Científicxs luchan contra la precariedad en Argentina

Acción “Navidad con ciencia” en el edificio del Polo científico ante las puertas del Conicet en reclamo por el desfinanciamiento de la ciencia en Argentina. En los paquetes se puede leer “cientificidio”, “basta de expulsar científicos” y “lacayos vende patria” el 22 de diciembre, 2025 en Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.

Reportaje • Daniela López • 14 de agosto, 2026 • Read in English

En una caja de medicamentos hay un mensaje que la investigadora argentina Josefina Buonocore lee en voz alta: “Bendiciones, Dios es amor y poder. Saludos de Flor, Sol y Mirta”.

La medicina es letrozol, un fármaco indicado por su médico para darle continuidad a un tratamiento de cáncer que comenzó a mediados de 2025 pero recién consiguió en mayo de 2026 mediante una donación de parte de estas tres desconocidas para Buonocore que llegó por correo. 

“Mi caso empieza con una cirugía, una mastectomía doble”, cuenta Buonocore. Dice que, desde el inicio, la obra social (la cobertura médica obligatoria que por ley se debe proveer a lxs empleadxs en relación de dependencia) le dió vueltas. “Me postergó no sé cuántas veces la cirugía, yo tenía tanto temor que terminé juntando plata, le pedí a mi familia, hice colectas”, cuenta.

Buonocore trabaja para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el organismo dedicado a desarrollar la ciencia argentina que emplea a la mayor cantidad de científicxs del país. Su historia se inscribe en un contexto de profunda crisis para el sector científico argentino que, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023, acumula miles de despidos, recortes de becas, falta de financiamiento a proyectos de investigación y la pérdida salarial del 40 por ciento para lxs trabajadorxs. 

A este panorama se suma la falta de atención médica que el estado, en su carácter de empleador, está obligado a prestar. Como en gran parte de América Latina, los empleos formales sostienen un esquema de acceso a la salud donde quien emplea y quien trabaja tienen la obligación de aportar un porcentaje del salario a una entidad de salud. En Argentina ese aporte va a la Caja de Salud, una obra social que otros países llaman Instituto de Seguridad Social o Fondo Nacional de Salud. 

La mayoría de lxs trabajadorxs del estado nacional cuentan con Unión Personal, la obra social que gestiona el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En los últimos dos años, en sintonía con el ajuste del gobierno nacional al sector público, el UPCN ha enfrentado un alud de denuncias por falta de atención a sus afiliadxs. 

Señalan cobros adicionales en consultas médicas, suspensión de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas, falta de cobertura médica en cirugías y demora en la entrega de medicamentos, entre otras deficiencias. 

Algunas de estas demandas están judicializadas, como el caso de Buonocuore, quien fue varias veces a la justicia para reclamar el reintegro del dinero de su cirugía, entre otros problemas con su cobertura. Su pelea más larga la tiene desde enero de 2026, donde pide la entrega de tres  medicamentos —letrozol, leuprolid y ribociclib—  esenciales para dar continuidad al tratamiento post rayos x y quimioterapia. 

“Yo necesito conseguir esa medicación como corresponde porque, además, no tengo los  medios económicos para hacerlo. Es eso o me muero”, dijo. El salario de la investigadora, que corresponde a la categoría más baja en la carrera de investigación, oscila en unos $900 dólares mensuales y apenas alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos.

Si bien Argentina cuenta con un sistema de salud público que garantiza el acceso gratuito a hospitales estatales, son lugares atravesados por una crisis ligada a la alta demanda, la falta de insumos y la precarización laboral de su personal. Por su parte, el sistema privado es costoso. Por eso, las obras sociales son necesarias para una atención médica a tiempo y la cobertura de medicamentos y tratamientos de alta complejidad.

Mirta Rinaldi cree que muchas cosas encuentran solución si las personas se organizan para aportar y ayudar. Tiene 67 años y es jubilada del área administrativa del CONICET en la ciudad de Buenos Aires. Cuando un investigador amigo compartió la orden médica de Buonocuore donde venían las tres medicinas que necesitaba, Rinaldi subió un estado de Whatsapp y lo que vino después fue una serie de acciones solidarias.

“Acostumbro, cuando hay alguna necesidad, subirla a los estados porque siempre hay gente buena que responde”, comenta. Flor, una compañera de la iglesia, comentó sobre esa búsqueda de medicamentos en un grupo de familiares y personas enfermas con cáncer y allí apareció el mensaje de Sol. 

