizadoras, la cooperativa quedó vulnerable. Diversos grupos económicos presionaron por su venta, alegando que las tierras podían destinarse a proyectos comerciales.

Las dos personas detenidas por la Policía Nacional Civil en mayo del año pasado eran el abogado que patrocinaba el caso y el presidente de la cooperativa. Sus detenciones, que se llevaron a cabo sin órdenes judiciales, se produjeron después de que la comunidad protestara por los intentos de desalojarlos.

El 17 de diciembre de 2025, los defensores fueron liberados mientras continuaba afianzándose esta retórica y existe preocupación por una posible persecución política, por lo que no se han incluido sus nombres.

El origen del ‘orden’: café, tierra y élites

La estructura económica salvadoreña tiene un origen muy preciso: los barones del café, las llamadas “14 familias” que entre finales del siglo XIX y el siglo XX concentraron enormes extensiones de tierra. El monocultivo del café moldeó el país: tierra privatizada, campesinado sin derechos y un Estado diseñado para proteger los intereses de la élite. 

Desde 1948 hasta 1972, los gobiernos militares gobernaron bajo esta lógica: proteger la propiedad y reprimir cualquier intento de redistribución. La desigualdad era brutal, la inversión social, escasa, la movilidad social, casi nula.

Como documenta Teaching Central America, esta estructura política fue tan rígida que, a mediados del siglo XX, la tensión social escaló hasta desembocar en la guerra civil que concluyó en 1992.

En 1979, cinco organizaciones político-militares formaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lo que marcó una nueva etapa del conflicto. La respuesta estatal fue dura: los batallones Atlácatl, entrenados por Estados Unidos, se hicieron célebres por su violencia.

Miles de familias huyeron del país, la economía se desestabilizó y la desigualdad se mantuvo intacta. Los Acuerdos de Paz proponían una reforma agraria que dio origen a cooperativas como El Bosque. Por primera vez, trabajadorxs rurales accedían colectivamente a tierras.

Pero este avance duró poco. Para mediados de los 1990, la política privatizadora del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) empujó a muchas cooperativas a enfrentar embargos, juicios y presiones para vender sus terrenos. El documental Cooperativa El Bosque muestra cómo, tras décadas de lucha, las tierras vuelven a estar en riesgo.

El bukelismo y el ‘orden’

Aunque la detención de los “desordenadores” en 2025 puede parecer un hecho aislado, ocurre dentro del contexto político del auge del bukelismo. 

Desde 2019, Nayib Bukele ha consolidado un modelo que combina control territorial, un discurso de eficiencia y un régimen de excepción que ya hoy parece permanente. El gobierno promueve estas medidas de seguridad articulando una narrativa de crecimiento económico derivada de la seguridad impuesta. 

Sin embargo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el crecimiento económico reciente en El Salvador no se traduce en bienestar: los salarios no mejoran, el empleo sigue siendo precario y la desigualdad permanece intacta.

Al mismo tiempo, según datos de la asociación Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), el empleo informal, que entre 2019 y 2021 osciló entre el 67 por ciento y el 69 por ciento de la población activa, evidencia un país donde la mayoría vive sin seguridad laboral. Mientras tanto, de acuerdo con datos del propio Banco Mundial, la pobreza aumentó del 26,8 por ciento en 2019 al 30,3 por ciento en 2023.

En este escenario, los grupos de poder que históricamente han dominado la economía no han desaparecido: se han transformado. De las antiguas 14 familias, hoy persisten ocho grandes conglomerados que mantienen influencia en los sectores financieros, inmobiliarios y agroindustriales.

Aunque Bukele ha capitalizado políticamente el antagonismo a estas poderosas fuerzas y su triunfo electoral del 2019 fue un voto de castigo a los partidos tradicionales, el neoliberalismo de estado del bukelismo en realidad desemboca en un proyecto de élite de la familia del presidente. 

Diversas investigaciones periodísticas han denunciado el auge de las propiedades de lo que denominan “clan Bukele”, es decir, la familia del presidente, que se posiciona como nuevo terrateniente de élite en El Salvador. 

Frente a este contexto, ¿qué “desordenan” lxs defensorxs ambientales en El Salvador?

El 15 de mayo, luego de las detenciones, Bukele reaccionó públicamente a través de una larga publicación en la red social X. Afirmó que su gobierno no era responsable del problema de tierras y propuso —a modo de castigo— una tributación especial para las organizaciones no gubernamentales; recaudación que de acuerdo con su comunicado, resolvería el problema. 

El mensaje de Bukele sugería que el conflicto no era un resultado del modelo económico, sino de “manipulaciones” de organizaciones extranjeras.

Sin embargo, la cooperación internacional, la academia y las organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado lo contrario: lo que está en juego es la continuidad de un patrón histórico de despojo y desplazamiento.

De ahí que la categoría de “desordenador” sea reveladora. No describe un delito, sino una postura política: la de quienes interrumpen la maquinaria de acumulación, quienes disputan el uso de la tierra, quienes cuestionan la idea misma de progreso basada en la privatización y el acaparamiento de tierras para especular con ellas.

Lo que revelan los ‘desordenadores’

El “orden público” invocado por la Fiscalía en la acusación contra los defensores no es un concepto neutro. En El Salvador, históricamente, ha significado la protección de un sistema que concentra la riqueza y limita cualquier intento de redistribución.

Hoy, bajo un régimen que ha ampliado las facultades de detención y que acumula, hasta enero de 2026, un total de 46 prórrogas del estado de excepción, restringiendo la protesta, ese “orden” funciona como el criterio para definir quién es un ciudadano legítimo y quién es un “desordenador”. El orden público, podemos decir, es igual al bukelismo. 

En este relato, quienes defienden bienes comunes —agua, tierra, bosque, vida comunitaria— aparecen como sus inminentes amenazas. Y el Estado, en nombre del bukelismo, responde con fuerza.

La detención de los defensores ambientales, entonces, no es solo un episodio de criminalización. Es un espejo. 

Refleja un país donde la desigualdad estructural sigue intacta; donde el pasado oligárquico se mantiene en nuevas manos; donde la ciudadanía común paga las consecuencias de decisiones tomadas hace 100 años; donde la seguridad se utiliza para desarticular las voces disidentes.

Y, sobre todo, muestra que el verdadero desorden no viene de quienes protestan, sino de un sistema que convierte la defensa de lo común en un delito.

Porque el crimen de estos defensores —como ocurre tantas veces en la región— no fue de acción, sino de palabra. Fueron detenidos por nombrar lo que muchos prefieren callar: que el “orden” salvadoreño es, desde hace generaciones, un pacto desigual.