“Me dijo: ‘Tengo una caja, yo estoy en tratamiento pero le voy a dar una porque sé que lo necesita’. Una caja es mejor que nada, así que le dije que sí, que la iba a buscar”. Antes de llevarla al correo, Mirta escribió un mensaje de fe en esa caja del Letrozol que recorrería los más de mil kilómetros que separan a Buenos Aires de Tucumán, la provincia donde vive Buonocuore. 

La necesidad sobre la privacidad

“La historia clínica de una persona no debería ser conocida por todo el mundo”, dice el investigador Rolando González-José desde Puerto Madryn, una ciudad patagónica en la costa atlántica argentina, donde CONICET tiene nueve institutos de investigación, uno de ellos bajo su dirección.

González-José sostiene que pedir públicamente apoyo para atender una situación de salud habilita un grado de exposición pública que no todxs lxs trabajadorxs están dispuestos a atravesar. Para él es un tema que debe entenderse con sensibilidad y con la seriedad que señalan los protocolos de atención a temas de salud. 

“Es algo de manual, las cláusulas de confidencialidad indican que cuando las oficinas de recursos humanos reciben información no pueden andar ventilando en los pasillos esos datos”, dijo en entrevista con Ojalá. “Pero cuando alguien tiene un problema más serio, nos terminamos enterando a la larga o a la corta porque esa persona necesita ayuda”.

Para la bioética, la información sobre la salud debe mantenerse dentro del aspecto privado como parte de la autonomía y de la dignidad humana. El estado físico o mental de una persona es parte de su intimidad: ella tiene el derecho exclusivo de decidir qué aspectos de su salud revela, a quién le permite el acceso, con qué finalidad y por cuánto tiempo. 

“Vemos cómo se naturalizan estos comportamientos que no deberían existir”, dijo González-José. “Nosotros no deberíamos estar juntando dinero para ayudar a los colegas que están enfermos”.

A esto, Nelci Pascual, delegada sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado y profesional técnica del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal en la provincia de Córdoba, le pone nombre. “Salir a pedir cuando estás trabajando por eso que reclamás es violencia”.

“Tener un trabajo que garantiza atención a la salud pero verte obligado a hacer cosas en situación de vulnerabilidad significa un retroceso y va en desmedro de la eficiencia del desarrollo laboral”, dijo Pascual. “Así no es posible poder ocuparse realmente de las actividades laborales”.

“La ciencia y la universidad están bajo amenaza” dice uno de los carteles que sostienen científicxs vestidxs como eternautas en una acción que se llamó “Ciencia en emergencia” el 26 de mayo, 2025 en Buenos Aires, Argentina. Foto © Susi Maresca.

Silencios y más silencios

Lxs directivxs de la obra social Unión Personal e integrantes del gremio UPCN no respondieron a las reiteradas solicitudes de entrevista enviadas por Ojalá. Unión Personal cerró desde 2024 de manera paulatina la mayoría de sus 78 oficinas de atención al público distribuidas en diferentes ciudades del país y migró a una “Asistencia virtual”.  

En La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, cerró la sucursal en febrero de 2026. Allí vive Flavio Sives, un técnico de 55 años con dos décadas de trabajo en el Instituto de Física de La Plata. Su plan de cobertura médica incluye a dos hijos de 18 y 20 años.

En los últimos meses, Flavio ha visto cómo se reduce a pasos agigantados la posibilidad de recibir atención médica en su propia ciudad, al punto de considerar seriamente la idea de migrar a otra obra social.

“Somos tres personas con un único aporte, y teniendo en cuenta mi edad, un plan ‘razonable’ implica gastar un 20 por ciento de mi salario que, sumado a otros gastos de crianza, se torna una opción inviable”, dijo en entrevista con Ojalá. Recuerda que para resolver situaciones puntuales, tuvo que viajar hasta la ciudad de Buenos Aires, a unos 60 kilómetros.

Además de la falta de respuesta, afiliadxs reclaman el cese de convenios con entidades médicas dando lugar a la interrupción de tratamientos e intervenciones. También la opción de solicitar reintegro fue borrada de su página web y aplicaciones.

Mientras tanto, la falta de respuesta por parte de las autoridades del CONICET es otra realidad que enfrentan lxs científicxs.

González-José describe una batalla doble para sus colegas al momento de reclamar atención médica: por un lado la vía burocrática del CONICET; por otro, las instancias judiciales, que en algunos casos parecieran ser la única salida para garantizar atención médica. 

“Gestionar en este momento es una tarea de resistencia, de resistencia para con los más jóvenes y de tratar de que esto pase lo más rápido posible”, dijo.

Buonocore dice que el panorama es desolador y que cuesta ver la luz, pero no duda cuando señala que la salida está en luchar. “La gente sigue luchando y defendiendo lo que es justo, eso da esperanza. Es por ahí”.